NUESTRA APARENTE RENDICION

Bomba de tiempo

En los pináculos de poder discuten sobre el crimen organizado en la capital sin darle información a una ciudadana dejada en la indefensión.  

Ricardo Monreal (del partido Morena) es delegado en la Cuauhtémoc. El 27 de abril habló ante el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. En esta delegación, dijo, hay actividades delincuenciales con olor a crimen organizado. Luego presumió de tener “claridad sobre el problema y sobre lo que se debe de hacer”, para luego lamentarse de estar maniatado y de carecer de facultades para enfrentar a los delincuentes. Miguel Ángel Mancera reaccionó con otro más de sus arrebatos de negación mientras que los diputados perredistas y la secretaria de gobierno, Patricia Mercado, exigieron a Monreal denunciar y demostrar sus afirmaciones.

En los estudios que hago sobre mafias y carteles he establecido cuatro etapas en la reacción de gobiernos y sociedades: negación, aceptación, elaboración de políticas e implementación. En los Estados Unidos, por ejemplo, Edgar Hoover (director del FBI entre 1924 y 1972) negó la existencia de la “mafia” hasta que, en noviembre de 1957, policías del estado de Nueva York sorprendieron en Appalanchin una cumbre de 24 familias mafiosas. Tras el escándalo vendría la aceptación del riesgo y los tres niveles de gobierno se lanzaron contra las familias que terminaron fragmentadas sin que con ello eliminaran al crimen organizado.

En México lo negaron durante décadas. Esto cambió para 2006, cuando Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado con una estrategia pésima y un desorden monumental. “Haiga sido como haiga sido”, la federación ya reconoció al problema y tiene una estrategia mediocre; un buen número de gobernadores y presidentes municipales hacen lo que se les ocurre. En la Ciudad de México, Mancera se atrinchera en la negación mientras los carteles crecen y consolidan su presencia. Sustento con evidencia mi afirmación.

Uno. En julio de 2015 la Drug Enforcement Administration (DEA) actualizó sus estimaciones sobre los territorios mexicanos donde el crimen organizado tenía una “presencia significativa o creciente”. Según la DEA, en la capital actúan los carteles de Sinaloa, el Golfo, los Beltrán Leyva, los Zetas y los Caballeros Templarios.

Dos. En lo que va del sexenio el Gobierno Federal ha canalizado 466 millones de pesos para combatir un problema inexistente para Mancera. La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación ha canalizado esos fondos para trabajar en los Polígonos de Riesgo (territorios con “alto nivel de delincuencia y peligrosidad”) de cinco delegaciones capitalinas: Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.

Tres. De acuerdo con cifras oficiales entre 2011 y 2015 la capital tuvo más homicidios por cada 100 mil habitantes que Guadalajara y Querétaro. Un porcentaje de estas muertes siguen métodos comunes en el crimen organizado. Es el caso con los dos jóvenes descuartizados que aventaron este lunes en Tepito.

Cuatro. Algunos medios de comunicación aportan constantemente piezas del rompecabezas delincuencial. Arturo Sierra ha documentado en Reforma que la falta de una estrategia ha facilitado el crecimiento de la Unión Tepito que en siete años se ha convertido en la fuerza dominante del tráfico de droga. La Unión también vende franquicias para que se utilice su nombre, ejecuta, extorsiona y cobra derecho de piso a comerciantes.

En El Colegio de México Ricardo Monreal nos dio a probar la enorme cantidad de información que tiene sobre los patrones delincuenciales en la Cuauhtémoc. Dos días después Patricia Mercado le reprochó que litigara esos temas en público. ¡Qué actitud tan retrógrada! La seguridad es un tema que interesa a todos y la manera cómo ocultan información detallada es un indicador de su incapacidad como gobernantes y del desprecio que tienen hacia la ciudadanía. En lugar de reprocharnos nuestro mal humor que nos hablen con claridad.

