NUESTRA APARENTE RENDICION

El acceso a archivos confidenciales históricos de nuestra República federal y las voces de las víctimas

Archivos CDMX/Cintia Montiel Archivos CDMX/Cintia Montiel Archivos CDMX/Cintia Montiel

Es sabido que la iniciativa de discutir de manera sistemática y abierta las garantías para el acceso a archivos histórico confidenciales se volvió urgente a raíz del señalamiento de algunos usuarios de Sala 1 del Archivo General de la Nación (AGN), sobre cambios recientes en la práctica en la consulta de estos documentos. Es también sabido que esos señalamientos tuvieron resonancia en la prensa nacional, porque los documentos resguardados en Sala 1, bajo la supervisión del CISEN, contienen información que podrían ayudar a la compresión de violaciones a los derechos humanos y actos de arbitrariedad y corrupción gubernamental en los años 1940-1970, cuando, como en nuestros días, gobernaba el PRI. Bien dicen que, con los radicales uno puede estar de acuerdo o no, pero su pensamiento crítico es fundamental para seguir pensando. Por eso quiero iniciar agradeciendo a Ángeles Magdaleno, Jacinto Rodríguez Munguía y esos otros investigadores que, con sus declaraciones en la prensa, crearon un espacio en la discusión pública para reflexionar sobre este tema tan olvidado y al que dedicamos tan pocos recursos: los archivos.[1]

 

 

También debo agradecer y felicitar la iniciativa del AGN, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por organizar el Seminario Internacional “El acceso a los archivos confidenciales históricos”. Los organizadores de este evento me honraron con su invitación para que hablara como conocedor y usuario de archivo mexicanos y extranjeros, por lo que escribí este texto desde esa perspectiva.

 

Desde mis años de formación universitaria a finales de los 1990, me inicié como devoto usuario de archivos. Luego en 2007-2008, fui consultor de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, en donde tuve la encomienda de realizar un diagnóstico de todos los archivos diplomáticos de Iberoamérica. Y en los últimos años he recorrido diversos archivos a lo largo y ancho del país para concluir mi investigación doctoral sobre la historia de las drogas en México. Esta experiencia profesional y ciertos elementos biográficos que me han acercado al dolor de las víctimas de la criminalidad y de violaciones a los derechos humanos en mi natal Sinaloa me han proveído de elementos para acercarme al tema del acceso a archivos confidenciales no sólo mediante una perspectiva política, profesional de la archivística y la historia, sino también humana.  

Para mi, como historiador, los archivos son un instrumento de trabajo, un medio de producción, pero también el fundamento para acceder a formas de justicia que no se pueden crear de otra manera. Con base en esta perspectiva, logré sintetizar mis ideas sobre la manera que discutimos el tema del acceso a expedientes histórico confidenciales en dos puntos normativos muy generales:       

 

Primero. La discusión pública y las reglamentaciones sobre archivos históricos debería siempre honrar el hecho de que somos una República federal.

 

Recordar que México es una República federal puede sonar a un hecho que ni siquiera debería ser discutido. Suena a una verdad evidente en sí misma. Sin embargo, la queja de que los investigadores ya no podían consultar los expedientes originales de la DIPS y la DFS, sino sólo versiones públicas, tuvo el efecto perverso de centrar toda la atención de los medios de comunicación, los funcionarios públicos, los usuarios de redes sociales y, peor aún, los mismos investigadores en una sala de un solo archivo.

 

Al centrarnos en una sala de AGN, que resguarda los papeles del poder Ejecutivo, todos caímos en el olvido de que la discusión sobre archivos gubernamentales no sólo incluye a los archivos presidenciales, sino también a los archivos de los otros dos poderes de la Unión: el poder legislativo y el judicial. También olvidamos incluir los otros ámbitos de gobierno: los estatales y municipales, cuyos archivos están incluso más olvidados.

