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Los incendios jaliscienses iluminaron tres fallas en la estrategia gubernamental contra el crimen organizado: ciudadanía mal informada, laxitud ante la impunidad y miedo a los Estados Unidos.
No informaron adecuadamente a la población en riesgo que el crimen organizado estaba celebrando el día del trabajo con bloqueos. Empezaron entre 9 y 10 de la mañana y la Fiscalía de Jalisco (@FiscaliaJal) envió el primer tuit a las 11:15. Sorprende que el Estado no promueva la experiencia tamaulipeca en otras entidades (deberían retomarla en Jalisco). Una colega de la Universidad de Texas, Guadalupe Correa Cabrera, me explica que en aquella entidad el gobierno se ha sumado a la sociedad y en Reynosa, por ejemplo, en un par de minutos las redes sociales dan detalles precisos sobre bloqueos, balaceras o ejecuciones. A la parquedad también le entró el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien compareció ante la prensa a las 15 horas del viernes para hilvanar generalidades y negarse a responder preguntas de los reporteros. Fue vergonzoso.
La segunda oquedad de la estrategia oficial es la impunidad. La complicidad entre crimen organizado y gobernantes tiene una longeva biografía. Pongo un ejemplo. En el Jalisco de los años setenta el jefe de la XV Zona Militar, general Federico Amaya Rodríguez, organizó a un escuadrón paramilitar que perseguía y ejecutaba a presuntos subversivos y en sus ratos libres utilizaban sus charolas de agentes confidenciales para dedicarse a traficar narcóticos. Nadie fue castigado porque somos el paraíso de las impunidades y porque se ignoran buenas prácticas en otros países.
En junio de 2005 el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, Vicente Castaño, aseguró que los grupos paramilitares tenían más del “35 por ciento de amigos en el congreso”. Para enfrentar la asociación entre gobierno y delincuencia la Corte Suprema de Justicia de Colombia eliminó el fuero. Todos los diputados y senadores fueron investigados y hasta agosto de 2013 habían sido condenados 60 de ellos. En contraposición México crea un Sistema Nacional Anticorrupción que preserva el fuero para los altos mandos. Resulta natural que Fausto Vallejo, ex gobernador de Michoacán, disfrute de un apacible retiro pese a las pruebas de que toleró la estrecha relación entre su gobierno y los Caballeros Templarios (en un video se observa a su hijo recibir órdenes de la Tuta y pese a ello es liberado con una fianza de ¡siete mil pesos!).
El tercer hoyo en la estrategia estatal es la calidad del armamento utilizado por el crimen organizado. Si uno junta la evidencia, sí hay motivos para preocuparse. La misma banda jalisciense destruyó el 6 de abril un convoy policiaco de diez vehículos blindados utilizando lanzagranadas y ametralladoras M-60, y el viernes pasado tumbaron un helicóptero Eurocopter EC725 con lanzacohetes rusos RPG-27 y rifles Barret calibre .50. No se trata de casos aislados. Íñigo Guevara —especialista en seguridad y defensa en Washington— me informa que el ejército mexicano decomisó en Tamaulipas lanzacohetes M57 yugoslavos y minas antipersonal Claymore.
Tan grave es la escalada armamentista como el empeño oficial en negar el origen del problema. Este lunes el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, concedió entrevistas a Denise Maerker (Atando Cabos) y Carlos Loret de Mola (Primero Noticias). Detalló las armas pero no mencionó en ningún momento las causas por las cuales el crimen organizado tiene tan poderosos y sofisticados equipos. Es posible que algunas hayan sido recibidos de otros países, pero el grueso siguen llegando de los Estados Unidos, país al cual nuestros gobernantes tratan con un servilismo inaceptable. Estamos en guerra y es obligación exigir a Washington que frene a sus mercaderes de la muerte que se enriquecen vendiendo suministros a los delincuentes que nos secuestran y asesinan.
No están claros los motivos que llevaron al Cartel Jalisco Nueva Generación a lanzar ese reto frontal a nuestras fuerzas armadas que responderán, estoy seguro, con gran energía. Es fácil pronosticar que en unas semanas cantará victoria el gobierno porque detendrán o matarán a los jefes de esa banda criminal, ya que en el terreno de la inteligencia sí ha mejorado su capacidad. Hay un problema de fondo: el estado mexicano carece de una política integral orientada a garantizar la seguridad ciudadana. Hoy sólo mencioné tres boquetes. Existen otros.
