Se acaban de cumplir dos años del fatídico derrame de 40,000 m3 de tóxicos mineros, producto de la lixiviación del cobre en la mina Buenavista del Cobre de Grupo México. Los afectados la conmemoraron con varias actividades de protesta y de concientización a lo largo de toda la cuenca del Río Sonora, desde su nacimiento en el ojo de agua de Arvallo en Cananea hasta en el H. Municipio de Ures.
A lo largo de los dos años que se cumplen del derrame, se han creado varias agrupaciones de pobladores afectados y asociaciones civiles que han reclamado por los derechos humanos de la población, que debido a la contaminación de la cuenca se les violentó su derecho al acceso al agua de calidad, a la salud y a un medio ambiente sano. A cambio, tanto la empresa como las autoridades federales competentes (Conagua, Semarnat y COFEPRIS), hicieron una serie de promesas que no se ven por ningún lado; todo lo contrario, únicamente se ve el abandono y la violencia institucional contra una población vulnerable. Debido a la pluralidad de organizaciones que se han enfocado en trabajar en la búsqueda de la justicia ambiental para la cuenca del Río Sonora, es que el 9 de julio la Red Fronteriza de Salud y Ambiente AC, Comités de Cuenca Río Sonora, PODER y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) convocó a las mesas de trabajo “Río Sonora a dos años: Balance y propuesta de participación ciudadana. Encuentro para el dialogo, intercambio y acción” las cuales se llevaron a cabo en el municipio de Aconchi. El propósito fue comenzar a crear lazos de dialogo entre las mismas organizaciones ciudadanas, así como dar una señal de unidad entre todos los afectados y las organizaciones que los acompañan y los apoyan en su proceso de lucha.
El encuentro permitió que las diferentes organizaciones reconocieran sus objetivos comunes, pero que al mismo tiempo vieran sus diferentes naturalezas, procesos y maneras de trabajar, para poder así colaborar más adelante. Las diferencias entre estas organizaciones han hecho que sea complicado realizar acciones en conjunto pero aun así se logró que para este segundo aniversario se coordinaran las acciones para mostrar que todos buscan la justicia ambiental y que se les cumpla a los afectados con las promesas que en un principio el Fideicomiso Río Sonora, así como las dependencias de gobierno y la empresa, hicieron para resarcir el daño.
Las actividades que al final se realizaron para conmemorar los dos años del fatídico 6 de agosto fueron en Ures, Bacanuchi y Cananea. En la primera hubo una concentración en la plaza de Ures por parte del STAUS y el Frente Unido por el Río Sonora de Ures, una A.C. que formaron algunos pobladores de ese municipio a los pocos meses después de ocurrido el derrame. En Bacanuchi, los Comités de Cuenca del Río Sonora, junto con PODER, tuvieron una concentración en la plaza, donde los líderes ejidales del Río Sonora firmaron un acuerdo para frenar el crecimiento de la actividad minera en sus tierras. En Cananea, miembros del sindicato minero de la sección 65 y del Frente Unido todos juntos contra Grupo México, formado cuando pobladores y mineros tomaron la estación de rebombeo Los Patos de Buenavista del Cobre en marzo del año pasado, se manifestaron afuera de la puerta diez de la mina y de allí realizaron una movilización a la frontera con Estados Unidos para pedir la intervención del vecino del norte.
Los secretos de Grupo México
El mismo fin de semana que se organizaron las mesas de trabajo “Río Sonora a dos años: Balance y propuesta de participación ciudadana. Encuentro para el dialogo, intercambio y acción” en Aconchi. El diario de circulación estatal Expreso dio a conocer que en la página del Fideicomiso Río Sonora se había subido el informe de los investigadores de la UNAM en el que se daba a conocer los daños a la vegetación y a la fauna que se generaron por el derrame de tóxicos.