 

Nuestra tendencia a centrarnos en los archivos presidenciales, es decir el AGN, es quizá parte de la herencia del autoritarismo priista y de las costumbres del régimen autoritario. Durante los años del régimen autoritario priista en que se asumía que el presidente controlaba casi todas las decisiones políticas relevantes, quizá tuvo sentido centrar nuestra atención tan sólo en los archivos presidenciales. Sin embargo, en la actualidad, en que, a duras penas empezamos a formar instituciones democráticas, cualquier discusión archivística debe incluir al poder Judicial, al Legislativo y los gobiernos locales. 

 

En semanas anteriores, de manera informal, presenté este argumento a colegas archivistas del poder judicial en la Suprema Corte de Justicia, en la Casa de la Cultura Jurídica de Mazatlán, y con un amigo funcionario en el Senado. Mi amigo en el poder legislativo aceptó sin chistar que la situación archivística está en muy malas condiciones tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. Las reglamentaciones son vagas; sujetas a la interpretación de los funcionarios y sin la infraestructura para realmente crear un proceso archivístico completo, es decir, que permita la creación de un archivo histórico funcional del poder Legislativo.

 

Como usuario, les puedo decir que es prácticamente imposible hacer investigación profunda sobre el proceso legislativo mexicano.  Cuando uno va a consultar documentos históricos, a muy duras penas es posible encontrar un Diario de Sesiones y los diputados y senadores ni siquiera dejan en concentración los documentos relacionados a sus equipos de trabajo y proceso de toma de decisiones. Todo por cierto, pagado con dinero público.

 

En el poder judicial, la situación no es tan dramática, aunque está lejos de ser ideal. El poder judicial tiene procesos archivísticos bien desarrollados, aunque sus archivos históricos siguen fragmentados y sin instrumentos de consulta eficientes, por lo menos, para la investigación histórica. Al lado de un estacionamiento en el sótano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tienen un escritorio donde uno puede ir a revisar los expediente de las salas de la Corte. Sin embargo, no hay instrumentos de consulta públicos. Si uno quiere hacer una búsqueda temática, los mismos funcionarios del archivo la hacen en vez del historiador, obviando que la consulta es parte del proceso de investigación de cualquier profesional de la historia.

 

En el caso de los juzgados de Distrito y Circuito, ya hay documentos históricos disponibles hasta 1950 en la Casas de la Cultura Jurídica, aunque no queda claro cuándo van a empezar las transferencias de la documentación de años posteriores, que aún está concentrada en un centro archivístico judicial en Toluca. Si su reserva es por 50 años, pues ya tenemos 25 años de documentación judicial en espera de ser trasferida a los archivos históricos. Además, no queda claro, por qué en las Casas de la Cultura Jurídica no se permite la reproducción de documentos por medios digitales tan frecuentes en otros archivos históricos. 

 

En el caso de los archivos de los gobierno de los estados, aunque no los conozco todos, puedo decir que en general se trata de archivos muertos. Es decir, de bodegas de cajas sin control de humedad o temperatura en proceso de descomposición, sin orden alguno ni mucho menos instrumentos de consulta actualizados. Habrá sus excepciones, pero, en general, los archivos de los estados no tienen recurso alguno. En el mejor de los casos, sobreviven gracias al esfuerzo de cronistas e historiadores locales que, cuando se presenta algún investigador foráneo, le muestran instrumentos de consulta envejecidos que en alguna ocasión permitieron la consulta de uno que otro tesoro histórico. Otras veces, estos documentos de consulta dan fe de que los documentos han sido saqueados. En el peor de los casos, los archivistas se comportan como políticos o funcionarios de inteligencia que condicionan la consulta a las proclividades ideológicas del investigador.

 

Sobre los archivos municipales, sólo puedo decir que su existencia son las excepciones. Unos pocos alrededor del país funcionan, como el de Monterrey y Chihuahua, algunos otros. Hay mucho por hacer en este renglón.

 

Ahora, ¿cuáles son las consecuencias relevantes de estas carencias para nuestra discusión? Y, más aún, ¿tienen estas carencias alguna consecuencia para la preservación de la memoria y la búsqueda de la verdad sobre violaciones a los derechos humanos, es decir para el motivo de fondo de nuestra discusión sobre acceso a documentos histórico confidenciales? Yo creo que sí. El hecho de que el proceso archivístico nacional se centre en el AGN nos deja desprotegidos ante una interpretación autoritaria de la historia.

