La muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad que salía de la secundaria en compañía de su madre cuando recibió el impacto de una bala de goma que le voló una parte del cráneo el pasado 9 de julio, podría convertirse en el final del sueño del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas de ser el candidato presidencial de Acción Nacional (PAN) y del Desorientado Partido de la Revolución Democrática (DPRD). Resulta lógico que el Congreso poblano a iniciativa del mandatario, abrogará la Ley de Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, conocida popularmente "ley bala" que avaló el uso de armas para repeler agresiones, preservar la vida o evitar afectaciones a la integridad física de los elementos policiales o de terceros, apenas había sido aprobada el 19 de mayo, con 32 votos a favor y cinco en contra.
La opacidad institucional en la investigación sobre el fallecimiento de este niño despierta sospechas, durante 10 días, el gobierno estatal ocultó el diagnóstico médico de Tehuatlie Tamayo que sufrió una muerte cerebral. Elia Tamayo madre del menor, se opuso sistemáticamente a las recomendaciones médicas de desconectarlo. Incluso denunció que funcionarios del gobierno estatal estuvieron hostigándola para que firmara una declaración donde culpara a sus vecinos y deslindara de toda responsabilidad a las autoridades. Lo peor del asunto es que se sospecha una posible alteración en la necropsia de la victima con el fin de eximir a los agentes que participaron en el desalojo.
La postura del gobierno poblano ha sido considerar que se generó una percepción errónea de la ley, sostiene que durante el operativo se siguieron los protocolos de seguridad correspondientes y nunca se usaron balas de goma. El parte médico indica lo contrario: Tehuatlie Tamayo no fue el único que presentaba heridas causadas por esos proyectiles; Hugo Jiménez perdió un ojo tras el impacto de bala de goma; Filemón Precio fue herido en el abdomen; Martín Xalhua sufrió heridas en una mejilla dejándole los dientes fracturados, desecha la lengua y la mandíbula.
El problema es que dicha ley abrió un margen para los atropellos de las garantías individuales, existe una cadena de responsabilidades que involucran a las más altas esferas del gobierno local que deberán investigar el enfrentamiento de más de dos horas entre los granaderos y mil 200 habitantes pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, que se manifestaban en la autopista Puebla-Atlixco, los uniformados usaron gases lacrimógenos mientras que los vecinos utilizaron piedras, bombas molotov y pirotecnia. Nunca se intentó salvaguardar las garantías individuales de la población.
Los inconformes exigían que volviera el servicio de registro civil a las juntas auxiliares, pues cada trámite implicaba ir hasta Puebla afectando a las personas de escasos recursos. En diciembre pasado, el Congreso del estado aprobó reformas a la Ley Orgánica Municipal, donde entre otras cosas les quitó esa facultad a jueces y a los alcaldes de las comunidades, en un intento por acabar con la corrupción.
La diputada federal del Sol Azteca, Roxana Luna Porquillo, responsabilizó al mandatario de lo sucedido, mientras el coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República, Miguel Barbosa lo defendió y reprobó usar la tragedia con tintes políticos.
Vale la pena recordar que la ley bala se mantenía vigente en la entidad pese a que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) logró a principios de mes que el juzgado cuarto de distrito de Puebla admitiera el trámite del amparo contra dicha ley. Esto quiere decir que mientras no se resolviera la constitucionalidad de la norma impugnada, tarea que debería realizar un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las fuerzas del orden estarían impedidas para utilizar armas de fuego contra manifestantes. Hubo otros amparos como el que se otorgó el 16 de julio el Juez Cuarto de Distrito. A pesar de esto las autoridades locales dijeron que los recursos eran exclusivos para las dos personas que los interpusieron.
Pobladores de las regiones del volcán, las Cholulas, de la Sierra Nevada, así como de Atlixco, califican de asesino al gobernador que ha reforzado la seguridad en los eventos que asiste. El niño fue sepultado el pasado 22 de julio, y quizá se lleve las aspiraciones de poder de un político que no sabe diferenciar entre mantener el orden en su entidad y reprimir.