Rápidamente la nota del Expreso captó la atención de organismos interesados por el caso del Río Sonora. Otros medios de comunicación y la sociedad en general visitaron también la pagina del Fideicomiso y de Semarnat para ver que el documento había sido dado de baja al poco tiempo de que la nota fuera viralizada. Inmediatamente, aparecieron las manifestaciones de inconformidad por la opacidad con la cual el Fideicomiso mostró que maneja la información que a los ciudadanos les interesa tener. A los días se vuelve a subir el documento, pero aun así la confianza no se pudo recuperar.
Ahora, después de los dos años del derrame, los reclamos que se hacen por parte de los afectados y de las organizaciones que les han ayudado son muy claros:
I) El suministro de agua potable de acuerdo a estándares internacionales emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
II) El acceso a servicios de salud especializados para atender afectaciones derivadas de la exposición a metales pesados.
III) El acceso transparente y eficaz a la información relacionada con el caso Río Sonora, a nivel local, estatal y federal, así como información privada que sea de relevancia para las comunidades afectadas.
IV) Promover y facilitar el compromiso y la participación de las autoridades de gobierno en los temas que afectan a las comunidades que representan.
A dos años del derrame, el Fideicomiso únicamente a querido dividir a las comunidades a través de la repartición de dinero, beneficiando siempre a quienes están mejor relacionados con el poder político. Pero también, tanto la empresa como las autoridades de gobierno, han apostado por el olvido y la muerte lenta, ocultando información, actuando de manera poco transparente, así como faltando a su palabra, no cumpliendo con las acciones de resarcimiento que prometieron recién ocurrido el derrame. Aun no están las plantas potabilizadoras de agua, ni la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), ni los pozos nuevos; lo único que está es el abandono, la negligencia, la corrupción y la impunidad, que poco a poco comienza a enfermar y acabar con la vida de manera silenciosa a miles de afectados. Aun así, la dignidad de los pobladores no la han podido callar, y a dos años se conmemora y protesta por todo el río Sonora el derrame que les destruyo la tranquilidad.
Semáforos en rojo, tiroteos en las calles.
Todo el año, la sensación de inseguridad ha crecido tanto en Hermosillo como en Cajeme y cada vez es más común saber de tiroteos en las calles provocados por ajustes de cuentas por parte del crimen organizado. Los semáforos delictivos de los dos municipios se mantienen en rojo en cuanto a homicidios y cada vez más tipos de crímenes comienzan a manifestarse con frecuencia en las dos ciudades sonorenses. También es inevitable reconocer que el fenómeno de las desapariciones comienza a darse en la entidad, algo que comienza aumentar la sensación de inseguridad.
Los ajustes de cuentas están marcando a la sociedad sonorense y al mismo tiempo revelan que el incremento de homicidios se debe a un reajuste de las fuerzas del crimen organizado en la entidad en la cual se involucra a la clase política y a servidores públicos. Tanto en el caso de los dos jóvenes hermanos, uno de 18 años y el otro apenas de 12, acribillados por las AK-47 de los sicarios en la laguna del Naínari en Cajeme; así como el del ex jefe de la policía de Obregón que fue asesinado en una popular taquería de la ciudad de Hermosillo el mediodía del 5 de agosto, es inevitable no reconocer la relación con los funcionarios públicos de Cajeme.
En el caso de los hermanos asesinados se descubre que eran sobrinos de Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán e hija e Nacho Coronel, es decir eran jóvenes de una de las familias más importantes del crimen organizado. Por otra parte, al conocer a los familiares de los jóvenes se van descubriendo los puentes de sangre y familia del crimen organizado con la clase política de la entidad, porque estos jóvenes resultaron ser hijos de Elizabeth Orduño Manzanares, hermana del director de Recursos Humanos en la dirección de Seguridad Pública Municipal, y del difunto Sergio Coronel Ibarra, excabecilla de los cárteles de Sinaloa, Juárez, Jalisco y Milenio, también sobrino de Nacho Coronel. Si a esta ejecución le agregamos la de Fernando Isaac Apodaca Lauterio, ex jefe de seguridad de Cajeme, vemos que se reacomodan las fuerzas del crimen organizado y los pactos que se tienen con el poder político de la entidad. Las reglas están cambiando y todo indica que Sonora se volverá cada vez más violenta.