 

Cuando lo comento con funcionarios de archivos pongo la idea en estos términos: ¿Por qué creen que a los niños se les sigue enseñando una historia nacional en que lo que parece importar más son sólo los presidentes y la periodización en sexenios? ¿Por qué no hay un Magistrado de la Suprema Corte o legislador, cuyo nombre recordemos, con heroicidad? ¿Por qué damos por sentado que no ha habido un diputado o senador pensante en toda la historia nacional? ¿Por qué se asume que todos son títeres del Presidente en turno? Pues, porque, su archivo —les digo, sobre todo, a mis colegas archivistas del poder judicial y el legislativo— está en estas condiciones que hacen imposible escribir una historia en que la división de poderes parezca relevante. Es cierto que hay responsabilidad de esta interpretación autoritaria de la historia, por parte de los historiadores. Sin embargo, también es cierto que el archivo como principal instrumento de trabajo del historiador, en su materialidad, determina la clase de historia que podemos escribir.

 

Mientras no tengamos archivos dignos que reflejen que somos una República federal, donde la división de poderes existe e importa y el pacto federal existe e importa, no podremos hacer una reinterpretación democrática de la historia de nuestra Nación.

 

Este comentario muy general es esencial en la discusión sobre las garantías de acceso a documentos histórico confidenciales, porque la reinterpretación histórica es lo que nos va a ayudar para mantener la búsqueda de la verdad sobre violaciones a los derechos humanos y sobre víctimas del crimen como un ejercicio permanente en el presente y el futuro.      

 

Si sólo centramos la búsqueda de la verdad a los archivos de inteligencia del poder Ejecutivo, tengo la certeza de que agotaremos el ejercicio muy rápido y sin nuevos elementos para la búsqueda de la justicia. No podemos ni debemos, como investigadores, archivistas, activistas o funcionarios agotarnos en la Sala 1 del AGN, por dos motivos: el primero, es que los aparatos de inteligencia mexicanos no son tan inteligentes; el segundo es que el poder Ejecutivo no es el único responsable de violaciones a los derechos humanos y alianzas con el crimen. También es nuestra responsabilidad encontrar y consignar en la historia a los responsables que no llegaron a la discusión nacional, incluir la omisiones del poder judicial y del legislativo, así como de gobiernos locales con una perspectiva, de ser posible, transnacional.

 

Aunque se testeara toda la información personal de todo el archivo de la Presidencia de México y los gabinetes, si logramos desarrollar un sistema archivístico que refleje que somos una República federal, podremos reescribir la historia mediante el cruce de datos y la lectura pausada de la interacción interburocrática.  

 

Segundo. Debemos recordar que la protección de los derechos humanos no es unidireccional, también hay víctimas indirectas, y que la protección de garantías en conflicto es, jurídica y humanamente, relevante, sobre todo, para los más débiles.

 

Cuando inició la polémica sobre sala 1 del AGN, los colegas se quejaron de que se estaban censurando la consulta de documentos histórico confidenciales en esta sala. Lo que pasaba, al parecer, es que, durante el largo periodo entre la apertura del archivo de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales y la Dirección Federal de Seguridad y la aprobación de reglamentos que garantizaran la protección de datos personales en estos documentos, los investigadores nos acostumbramos a que los archivistas y funcionarios de inteligencia nos proporcionaron los originales de los documentos, con todo y datos personales sin testar, para su consulta en sala. Muchos de nosotros incluso llegamos reproducirlos por medio de fotografías y otros medios digitales, adueñándonos de datos sobre la intimidad de personas que no nos corresponde ventilar. Sin embargo, cuando se solicitaba su reproducción por medio de mecanismos de acceso a información pública, se nos proporcionaban versiones públicas con los datos personales testados.

 

Cuando los cambios en estas prácticas en la consulta se ventilaron en medios como La Jornada y El Universal, la directora del AGN contestó que era falso que las reglas en la consulta hubieran cambiado y que el archivo seguía abierto y, más aún, que habían nuevos fondos relevantes para la investigación sobre violaciones a derechos humanos.   