Morena dice ser diferente. Que sus delegados lo demuestren explicando lo que pasa en los territorios que gobierna. Ricardo Monreal debe informar sobre lo que va pasando en las calles y centros comerciales de la Cuauhtémoc, territorio que equiparó a una bomba de tiempo. ¿Cuántas otras zonas de la capital están en una situación parecida? Aunque Mancera lo niegue, en la Ciudad de México se infiltra el crimen organizado.

 

 

 

Los comités de cuenca ratifican su amparo

Están por cumplirse 21 meses del derrame en el Río Sonora, y aunque los medios de comunicación ya no dan seguimiento a las afectaciones de lo que fue el desastre medioambiental más grande de la historia minera de México; las personas que fueron afectadas aún están en medio de un proceso jurídico lleno de trabas y aparentes callejones sin salida. Este viernes 29 de abril, en el juzgado 10 de distrito en Hermosillo Sonora se presentaron para ratificar sus firmas 16 miembros de los comités de cuenca del Río Sonora, quienes bajo la asesoría de PODER ya tienen ocho amparos interpuestos contra Buenavista del Cobre de Grupo México.

 

A casi un año de que el amparo fuera interpuesto contra la empresa minera, los abogados de Grupo México buscaron detener los procesos en su contra argumentando que las firmas de los afectados eran de personas que no existían. Por este motivo 16 miembros de los comités de cuenca del Río Sonora que firmaron la demanda de amparo tuvieron que dejar sus poblaciones para presentarse en el juzgado 10 de distrito y demostrar en personas que la estrategia de los abogados de la minera es inválida.

 

Con esto Don Ramón, miembro de los comités de cuencas del Río Sonora se siente decepcionado del sistema de impartición de justicia mexicano: ‘Después de esta forma de actuar de la mina nos sentimos defraudados por las leyes, porque no es posible que un caso tan visto en los medios de comunicación, nos digan que eso no sucedió. Afortunadamente nuestros compañeros y yo tuvimos la convicción para presentar que nuestras firmas son reales. Con todo esto me llevo la impresión de que aquí las leyes son medio laxas. Estamos promoviendo este amparo desde marzo del año pasado y cómo hasta ahorita, a casi más de un año, nos salen con que la firma no existen.’ Afirmo Don Ramón cuando se le pregunto cómo se sentían después de haber ratificado sus firmas en el juzgado.

 

Son siete los comités de cuenca del Río Sonora y de acuerdo a Don Ramón puede que lleguen a ser alrededor de 300 las personas que lo componen. ‘Cada comité de cuenca tiene sus diferentes formas y criterios porque en cada comunidad fueron diferentes las afectaciones. Pero en el proceso de esta lucha hemos aprendido a actuar como comunidad y de hecho en este proceso de amparo, aunque firmamos 35 personas, el bien que se busca beneficia a todas las personas que vivan en el Río Sonora.’ Nos explica Don Ramón.


De los 8 amparos que interpusieron los comités de cuenca del Río Sonora, del que se negaron la autenticidad de las firmas por parte de la mina fue el que es referente a los manifiestos de impacto ambiental (MIA´s). De acuerdo a la solicitud de los afectados Buenavista del Cobre debe de hacer sus MIA´s considerando no sólo al municipio de Cananea sino a todos los que son parte de la cuenca del Río Sonora. Actualmente los MIA´s que hace la mina únicamente considera al municipio de Cananea y de proceder el amparo ahora tendrían que informar a todos los municipios del Río Sonora sobre el impacto que generan sus trabajos en la región, porque se ha demostrado que su actividad no solo afecta a la población alrededor de la mina sino también a la que vive al margen del río.

 

Las implicaciones de un manifiesto de impacto ambiental de toda la región del Río Sonora le complica a Grupo México crecer, porque de proceder el amparo, tendría que consultar ahora con todas las poblaciones afectadas por el macro derrame del 6 de agosto del 2014 antes de cualquier actividad de crecimiento. Por este motivo fue que los abogados de Buenavista del Cobre negaron la veracidad de las firmas del amparo, y que ya los pobladores afectaron ratificaron para sostener su demanda.

