NUESTRA APARENTE RENDICION

Togas cómplices

La doctora Alicia Ávila está convencida que “existe una red de delincuencia organizada que comienza en la delegación y llega hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (el Tribunal)”. Analizo la afirmación.

Alicia, pedagoga con Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores, vivía tranquila en la Guadalupe Inn de la Ciudad de México hasta que, en 2014, empezaron a construir un edificio de 15 pisos en la calle Guty Cárdenas 113. Ella y otros vecinos visitaron 70 veces, ocho dependencias: la delegación Álvaro Obregón, cuatro oficinas del gobierno central, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Asamblea y el Tribunal (instancia, esta última, que resuelve los conflictos entre particulares y autoridades). Para esta columna se revisaron los casos de la Supervía Poniente, la Torre Mitikah en Xoco, un Club de Golf en Tepepan y el edificio en la calle Guty Cárdenas.

Primer hallazgo. Las autoridades usan la ley para vulnerar la justicia. Siempre hubo una dependencia del gobierno capitalino y algún magistrado del Tribunal dando la razón a los vecinos pero la Sala Superior del Tribunal revirtió los fallos (está pendiente el del Club de Golf) invocando ausencia de interés jurídico de los quejosos o interpretando con estrechez la norma. En los magistrados influyó que el gobierno del Distrito Federal respaldó a las empresas pese a que alguna dependencia capitalina reconoció la violación de la ley. 

Segundo hallazgo. Destrozar una ciudad no está tipificado como delito de crimen organizado pero sí hay señales de un “entendimiento” para lucrar de manera organizada con el suelo de la capital; acuerdo en el cual participan, por acción u omisión, un buen número de constructoras y todas las autoridades.

Esto lo corrobora la determinación con la cual niegan, minimizan o ignoran los conflictos de interés. El esposo de la actual presidenta del Tribunal, Yasmín Esquivel Mossa, era uno de los constructores de la Supervía y la magistrada, en lugar de excusarse, participó en los procesos que quitaron la razón legal a los quejosos. Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza aprobó la Torre Mitikah, en su calidad de director general de Regulación Ambiental en el período de gobierno de Marcelo Ebrard, pese a ser socio de una de las constructoras. En lugar de sanción y absolución hubo premiación.

Los odios políticos se olvidan con negocios inmobiliarios. Veamos un ejemplo. Marcelo Ebrard propuso a Yasmín Esquivel como magistrada del Tribunal y su sucesor y enemigo, Miguel Ángel Mancera, solicitó su ratificación como magistrada en agosto de 2015 con todo y denuncias en su contra. Como los asambleístas terminaban su gestión la reeligieron por unanimidad para un período de tres meses. El presidente de la Comisión de Gobierno de la nueva Asamblea es Leonel Luna  —fue delegado de Álvaro Obregón cuando se aprobó el edificio de 15 pisos en Guty Cárdenas— quien, aliado con un priista, empujó la causa de Esquivel. Ese mismo mes, Mauricio Toledo (otro depredador urbano, pero en Coyoacán) presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que aprobó un aumento en el presupuesto del Tribunal. Morena ha sido ambivalente en este caso porque denuncian la corrupción inmobiliaria, sin embargo, el esposo de la magistrada ha sido vinculado a Andrés Manuel López Obrador.

  En la última década se han construido más de cinco mil edificios de manera ilegal. Algunos vecinos se han resistido pero es rarísimo que logren frenar las edificaciones. Las constructoras y sus cómplices en el gobierno han erigido una fortaleza inexpugnable. La CDHDF de Luis González Plascencia respaldó a los vecinos en el caso de la Supervía y en parte por ello perdió la reelección. Tal vez por ello la nueva presidenta de la CDHDF fue tibia en la obra en Guty Cárdenas. Los vecinos están totalmente solos. 

Los tribunales de lo contencioso administrativo han sido copartícipes del desastre urbanístico de la mayoría de las entidades. ¿Existe solución? En la Ciudad de México el Tribunal podría autorreformarse, la Asamblea auditar al Tribunal  y el Constituyente incluir el tema en la agenda. Se ve difícil que suceda.

Los vecinos de Guty Cárdenas intentarán llevar su caso ante la Suprema Corte. Merecen apoyo porque el máximo tribunal tiene las atribuciones para domar a quienes emulan, con sus métodos, a la delincuencia organizada; de no hacerlo, los depredadores seguirán galopando en libertad por las praderas del urbanismo salvaje.

