[Desaparecido, Monclova, Coahuila, julio 8, 2006]
Entre el gremio de los periodistas de Ciudad Acuña y Monclova, en la frontera noreste de México, hay todavía la información testimonial básica para clarificar judicialmente la desaparición de Rafael Ortiz Martínez, ocurrida el 8 de julio de 2006. El Comité para la Protección de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros sin Fronteras la han publicado de manera parcial. Los gobiernos estatal y federal optaron, en cambio, por hacer tiempo, por invocar a su aliada la desmemoria.
A sus 32 años, Rafael era un profesional en el sentido de que, además de pasión, poseía formación y una agenda investigativa consistentes, referentes éticos y una noción de responsabilidad social que le daba respetabilidad y lo hacía interesante. La violencia descontrolada del crimen organizado y las fuerzas de seguridad del Estado, la ineptitud y complicidad del sistema penal, el sometimiento voluntario o involuntario de los medios, y la indolencia social acrecientan los riesgos hacia un periodista con tales atributos.
Alrededor de dos semanas antes de que lo desaparecieran, un mediodía de finales de junio al terminar el taller de periodismo que impartí a editores y reporteros del Grupo Zócalo, Sergio Cisneros, entonces director editorial del diario Zócalo de Monclova, nos invitó a un café en el restaurante Kalionchiz, en parte porque tenía un dilema ético.
Días atrás, según Sergio y Rafael, un grupo delincuencial que se presentó como los Zetas convocó a los periodistas policiales de Monclova a una reunión a la medianoche, en despoblado, donde les advirtió que publicaran lo que quisieran, pero sin mencionarlos. Luego dieron a cada uno 500 dólares -que Rafael dijo haber rechazado- y los despidieron.
El dilema de Sergio se centraba en la seguridad de sus periodistas tanto como en si permitirles acudir a ese tipo de citas equivalía a poner la agenda editorial en manos de criminales. Los tres concluimos que: 1) los periodistas estamos obligados a dar espacio a todo tipo de fuentes; 2) las reglas con las fuentes, sin embargo, deben clarificarse y no ser impuestas por ellas; 3) en el caso de personas que delinquen, los encuentros deben pactarse en condiciones de plena seguridad para los periodistas, y 4) los colegas de Zócalo no debían seguir yendo a esas citas, no sólo por su sobrevivencia, sino porque no tenían la intención de proveerlos de información noticiable.
Antes, Rafael me había dicho que tenía miedo y quería que supiera de las amenazas que estaba recibiendo. Conocer lo esencial de esta parte de la conversación nos aproxima a su periodismo y valía profesional, pero ante todo debiera ser punto de partida de una auténtica pesquisa judicial. Seis años después, con ayuda de Sergio y de mis apuntes ya publicados, recuerdo de sus palabras lo siguiente:
1. Todavía unos meses atrás vivía en Ciudad Acuña, trabajando como reportero para Radio Felicidad, hasta que Alfredo Garza Garza, el propietario, le ordenó hablar con Alfredo Garza Castillo, su hijo, entonces presidente municipal. En su oficina, este le habría reprochado que mencionara a ciertas personalidades locales en sus reportajes sobre tráfico de drogas, amenazándolo con palabras ofensivas.
2. Un mando de la Sexta Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional asignado a Ciudad Acuña lo invitó a desayunar al cuartel. Cuando le sirvieron a Rafael su platillo, su anfitrión le dijo algo como, “¿Tiene huevos? Porque un buen par de estos van a hacerle falta si sigue metiéndose en lo que no debe”.
3. Un colega que se presentaba como corresponsal del Instituto Mexicano de la Radio le había dado ya varios mensajes intimidatorios “de parte de los Zetas”.
4. Esto lo obligó a exiliarse en Monclova, acogiéndolo Radio Zócalo.
5. Por los días en los que conversamos, cierta madrugada Sergio y Rafael presenciaron una confrontación entre Zetas y taxistas. Según testimonios recogidos por María Idalia Gómez, del Proyecto Impunidad, dos días después Rafael habría entrevistado en Radio Zócalo al taxista afectado [http://bit.ly/LbThJV], transgrediendo la orden de los criminales de no mencionarlos.
Tras más de 20 llamadas a la Procuraduría General de la República -su Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas y su Dirección General de Comunicación Social- y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, nadie fue capaz de informar no ya del estatus del expediente sobre la desaparición de Rafael, sino si tal expediente existe y quién era Rafael. Todos se comprometieron a llamar para entregar la información solicitada, pero ninguno lo hizo. Es predecible. A su ineptitud para clarificar la desaparición de Rafael, los funcionarios estatales y federales añaden esta humillación, que es también contra sus padres, su hija, su pareja y todos los que desde el gremio periodístico y la comunidad lastimada les exigimos informarnos cuando menos por qué y por quién no está Rafael.