 

De acuerdo con Don Ramón los medios de comunicación no informan bien sobre la situación del Río Sonora, debido a que a casi dos años del derrame la información que se da no es congruente con la realidad que a ellos les toca vivir día con día: ‘Las problemáticas siguen aumentando y las autoridades responsables de estos asuntos nos quieren hacer creer por algunos medios de comunicación de que el Río Sonora es un maravilla. Eso es totalmente falso. Yo invitaría a que la gente de Hermosillo nos visitara y ver a que lo que se dice no es cierto.’

 

Los problemas que Don Ramón más detecta son los relacionados con la salud. Recuerda que al comienzo las autoridades reconocieron 35 casos de afectados en la salud por la contaminación del río, sin embargo en la actualidad el número de afectados en la salud puede llegar a 400 según las estimaciones de los comités de cuenca del Río Sonora.

 

En cuanto a los acuerdos del Fideicomiso Río Sonora, Don Ramón asegura que no se han cumplido cabalmente. El más importante de estos es el de la clínica de salud especializada, la cual aún no se construye. Según su testimonio se sabe que en Ures hay una casa que están usando como clínica, sin embargo se quejan de que el personal médico no es el adecuado porque no cuenta con un epidemiólogo, así como un toxicólogo que pueda atender sus necesidades.  

 

Las poblaciones rivereñas aún continúan sintiendo incertidumbre por la calidad del agua y es por eso mismo que les indigna la poca seriedad de las autoridades cuando hablan de este tema. Un ejemplo de esto es la planta potabilizadora de Bacanuchi que las autoridades ya inauguraron oficialmente, pero que aún sigue sin dar el servicio. Todas estas acciones irresponsables por parte de las autoridades, así como la falta de cumplimiento de los acuerdos del Fideicomiso Río Sonora, ya tienen en el hartazgo a personas como Don Ramón que llevan ya más de un año organizadas y dispuestas a hacer valer sus derechos humanos a la salud, al agua y al medioambiente saludable; aprendiendo que solo como comunidad podrán continuar en esta carrera de largo aliento por la justicia ambiental de su comunidad. 

Qué claves tienen ciertas masacres que se quedan en la mente de la gente. Por qué otras se diluyen, se borran, desaparecen de la memoria o pareciera que ni siquiera quedan registradas. Por qué se le pone categorías a las víctimas y algunas parecen invisibles. Cuáles cicatrices de nuestra historia merecen ser recordadas.

Cuando se menciona San Fernando el pensamiento nos remite al sitio del horror donde fueron asesinados 72 migrantes, en agosto de 2010. Aunque San Fernando, Tamaulipas, es sinónimo de sucesivas masacres cotidianas que comenzaron hace varios años y continúan hasta este día. Es la noticia-espejo-Medusa que nos mostró el rostro mexicano del horror.

El día de hoy hace cinco años salió a la luz el hallazgo de 47 cadáveres en diversas fosas de ese sitio. El jueves será el día de la estremecedora noticia publicada en primeras planas. Durante todo abril de 2011 en ese desolado municipio norteño fueron desenterrados 196 cadáveres: la mayoría de hombres, jóvenes, viajeros o migrantes mexicanos y centroamericanos que fueron torturados hasta la muerte. En sus asesinatos no se gastaron balas. Los mataron a golpes, quizás con marros, como lo hacían los cavernícolas. Sus rostros quedaron tatuados con el rictus del horror.

Fueron condenados a muerte por atravesar ese municipio bisagra rico en yacimientos de gas natural que conecta con las fronteras de Matamoros y Nuevo Laredo, por haber tenido números sospechosos en sus celulares, por estar en edad de ser reclutados para la guerra, por llevar un automóvil llamativo o porque a alguien cayeron mal.

Nadie les informó que ese municipio era un succionadero de personas que continúan desaparecidas. Nadie les dijo que el gobierno cedió ese sitio y sus carreteras a Los Zetas que, en la paranoia de su guerra contra el Cártel del Golfo, veían a todo extraño como enemigo. Nadie les habló de los autobuses enteros desaparecidos con todo y pasaje. Nadie les contó de las terminales de camiones a donde llegaban más maletas que pasajeros. Nadie los advirtió que los policías municipales ayudaban a los criminales a conseguir a sus presas, prestaban camionetas, ayudaban a enterrar. Nadie podía imaginarse que el ejército y la marina sabían de las masacres pero volteaban hacia otro sitio.