 

Ambas partes tenían razón, desde su perspectiva, porque mientra los usuarios nos centrábamos en las prácticas, los funcionarios se centraban en las reglas.

 

Independientemente de eso, lo que prevaleció en la opinión pública fue la idea de que, como parte del llamado “vendaval autoritario” que recorre al país, los funcionarios del CISEN y el AGN estaban censurando el acceso documentos fundamentales para entender la represión y violación a derechos humanos por parte de régimen autoritario. Supe de colegas que incluso cambiaron de temas de investigación de tesis doctoral, porque supusieron que este archivo estaba ya cerrado, lo cual era falso.

 

Esta percepción en la opinión pública me preocupó por tres motivos: en primer lugar, me preocupó que los denunciantes de los cambios en las prácticas de consulta, al centrarse en defender una práctica, perdieron la oportunidad de presentar argumentos que promovieran el cambio de las nuevas reglas de acceso a estos documentos.

 

Si en lugar de denunciar censura —con lo que corrían el peligro de que nadie nos hiciera caso, como suele ocurrir al discutir sobre archivos—, hubieran argumentado, por ejemplo, que los documentos relacionados a crímenes de lesa, violaciones a los derechos humanos y victimización criminal no deberían estar sujetos a testeo alguno, debido a su importancia para la defensa de la dignidad humana, quizá en este momento estaríamos más preparados para empujar cambios normativos. El argumento que la defensa de los derechos humanos está por encima de cualquier otro derecho, dicho de paso, debe ser considerado en esta discusión.

 

El otro elemento que me preocupó y pasó desapercibido en la discusión es la falta de recursos de las autoridades archivísticas en los pocos archivos que funcionan alrededor del país. En una nota de La Jornada, se dijo que Mercedes de Vega, directora del AGN aceptó que “no hay personal calificado suficiente para generar con rapidez o urgencia una versión pública”.[2] Y si esto pasa en la institución archivística nacional más reconocida, ni hablar del resto.

 

La falta de recursos de los archivos debería ser un tema esencial. Sin recursos —independientemente de que nuestras leyes den preeminencia a la defensa de los derechos humanos o a la protección de los datos personales— nuestra discusión será irrelevante, porque las prácticas seguirán sin corresponder con la letra de leyes y reglamentos. Incluso si logramos flexibilizar y volver más predecible la protección de datos personales, el elemento clave que determinará la naturaleza de la información a la que tendremos acceso será, por ejemplo, la práctica del testeo. Si el testeo no se realiza con reglas claras, en tiempos y formas estandarizadas, por personal altamente capacitado, es decir, con recursos suficientes, todas las discusiones que podamos tener aquí o incluso en el Congreso de la Unión serán irrelevantes en la práctica.

 

Finalmente, me preocupó que en toda la discusión pública que tuvimos sobre este tema no hayamos hecho ningún esfuerzo por recuperar  una voz fundamental, ineludible: las víctimas. En el camino, Jaime Rochín, desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, publicó un artículo muy claro y con argumentos contundentes a favor de otorgar garantías y mejorar las condiciones de acceso a documentos histórico confidenciales y archivos en general.[3] Sin embargo, quedó pendiente explorara las voces concretas de las víctimas. Por eso, me parece importante señalar las posturas que preveo desde mi experiencia, cuando logremos incorporar las voces de las víctimas en esta discusión de manera más sistemática.

 

Creo que en principio encontraremos tres reacciones de parte de las víctimas, cuyas violaciones a los derechos y la criminalidad están documentadas en archivos confidenciales históricos. Una primera y muy frecuente, sobre todo de víctimas indirectas, será que no tienen una postura. La noción de víctima indirecta es tan nueva y los discursos intelectuales y normativos, en casos como la Guerra contra las Drogas, por ejemplo, son tan escasos, que las víctimas que no han hecho consciente que las injusticias tienen responsables, difícilmente, podrán articular una postura frente a la discusión de las políticas y los actos de autoridad que indirectamente los victimizaron. Con las víctimas que no son conscientes de que son víctimas, pues, hay mucho trabajo de análisis, activismo y concientización por hacer.  

