Enrique Peña Nieto extrajo del informe escrito y del mensaje pronunciado todo aquello que pudiera afear el tono optimista y motivador. ¿Importa en algo que haya arrumbado en los rincones del discurso el tema de la corrupción?
Hacía tiempo que no estaba presente en la lectura de un mensaje presidencial. Hay costumbres que no cambian. La eficiencia y la pulcritud del maravilloso patio central de Palacio Nacional sirvió de marco para la tradicional fiesta de abrazos, sonrisas y mini-dialógos de quienes amarran jugadas y van prometiendo más desayunos, comidas o cenas de las que pueden humanamente cumplir. De cuando en cuando algún remolino humano avisaba que por determinado pasillo avanzaba cierto poderoso del momento.
El Presidente de la República optó por un texto excesivamente largo que nos regresó al pasado. Elogió los logros, lanzó aplausos a los suyos y enfrentó a los escépticos con una cascada de cifras. A golpe de estadísticas quería demostrar que México está moviéndose a la cadencia que él impone. No todas impresionaron —y hubo momentos en que múltiples manos se armaban con teléfonos inteligentes— como el anuncio del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que cosechó una ovación y dos momentos de aplausos en cien segundos.
Enrique Peña Nieto reiteró que México se mueve. Tiene razón, aunque algunos deslizamientos se dirigen hacia el universo de las fuerzas oscuras que fueron metódicamente excluidas del análisis presidencial. Es el caso con la corrupción. En su mensaje de hora y media sólo comentó que habrá una Fiscalía para ese tema dentro de la PGR y en el Informe le dedicó unas cuantas cifras. Por ejemplo, asegura que entre octubre de 2013 y junio de 2014 el gobierno federal recuperó 3,074 millones sustraídos por funcionarios. La cantidad, aunque importante es irrelevante, si se piensa que es 0.2% del costo que tiene la corrupción cada año.
En 2012 el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado le puso un monto al valor monetario de la corrupción: un millón 500 mil millones de pesos al año (1.5 billones) o 10% del Producto Interno Bruto. En aquel momento el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani enumeró las consecuencias negativas que tiene para la actividad económica, y en junio de este año insistió en el tema y pidió un “Compromiso Nacional de Cero Tolerancia a la Corrupción y la Impunidad” en el cual deben participar gobierno y sociedad.
A medida que la corrupción se hace más visible y ostentosa, crece la irritación porque todos tenemos historias sobre el efecto nocivo de ese cáncer social en la cotidianidad. Cada día los medios de comunicación nos ofrecen porciones generosas de los latrocinios cometidos por funcionarios y empresarios que siguen presumiendo su impunidad. Resulta totalmente natural que cuando se le rasca a las encuestas encontramos que uno de los motivos de la insatisfacción de las mayorías es la corrupción.
¿Cómo no indignarse cuando, según información obtenida por los tenaces padres de los 49 niños muertos en la Guardería ABC de Sonora —y difundida esta semana por Reporte Indigo— el incendio fue ordenado por funcionarios del gobierno estatal para destruir evidencia sobre desviaciones de recursos? ¿Cómo no frustrarse ante el cinismo con el cual se comportan quienes practican el arte del moche? ¿Cómo no desanimarse ante la impunidad de Cuauhtémoc Gutiérrez concedida por consejeros del IEDF que quieren brincar a un cargo similar?
Pese a tanta evidencia, el Presidente optó por arrumbar el tema de la corrupción. La explicación podría estar en que el Grupo Atlacomulco —que actualmente encabeza— ha forjado una versión propia de la vieja cultura de los hidalgos castellanos que consideraban de mal gusto hablar de dinero. Por los motivos que sean, Peña Nieto ha decidido excluir de sus prioridades a la corrupción. La misma indiferencia de José López Portillo, Miguel De la Madrid y Carlos Salinas que fueron condenados por el único tribunal que funciona: el de la opinión pública. ¿Se repetirá la historia?
La miscelánea
Más de lo mismo. Gracias a la presión de vecinos indignados, el perredismo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pospuso la discusión de las Normas 30 y 31 que amenazaban a una ciudad lastimada por el urbanismo corrupto. ¿Se lanzará el PRD capitalino contra la corrupción o sólo está haciendo un reajuste táctico para calmar las aguas y poder lanzarse en “el año de Hidalgo” a desmontar bosques y arruinar colonias y barrios?