Un equipo de periodistas, fotógrafos, diseñadores, camarógrafos, programadores, dateros nos hemos dedicado a sacar a la luz las noticias ocultas sobre esas masacres donde fueron asesinados #Másde72. Así se llama el especial multimedia que lanzaremos el día 7 en un micrositio especial dedicado a investigar masacres de migrantes en México.

La información obtenida muestra cómo a las víctimas después de haber sido rescatadas de los entierros clandestinos volvieron a ser desaparecidas por funcionarios de la PGR y de la procuraduría tamaulipeca. Cómo los cremaron aunque no había seguridad de su identidad. Cómo los aventaron a fosas comunes aunque algunos tenían una identificación en el bolsillo del pantalón. Cómo los perdieron en los laberintos de la burocracia porque nadie se hizo cargo de avisar a sus familias que habían sido identificados. Cómo se entregaron restos erróneos a familias erróneas. Cómo las familias no se han cansado de buscar y de luchar hasta traerlos de regreso a casa y de exigir justicia.

Los mismos funcionarios de la Unidad de Servicios Periciales de la PGR y los ministerios públicos que condenaron a cientos de víctimas a vagar como ánimas en pena, y a sus familiares a penar muertos en vida, son los que están a cargo de la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de la mayoría de los desaparecidos de este país.

San Fernando sigue sembrado de cadáveres. En San Fernando todavía desaparece gente. San Fernando es sinónimo de la impunidad. San Fernando son #Másde72.

 

 

 

Tres reclusas

El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reconoció las debilidades de la democracia pero no dijo cómo las combatiría el INE, una institución domada, sumisa e irrelevante.

Córdova es un funcionario optimista, de los que siempre realzan el lado amable de las elecciones y la democracia. Por ello, sorprende la franqueza con la cual respondió algunas preguntas de Carlos Acosta Córdova de Proceso (2 de abril de 2016).“Las instituciones democráticas del Estado”, dijo, tienen poca credibilidad. “La insatisfacción y la desconfianza de la sociedad son de tal magnitud” que será “muy fácil que germinen pulsiones autoritarias”.Dicho esto, presumió de que en 2015 hubo elecciones incluso en estados conflictivos (se refería a las protestas en Guerrero y Oaxaca).

Lanzó el diagnóstico sin dar el protocolo curativo. Se comportó como algunos médicos de hospital público que dicen a la paciente: “señora, su cáncer es de los difíciles pero el especialista en ellos podrá atenderla dentro de un año. Pero usted no se me desanime, ¡échele ganas!”. Por doquier brotan los indicios de que las elecciones están siendo afectadas por la violencia política y criminal, por la compra de votos y por la guerra sucia y a Córdova y al INE sólo les importa que se instalen las urnas y se cuenten los votos. Una actitud similar se observa en la Fepade y el Tribunal Electoral.

La brecha entre diagnóstico y realidad se hizo evidente porque la entrevista coincidió con un largo reportaje de investigación sobre “Cómo hackear una elección” en la revista Bloomberg Businessweek (31 de marzo). Jordan Robertson, Michael Riley y Andrew Willis reconstruyeron la historia de un genio en la manipulación de las redes sociales y la explotación de la vulnerabilidad generada por los avances tecnológicos. Andrés Sepúlveda está preso en una cárcel colombiana de alta seguridad porque lo atraparon interceptando –para un cliente-- las negociaciones de paz en La Habana y hackear al presidente. Su objetivo era “acabar [con] el proceso de paz” (Semana, Bogotá, 23 de agosto de 2014). 

Los periodistas de Bloomberg Businessweek profundizaron en el tema y encontraron que la especialidad de Sepúlveda era servir a candidatos: "mi trabajo –les contó– era hacer acciones de guerra sucia y operaciones psicológicas, propaganda negra, rumores, en fin, toda la parte oscura de la política”. Su faena más importante fue manipular en secreto durante tres años las redes sociales a favor de Enrique Peña Nieto. Él piensa que la elección de 2012 fue “una de las campañas más sucias de Latinoamérica en los últimos años”. También relató cómo torpedeó las campañas de Enrique Alfaro por la gubernatura de Jalisco y Gerardo Priego en Tabasco en 2012.