 

Una segunda postura por parte de algunas víctimas, muy válida en mi opinión, seguramente será que ellos desean borrar cualquier vestigio de esas injusticias de su pasado por motivos emocionales, estratégicos o de seguridad. Y señalo esto de manera intuitiva porque he observado que muchas de las víctimas de violaciones a derechos humanos que participaron en movimiento opositores al PRI en los años 1970 y 1980 cambiaron su vida, iniciaron negocios o carreras políticas, incluso en el mismo PRI, por lo que ventilar cualquier dato sobre sus militancias e injusticias pasadas les perjudica y vulnera en el presente. También he observado que algunas víctimas sobre todo de represión criminal consideran que ventilar sus casos públicamente pueden ponerlas en riesgo, personalmente o sus familias,  en el presente o el futuro.

 

Finalmente, una tercera postura, con muchas afinidades con quienes se quejaron del cambio en las reglas y prácticas de consulta de expedientes confidenciales históricos,  será más activista. Muchas de las víctimas de actos represivos y violaciones a los derechos humanos quieren que sus casos sean públicos. Quieren que los conozcamos para que se les haga justicia, se les repare el daño o, simplemente, para que las tragedias e injustitas por las que ellos pasaron no nos ocurran a nosotros o a nuestros hijos.      

 

Conste que presento estas tres posibles postura por parte de las víctimas de manera meramente intuitiva, sin un estudio riguroso previo y sin más evidencia que mis observaciones personales y mi experiencia en la búsqueda de los documento archivísticos que documentas estas injusticias. Puede haber muchas posturas intermedias. Sin embargo, creo que estas tres postura son muy plausibles. Es obvio que entre sí hay fricciones como integrarlas de manera coherente en propuestas procedimentales alternativas. Por eso creo que se deben estudiar de manera sistemática.

 

Una posibilidad para reconocer el derecho de las víctimas que no quieren que sus datos sean revelados sería crear un mecanismo para que participen en la creación de reglas de testeo, de tal suerte que los datos de las víctimas que sí quieren que sus casos se retomen en la escritura de la historia no sean testeados. También tenemos la posibilidad de argumentar que, en casos específicos que no pongan en riesgo a las víctimas, el derecho a la verdad sobre violaciones a derechos humanos es más importante que la protección de datos personales, debido a la necesidad de garantizar la protección de la especie frente a hechos que vulneran la dignidad humana.

 

Posibilidades procedimentales, pues, hay muchas y tengo la impresión de que incluirán la participación social en la determinación de las reglas de testeo. Aquí simplemente quiero hacer hincapié en la importancia de las voces de los interesados directos en los documentos confidenciales históricos y en la necesidad de  incorporarlas en nuestros análisis sobre archivos. También busco mostrar que en ese proceso concreto habrá dificultades, porque los diferentes grupos de víctimas buscaran, de manera válida, que su postura se refleje en las reglamentaciones sobre los documentos que se relacionan con sus casos. 

 

En conclusión, tenemos mucho trabajo concreto por hacer para dignificar nuestros archivos y garantizar el acceso a documentos histórico confidenciales. Oscar Wilde dijo en alguna ocasión que nuestra única responsabilidad con la historia es volverla a escribir. Por eso, vale la pena dedicar nuestros talentos y recursos a la organización, preservación y difusión de archivos. La reescritura de la historia no sólo es nuestra responsabilidad como mexicanos sino como especie.

 

(Leído en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos, el 9 de junio de 2015)

 



[1] El Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C. hizo una muy buena selección de notas de prensa y otros artículos relacionados con esta discusión pública en su blog: https://ceasmexico.wordpress.com/2015/03/30/informacion-relacionada-al-acceso-a-documentos-del-cisen-en-agn-y-fuentes-relacionadas/, consultados el 8 de junio de 2015.

[2] Fabiola Martínez, “El Archivo General sugiere buscar fuentes alternas de información”, La Jornada, 23 de marzo de 2015, p. 3.

[3] Jaime Rochín del Rincón, “Justicia, no sin memoria”, Animal político, portal web,  http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2015/03/26/justicia-no-sin-memoria/, consultado el 26 de marzo de 2015.

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