Este sexenio se ha caracterizado por la creación de entes múltiples, supuestamente, útiles para la solución de un sinnúmero de necesidades, problemas y conflictos existentes en el país. La proliferación de comisiones, sistemas, coordinaciones, unidades y fiscalías (todas especializadas en algo), al parecer seguirá siendo una práctica común en el tiempo que le resta a la actual administración.
A estas instancias llegan las mujeres y los hombres que guardan cercanía y, a veces, lazos amistosos o de parentesco con el primer mandatario. Son sus informantes de calidad. El puesto que ocupan es sólo un membrete. La función real que desempeñan nada tiene que ver con la visión y la misión institucionales anunciadas en vistosos carteles colocados en sitios perfectamente visibles.
Como ejemplo de lo expresado líneas arriba, está el caso de una unidad que tras dos años de magros resultados, fue transformada en una fiscalía cuyo pronóstico es que pudiera llegar a repetir tal despropósito.
El 21 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo A/066/13 por el cual se crea la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD), instancia de la Procuraduría General de la República (PGR). Dicho órgano "tiene competencias para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas..."
Los familiares de personas desaparecidas nunca tuvieron a su alcance algún plan de trabajo donde se establecieran objetivos, actividades y metas relacionadas con las competencias establecidas en el acuerdo de creación. Si la dependencia no contaba con esta herramienta básica de planeación, difícilmente podía entregar cuentas claras a las víctimas indirectas sobre los agravios perpretrados por los chacales insertos en las filas de la delincuencia organizada, en perjucio de su pariente.
La PGR, sin reconocer el fracaso de la UEBPD, publicó en el DOF del viernes 9 de octubre de 2015 el Acuerdo A/094/15 por el que se crea la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (FEBPD). Dicho Acuerdo establece que la fiscalía "será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, y en su caso, su identificación forense, así como para perseguir los delitos relacionados con la desaparición de personas". Una calca del ordenamiento de 2013.
La desaparición de personas va al alza, y la FEBPD sigue instalada en su área de confort. Su máxima aspiración es comisionar a los Agentes del Ministerio Público de la Federación (AMPF) a que cumplan con visitas protocolarias a las autoridades estatales encargadas de la procuración y administración de justicia (es un decir). De regreso de la comisión, estos agentes confundidos con mensajeros, rinden informes llenos de detalles, pero no dicen algo sustantivo que tenga que ver con una misión exitosa. Si no hay búsqueda, tampoco localización.
El colmo de la desarticulación entre el deber ser y la práctica cotidiana en la FEBPD se manifiesta con nítida claridad en las prioridades de su titular, cuando ordena que los AMPF y los elementos de la Policía Investigadora dediquen las horas hábiles de los días laborables a la elaboración de tarjetas informativas, cuya destinataria es la procuradora general de la República. El sistema LIDAR y las cámaras de fotogrametría pueden seguir en el almacén. Y los desaparecidos pueden seguir esperando a que los responsables de su búsqueda y localización concluyan la inaplazable misión de garabatear datos inservibles, con los que patentizan las taras de la burocracia. ¡Qué desperdicio!