Recomiendo leer el largo reportaje (disponible en: www.sergioaguayo.org). Es una pieza sólida de periodismo de investigación que merecería más atención institucional de la recibida. Los Pinos simplemente lo negaron en un boletín breve y endeble que cierra con una opinión no verificada: “El triunfo de nuestro candidato presidencial obedece, única y exclusivamente, al respaldo libre, informado y mayoritario del electorado mexicano”. El INE se atrincheró en el mutismo aunque el consejero Benito Nacif reconoció que “el INE no ha diseñado un blindaje para evitar prácticas de hackeo y espionaje en campaña”. La Fepade y el Tribunal Electoral se hicieron los desentendidos.

El INE tendrá que reaccionar porqque el PAN interpuso una demanda para que se esclarezcan los dichos del hacker colombiano que, por cierto, tiene la obligación de cooperar como parte de su acuerdo con las autoridades judiciales de su país. Es útil rescatar una afirmación hecha a Semana, “de todo, absolutamente [de] todo, tengo pruebas. Yo tengo documentos, tengo medios técnicos, registros técnicos, llamadas, documentación, información, videos, audios… tengo de todo”. Con una buena lista de preguntas, y algo de voluntad, en el peor de los casos entenderíamos mejor el papel de la guerra sucia en las elecciones mexicanas.

Por ahora, lo cierto es que el INE es timorato, la Fepade se transformó en un avestruz que esconde la cabeza y el Tribunal Electoral deambula en el mundo de los silencios y las solemnidades. Los partidos y los poderes fácticos vaciaron el concreto de una prisión inconclusa. Las tres reclusas podrían salirse pero usaron sus temores para pintar barrotes imaginarios. Ahí se sienten seguras, ¿y la democracia? ¡qué se las arregle como pueda!

 

 

 

Ya no debe haber lugar para la misoginia en los medios.

Recuerdo que hace ya más de dos años leí en un blog de una feminista española una publicación que llevaba el titulo de: “Si en el feminismo no se puede perrear, es un feminismo que no me interesa”, la cual se hiso viral por el debate que generó entre las y los feministas que no se terminaban de poner de acuerdo en cual debía ser la postura moral más adecuada ante bailes explícitos y cargados de sexualidad. En este punto no me interesa que retomar el debate de ese entonces únicamente quiero rescatar la postura de la bloguera en la cual se defendió el derecho de toda mujer a disfrutar de su cuerpo, su libertas, su sexualidad, así como del placer que puede provocar y sentir a través del baile, sea cual sea el ritmo; pero teniendo muy en cuenta que ese gozo de la vida rompe también con los estereotipos patriarcales que quieren dominar y contener todas las expresiones del cuerpo femenino. En ese sentido, la idea de feminismo que planteaba la autora del blog, es la de uno capaz de ver que también se puede trasgredir las estructuras patriarcales desde el placer y el gozo del cuerpo, usando el baile como una manifestación cultural capaz de romper con esquemas hegemónicos y heteronormativos. En palabras de Jordi Virallonga, poeta catalán que una vez me confesó: “no hay nada más trasgresor que ser consciente que cada uno es dueño de su placer y su felicidad”.

 

Hago mención de lo anterior para que podamos dimensionar lo desfasado, retrograda y machista que es debatir sobre si está bien que una maestra de Ciudad Obregón baile twerking durante sus vacaciones de Semana Santa. Este punto nada más ya deja ver que la editorial de Sergio Romano, televisada el pasado miércoles 13 de abril por Telemax (la televisora del Estado) tiene una visión patriarcal, retrograda y machista del mundo, quiera o no reconocerlo el comunicador. Este punto ya hace reprobable el contenido de la editorial porque incita al odio y al desprecio hacia la mujer y la juventud, pero él se vuelve aun peor cuando hace apología del femincidio. Sergio Romano literalmente dijo enfrente de las cámaras: “Yo no la corro, yo la mando a matar” refiriéndose a la maestra de Obregón que fue captada bailando twerking en sus vacaciones y que despidieron por ese motivo.