 

 

 

Reportear el poder

Publicado en ALEJANDRO ALMAZÁN

Hace pocos días, mientras nos empujábamos unos tacos en el Salón Corona, un colega que cubre a Peña Nieto nos contó a varios amigos historias reporteriles de pena ajena:

1) Los reporteros aplauden siempre que Peña lee alguno de sus discursos. 2) Peña suele lanzarle indirectas a una colega que no lo adula y el resto de reporteros, sobre todo dos, la bulean, le dicen que es una amargada, que no sabe nada de periodismo, que el SeñorPresidente es lo mejor que pudo haberle pasado a este país. 3) Hay un cronista que muestra sus textos a Peña antes de que se publiquen. 4) Una reportera radiofónica pide al Estado Mayor Presidencial que le presten un salón para festejar su cumpleaños y el SeñorPresidente le envía el alcohol para que celebre como el chayote manda. 5) La sofisticación del embute incluye otorgar contratos de publicidad a portales que ni los propietarios le dan like o regalar Hummers que, luego, esos periodistas presumen en Facebook. 6)…

Miguel Ángel Mancera es un caso parecido. Incapaz de tener una personalidad de embrujo, su vocero opera con la cartera en la mano. Recuerdo cuando tres fotoperiodistas interrumpieron un discurso de Mancera para recordarle la impunidad que aún persiste en los homicidios del fotógrafo Rubén Espinosa, de la activista Nadia Vera, de la maquillista Yesenia Quiroz, de la empleada doméstica Alejandra Negrete, y de Mile Virginia Martín, la mujer que medios cercanos al GDF le colgaron todos los sambenitos posibles sólo por ser colombiana. ¿Qué hizo el vocero de Mancera? Echó a andar el chantaje de la publicidad para que no se hablara del reclamo de justicia.

En los estados, los gobernadores no discuten con los reporteros (la mayoría de ellos, dicho sea de paso, son aguerridos). La estrategia de estos políticos, como la de Peña o la de Mancera, es la de seducir a los dueños o a los propios periodistas, haciéndoles creer que con ellos comparten el poder. Conozco a colegas en el DF que alardean de la cercanía con equis o ye funcionario; se emocionan como niños en una heladería cuando me cuentan que los consultan, que les llaman por teléfono. Están más preocupados en conseguir los privilegios del poder que en informar.

Para nuestra suerte, cada vez se leen menos los medios tradicionales. La línea editorial y sus columnistas —los cuales parecen cobrar por adulación—, han orillado al lector a no creerles. Igual que la clase política mexicana, esta prensa oficialista carece de moral. Son los medios (casi) independientes los que nos ayudan a sortear esta crisis informativa (el “casi” lo digo porque no existen paraísos editoriales; siempre hay un interés, aunque sea mínimo).

Allá afuera tenemos dos tipos de periodismo: el que le aplaude al poder y el que le silba. Y muchos aprendimos a silbar desde muy niños, por fortuna.

 

 

 

¿Qué hacemos?

Tienen siglos practicando con éxito el arte de negar, minimizar o trivializar la realidad incómoda. Los insatisfechos, que somos mayoría, denunciamos con evidencia y exigimos con razón y somos ignorados. ¿Qué hacemos?

En Davos, Suiza, el Presidente repitió la faena. El viernes 22 de enero lo entrevistó Moisés Naím, un prestigiado intelectual venezolano, quien en la versión estenográfica se ve encorsetado por preguntas acordadas, porque jamás interpela y porque el Presidente le pone distancia tuteándolo mientras que Moisés lo ustea.

Cuando Naím, educadamente, le pide “ayúdenos a entender el México bueno y el México malo”, Peña Nieto le suelta un tapabocas: “Mira, Moisés […] solamente hay un México que es bueno”. Y es el México de la “gran estabilidad institucional” y “política”, del “gran acuerdo político” y de “tres grandes reformas estructurales”.

Naím le saca el tema de la corrupción y el Presidente responde que antes lo consideraba “un problema de orden cultural”, pero “hoy te diría […] que es incluso más allá de eso”. Y es por que se “creó un Sistema Nacional Anticorrupción” que logrará la hazaña de “domar y controlar la condición humana” (¿será?). Ni entrevistador ni entrevistado hablaron de los cinco jóvenes desaparecidos en Veracruz, de Humberto Moreira o de otros detalles incómodos.

