Hubo unos tiempos, otros tiempos, en que la Secretaría de Relaciones Exteriores abanderaba las causas más vanguardistas de América Latina y el mundo. Incluso, entre las voces críticas al gobierno autoritario, se decía que la diplomacia mexicana perseguía ideas progresistas afuera, mucho más progresistas que cualquier otra instancia de gobierno, mientras mantenía una actitud retrógrada dentro de México. Esos tiempos no son los que nos toca vivir ahora. En nuestros días, pareciera que la diplomacia mexicana no logra ponerse al día con el avance del reconocimiento de derechos de otras instancias del Ejecutivo federal, como la misma Secretaría de Gobernación, y mucho menos de otros poderes como la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si desde la diplomacia mexicana en el tema de las drogas se tomara en cuenta, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia reconoció ya el derecho de algunos mexicanos a producir marihuana para autoconsumo, para el fin que les plazca, sin molestar a otros, como forma de protección al derecho que todos tenemos a la libre determinación de la personalidad, quizá pudo haber un intento por modificar los términos de la Convención Única de 1961, la de psicotrópicos de 71 y la combate al tráfico de drogas de 88. Sin embargo, dado que esto no ocurrió, lo único que me queda aquí es tratar de explicar por qué.
Dudo, en principio, que este fenómeno se relacione con el factor Estados Unidos. Al parecer, a diferencia del pasado, el imperialismo estadounidense esta de acuerdo con la necesidad de modificar la convenciones de fiscalización multilateral de drogas y han hecho grandes avances en el ámbito interno. Tampoco creo que se trate de falta de capacidades. Relaciones Exteriores cuenta con un amplio número de profesionales de carrera capaces de sortear problemas interburocráticos y acercarse a especialistas para evitar problemas de falta de capacidades.
Más bien, frente a lo que creo que nos encontramos es a una extraña resistencia de la diplomacia mexicana a tomar el liderazgo en la arena internacional en temas relacionados con drogas, a diferencia de otros asuntos como el cambio climático. Y esa resistencia a tomar de lleno el liderazgo en la diplomacia para la reforma de las políticas internacionales sobre drogas no puedo entenderla mas que como un costo más de los que hemos asumido, como nación, por estas políticas globales de tan malos resultados.
Es por eso que más que lamentarnos por los pobres resultados que tendrá México en UNGASS 2016 —si acaso el haber apoyado la incorporación del tema de los derechos humanos especialmente el derecho a la salud— propongo que nos centremos en la agenda de futuro. Aunque sea difícil que podamos mostrar los resultados de UNGASS como un caso de éxito de nuestra diplomacia, eso nos nos incapacita para tratar de ir articulando una agenda de futuro rumbo a la revisión de la Declaración Política y el Pan de Acción sobre Cooperación Internacional hacia una Estrategia Integral y Equilibrada contra el Problema Mundial de las Drogas, en 2019.
Creo que, desde ya, debemos empezar a pensar, en primer lugar, qué nos va a estorbar de estas Convenciones de Fiscalización de Drogas, durante el proceso de adaptación de nuestras instituciones a los reconocimientos de derechos en que sigue avanzando la Suprema Corte. Y debemos pensarlo, porque eso es lo que podríamos, como Estado y Nación, ir a proponer que se cambie o elimine en 2019, sin miedo a que no haya consenso en el concierto de las naciones, sino con la convicción de que tomar el liderazgo no debe avergonzarnos.
Desde la academia y el gobierno, en segundo lugar, también debemos empezar a demostrar, con evidencia, las perversas relaciones de desigualdad y los terribles daños sociales que estas Convenciones han coadyuvado.
Sabemos que la mayor parte de las ganancias del mercado global de drogas ilegales, lo que llamamos de manera usual el narco, se quedan en países especialmente consumidores, como Estados Unidos. También sabemos de manera intuitiva, mediante algunos datos, que la mayor parte de los costos de la violencia y la corrupción han sido sufridos por países de producción y tránsito de drogas, como el nuestro.
Avanzar en una articulación intelectual de estas intuiciones, rumbo a 2019, puede ayudarnos a tomar el liderazgo en la propuesta de nociones de responsabilidad internacional de políticas impulsadas desde diversas naciones imperiales e instituciones como la Comisión de Drogas Narcóticas, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Las políticas de drogas, que tanto daños no han infringido como nación, fueron instrumentadas por el Estado mexicano, pero no debe pasar desapercibido que si bien fue el Estado, en este caso el Estado no estuvo sólo, fue acompañado, azuzado y muchas veces coaccionado por otras potencias y por instituciones de las Naciones Unidas.
Finalmente, rumbo a 2019, debemos colaborar para que la diplomacia mexicana articule una visión de Estado fundamentada en los más avanzados conocimientos científicos, de tal suerte que no presente posturas en que, en nombre del tratamiento de las drogas como asunto de salud, se caracterice cualquier consumo de drogas como una patología. También debemos colaborar para que los diplomáticos mexicanos no presenten la defensa de los derechos humanos como la idea más avanzada.
Por algo, el Estado mexicano cuenta con una Ley General de Atención a Víctimas. Y ese algo es que, en medio de la mal llamada guerra contra las drogas, llegamos a la conclusión de que para reparar los daños de estas políticas el discursos de los derechos humanos se queda corto. Es por eso que rumbo a 2019, junto a la defensa de los derechos humanos debemos empujar para que, en la arena internacional, se reconozcan los procesos de victimización y los altos costos sociales que estas política han causado.
El daño social es una noción que debemos ayudar a sofisticar, de tal suerte que los reclamos de justicia de la víctimas de las políticas de drogas sean realmente parte de nuestra posición como Estado, frente al resto de las naciones.
Y creo que la insistencia en dignificar a las víctimas del régimen global de control, y prohibición, de ciertas drogas es algo más que un deber moral del Estado mexicano, de nosotros como parte de éste. Dignificar el derecho a la salud de los millones de enfermos que no han podido acceder a medicinas para paliar su dolor; dignificar los reclamos de justicia de nuestros grupos indígenas perseguidos por sus consumos espirituales; dignificar a los usuarios adultos de drogas criminalizadas que han visto violentados sus derechos; dignificar los reclamos de justicia de las madres de las decenas de miles, definitivamente más de 43, desaparecidos; reparar los daños a los cientos de miles de muertos y desplazados por la violencia; reparar los daños por el debilitamiento institucional y demás costos constitucionales de las que estas Convenciones e Instituciones internacionales son cómplices, además de un deber moral, debería estar en el interés de México como Estado.