 

Sonora es un estado que está pasando por un serio problema de violencia contra la mujer. Solamente en los meses de marzo y abril son más 5 los casos de feminicidio registrados en la entidad. Actualmente el Gobierno del Estado está teniendo una campaña con espectaculares, anuncios  en televisión y radio, además de en medios electrónicos para responder a las recomendaciones que se le hicieron para generar condiciones que le garanticen a las mujeres una vida libre de violencia, y es inaceptable, que en medio de este esfuerzo gubernamental, un editorialista llame al femincidio en la televisión del estado por sus prejuicios morales en contra de las mujeres y la juventud.  El despido de Sergio Romano por tanto es una acción consecuente del  gobierno estatal en relación al compromiso que contrajo con las mujeres de la entidad, pero también es la punta del iceberg de una misoginia institucional que permea en los medios de comunicación, así como en las dependencias de gobierno.

 

Crónica de un chayote pelado

Sergio Romano pertenece a un grupo de comunicólogos afines a la elite del poder hegemónico de Sonora, el cual se caracteriza por su soberbia y un sentimiento de superioridad que los hace creerse dueños de la verdad y la opinión pública. Durante mucho tiempo personajes como Romano se han encargado a corromper el ejercicio periodístico y editorial en los medios de comunicación, tanto públicos como privados, a través de prácticas como el chayoteo, ocultar información y generar campañas de difamación contra la oposición al poder político y empresarial; dándonos como consecuencia, medios trasnochados que destacan por sus prácticas anquilosadas y corruptas que han afectado en la vida pública de forma muy peligrosa para la construcción de una democracia participativa y de una ciudadanía empoderada.

 

Esta elite de comunicadores afines al poder han sido responsables de legitimar y validar a través de sus editoriales o sus participaciones en los medios, una serie de prejuicios clasicistas, sexistas e incluso racistas en la sociedad sonorense, que hoy en día ya no deben tener lugar, si es que el gobierno estatal quiere presumir que está trabajando para ciudadanizar la vida pública y ser más incluyente con las mujeres.

 

El discurso que la elite política esta forzado a tomar para tener algo parecido a la legitimidad democrática, pone en shock a los tradicionales exponentes de la comunicación oficial, y las redes sociales hacen que estos individuos ya no tengan el mismo nivel de influencia social que tenían en años anteriores. Por este motivo el despido de Sergio Romano anuncia una nueva era en la cual el cuarto poder de Sonora ya no puede andar con la misma impunidad de antes, lanzando discursos llenos de odio y prejuicios, más si estos violentan derechos humanos y están cargados de ese machismo tradicional que durante mucho tiempo ha sido motivo de orgullo.

 

Llegado a este punto está de más contar cada uno de los momentos que llevo a que la STIRT le retirara la anuencia para todos los medios electrónicos de comunicación a Sergio Romano, generando como consecuencia el despido de Telemax; sin embargo es importante que veamos algunos antecedentes para tener la película completa y ver desde donde se generan los movimientos de los hilos que están marcando un precedente en los medios de comunicación del estado.

 

El escándalo de Clarisa, la maestra de Obregón que bailo twerking  en sus vacaciones y fue despedida por aparecer en las redes sociales, se generó justo en la semana de regreso a clases, provocando un debate de si el despido fue justificado o no. El debate comenzó a incrementar cuando un grupo de padres decidió apoyar a la maestra y comenzaron a salir algunas publicaciones de apoyo. En este momento el Secretario de Educación, Ernesto de Lucas Hopkins hace unas declaraciones desafortunadas en las cuales demuestra desconocer que los reglamentos de las escuelas no están por arriba de las leyes y mucho menos de las recomendaciones internacionales. Las críticas al Secretario no se dejan esperar y es entonces que se desata la maquinaria del cuarto poder afín al Estado y Sergio Romano, con línea como siempre,  aparece haciendo su rabiata en la editorial donde dice: “Yo no la despido, yo la mando a matar”. Inmediatamente las redes sociales comenzaron a denunciar su apología del feminicidio, haciendo de todo esto un escándalo público.  El 15 de abril el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora y el Observatorio Feminista Clara Zetkin mandaron una carta a la gobernadora Claudia Pavlovich, a la directora del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), al director de Telemax y a Sergio Romano con los siguientes cuatro puntos:

1)      Que se fije una postura de la gobernadora acerca del código de ética de sus dependencias, de Telemax y de Radio Sonora y del papel que juega la perspectiva de género en esté y si existen sanciones para los infractores.

2)      Solicitar el plan de acción del ISM para capacitar a las y los funcionarios de alto nivel de todas las dependencias, para transversalizar la perspectiva de género.

3)      Que la dirección de Telemax de una explicación pública y fije una postura ante la sociedad y ante las mujeres, acerca de la participación del comunicador Sergio Romano, quien cometió un delito vigente en el código penal que es el de Apología del delito (Art. 175).

4)      A Sergio Romano le pidieron una disculpa pública a todas las mujeres de Sonora y en particular a Clarisa por usar la televisión para incitar un feminicidio; su compromiso de capacitarse en perspectiva de género y someterse a evaluación por el órgano certificado, Inmujeres; y que dedique varios comentarios editoriales para difundir la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

La respuesta fue que al día siguiente el STIRT le retiro la anuencia a Romano y Telemax lo despedía. Previamente  hubo unos intentos de disculpas públicas del periodista, pero su soberbia únicamente dejaban ver que no estaba convencido y minimizaba los hechos, algo que realmente indignaba más y que no fue suficiente para evitar el despido. Hasta este punto aun no se puede decir cuáles serán los cambios que el gobierno estatal va hacer para garantizar lo que los observatorios pidieron en los dos primero puntos a la gobernadora y al ISM, pero lo que si queda claro es que los chayotes ya no pueden andar sueltos impunemente sembrando discursos de odio y misoginia.  

La narcopolítica y yo

 

 

 

En la Sierra Tarahumara analizábamos las repercusiones del narcotráfico en la vida cotidiana. Quienes estaban en la charla trazaron una línea de tiempo, en un intento de explicarse cómo se había incubado esa violencia que los tiene encerrados en sus casas, prisioneros, despojados del terruño amado donde se criaron.

“Siempre se ha cultivado eso –dijo alguien– pero había libertad de a quién venderle y los narcos eran campesinos conocidos”. “Luego se ordenó a la gente que sólo a ciertas personas venidas de fuera debían de vender su mercancía”, comentó otro. “Quien vendía por su cuenta desde entonces era castigado”.

En el mapa iban sumando datos para dejar asentado qué pasó año con año. Hasta que todos ubicaron una fecha como el parteaguas, el arranque de su desgracia. Una línea dividía el antes y el después: el día que “el narco ganó las elecciones”.

Ese momento en el cual los candidatos a diputados y a presidentes municipales “no eran gente del partido” sino empresarios desconocidos impuestos a saber por quién. Esa fue la tendencia presente en la mayoría de los municipios serranos. El arranque formal del narcotráfico como financiador las campañas.

Los alcaldes ganadores, esos desconocidos sin currículum partidista, nuevos ricachones de pueblo a quienes no se conocía interés en la política, nombraron a sus compadres en el gabinete y pusieron a sicarios como policías municipales.

Lo que siguió en el tiempo fue el terror: la primera masacre, la de Creel, el pueblo mágico de camino hacia las Barrancas del Cobre. Desde ese 2008 la violencia no ha cesado.

Pocos medios que escapan a la línea de gobierno informan sobre los asesinatos, los pueblos abandonados, las casas quemadas, la estampida de personas que huyen horrorizadas, los indígenas mendigando en las periferias de las ciudades muertos del susto, del hambre y del frío. Algunos pocos rarámuris susurran en voz baja y con el miedo atascado en la garganta que “a una familia la quemaron viva”… “entraron al pueblo y se llevaron a nueve hombres”… “nos obligan a sembrar para ellos sino nos matan”.

La historia de nuestro secuestro inicia cuando los partidos políticos le abren la puerta al dinero de la mafia y se le retribuye el favor permitiéndole apoderarse del territorio, controlando la economía y a la población. O cuando a algún gobernante le ponen una pistola en la nunca para obligarlo a dejar hacer a la mafia, y nadie lo auxilia.

Lo que sigue para la gente es convertirse en esclavos y vivir presos en un paisaje sin colores donde se instala la tristeza, la desconfianza y el silencio. La muerte suelta por las calles jugando a una ruleta rusa donde todos son ejecutables.

Hace varios años una veterana reportera de Chihuahua, mi tierra, me contó que mientras hacía un reportaje sobre las elecciones serranas descubrió ese patrón delictivo de captura de los puestos de elección popular. En su diario no le permitieron publicarlo. El estratega electoral de esos comicios después fue gobernador.

Se me enchinó la piel hace unos días cuando leí en La Jornada y en Proceso que la historia se repite en estas elecciones: en tres municipios serranos, zona de influencia de cárteles, el PRI inscribió candidatos con fama pública de narcotraficantes. Y, casualmente, sus adversarios estaban siendo obligados a renunciar.

El presidente del partido, rápida y convenientemente, respondió que revisaría esas candidaturas. Pero, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué los periodistas son los encargados de dar la alerta, arriesgando su vida, y no el sistema judicial? ¿Quién sanciona a los partidos que nos entregan a los brazos de nuestros secuestradores?

La narcopolítica no es un concepto ajeno a nosotros. Es la venta de nuestra libertad. Es el saqueo permitido de nuestros recursos naturales. Son los asaltos, secuestros o cobros de piso tolerados en nuestro barrio. Son los policías que asesinan y desaparecen a cualquiera que les parece sospechoso. Son las masacres permitidas. Es la prohibición de las protestas y el silenciamiento de nuestros periodistas. Es ir al Ministerio Público y que nadie quiera levantar tu denuncia. Es no poder vacacionar o usar ciertas carreteras por miedo a ser desaparecido. Son nuestros jóvenes asesinados, cortados en pedacitos. Es respirar aire envenenado y presenciar el ahorcamiento de nuestro futuro. Es tener la casa tomada.

Esta traición política contra los ciudadanos es añeja y perpetuada por alcaldes, gobernadores, legisladores, jueces, generales, presidentes de la República que por tener más poder nos vendieron como rehenes.

Los escándalos de la semana son los de la diputada acusada de manejar los negocios de El Chapo y del ex presidente de otro partido acusado de trabajar para un cártel sanguinario. Pero tenemos historias dignas de colección: Gobernadores videograbados con capos de la droga, presidentes de partido impedidos de viajar al extranjero porque tienen órdenes judiciales esperándolos, directores de penales que permiten a los sicarios salir en las noches a matar o incinerar cuerpos dentro de las instalaciones, presidentes municipales emparentados con los narcos locales, policías dedicados a entregar gente a los asesinos, militares y federales supervisores de que la amapola llegue bien a su destino, presidentes señalados como imposiciones de los cárteles a los que benefician.

Si la cabeza está corrupta, todos están invitados a corromperse.

Los políticos se han vuelto cínicos ante las evidencias. En cada proceso electoral los directivos de los partidos desempolvan el anuncio de que blindarán los comicios de la infiltración del narcotráfico, pero sus promesas de saliva se convierten en escupitajos a los ciudadanos.

No se ve una solución próxima: Cuando los violentos toman el poder, los mejores ciudadanos, los decentes, los comprometidos, se alejan de la política, se autodescartan del pervertido juego electoral con reglas que sólo los mafiosos entienden. Pocos son las y los valientes que entran al sistema electoral en un intento por rescatar nuestro futuro y, cuando lo hacen, su propio partido los sabotea o enfrentan a la maquinaria del dinero que compra votos o reciben amenazas hasta que renuncian a la candidatura o con un balazo en la frente se les hace llegar el mensaje.

 

 

 

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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