En Tierra Blanca, Veracruz, policías detuvieron a cinco jóvenes para entregarlos al crimen organizado, como aconteció en Iguala, Guerrero. El gobernador Javier Duarte se lavó las manos diciendo que “lamentablemente en temas de seguridad pueden hacerse 99 cosas bien, pero con que una […] salga mal” lo critican, mientras que el fiscal veracruzano invitó a los papás a “echarle ganas”. Si ya resulta inconcebible la atrocidad cometida por la policía estatal, es un agravio el silencio cómplice del gobierno federal que reconoció tácitamente la gravedad del hecho enviando a ese municipio a soldados, marinos y policías federales.

Según las encuestas estos personajes son minoría. Lo son pero controlan los presupuestos y han creado espacios para remendar sus egos cuando los zarandea la opinión pública. Cuando detuvieron a Humberto Moreira en España, renacieron en Coahuila los blogs de la lisonja. En uno se culpaba a los “malos colaboradores que abusaron de su confianza y su generosidad”; en otro se difundía un “Bolero a Moreira” que dice:  “sé que todo pasará, mi maestro triunfará… porque Dios está con él”; cuando fue liberado una piadosa convocó a una peregrinación de acción de gracias. Un jubileo laico prematuro porque fuentes cercanas a la Fiscalía española me aseguran que siguen investigándose pistas incriminadoras. El desenlace es incierto.

Tuvimos alternancia pero sigue intacta la capacidad de la clase política para trivializar y burocratizar las protestas y las propuestas. ¿Hay una forma de salir del laberinto de corrupción, violencia e impunidad? No existen soluciones mágicas o rápidas. Con los elementos a disposición del analista, el cambio sistémico nacerá de la efervescencia de miles de inconformidades.

La insatisfacción de las mayorías se atomiza cuando se convierte en acción organizada. Para lograr transformaciones en serio, el tejido social positivo debe trascender esa segmentación observable en el movimiento ambientalista, las luchas contra la corrupción y la defensa de las víctimas ante la violencia criminal. En teoría debería ser viable la convergencia por tratarse de temas que trascienden ideologías; no lo logran en parte por la tendencia a concentrarse en los síntomas olvidándose de las causas.

A manera de ejemplo tomo la destrución de mangles en Tajamar, un pulmón verde de Cancún, Quintana Roo. Los verdaderos ambientalistas han generado una movilización nacional que les ha permitido frenar la depredación y expulsar a los integrantes del Partido Verde que se presentaron a hacer una clausura “simbólica”. El esfuerzo se queda corto porque ignora que la devastación se origina en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales controlada por el partido Verde. Extirparlo a esa formación de la política nacional debería ser prioridad del movimiento a favor del medio ambiente. No lo es.

Para reactivar una democracia que languidece, debemos revisar críticamente las estrategias y métodos de los insatisfechos; la clase política sigue siendo capaz de neutralizar la protesta. Se trata de temas tan centrales que regresaré a ellos en colaboraciones posteriores.

 

 

 

El “Chapo” ‘glamourizado’ antes de Hollywood

No estábamos precisamente en el Triángulo Dorado donde se incuba el negocio de las drogas o en una ranchería perdida y escasa de oportunidades, sino en una escuela urbana y céntrica de la Ciudad de México. Los hiperactivos adolescentes no dejaban de gritar mientras yo intentaba contarles mi libro acerca de los efectos de la narcoviolencia. Frustrada, les pregunté para cambiar de estrategia sus planes de futuro y casi todos, hombres y mujeres, respondieron que querían ser como El Chapo. La maestra confirmó el dato avergonzada.

Repasamos entonces lo que sabían de su personaje favorito y de sus similares que aparecen en pantalla, glamourizados, paseando por la alfombra roja, inspirados en cualquier Pablo Escobar o Reina del Pacífico. Entonces les fui revelando detalles que desconocían de su vida real: cómo la esposa de uno fue asesinada, su cuerpo marcado como ganado, y el hijo veinteañero cosido a balazos; cómo a aquél lo encontraron paranoico en un agujero pestilente, desconfiado de su propia sombra.

Escucharon atentos. No habían oído acerca de la vida de esos famosos detrás de las cámaras . Esbozamos una idea: Chapo sólo hay uno entre millones, es como el Slim pero del negocio de las drogas, el beneficiado por los poderosos, útil al sistema; en cambio, las vidas de los ‘narcos’ que no tienen serie de televisión salen en la nota roja: son las de esos miles de muchachitos desechables que vemos colgados de puentes o esas chicas enterradas en baldíos. Su tiempo de vida se calcula en tres años.

 

Salí de esa escuela con un sabor de derrota que se repite cada que veo a los capos de la droga exhibidos en los medios a través de sus pistolas de oro con diamantes incrustados, su harem de reinas de belleza, su hilera de autos de colección, sus zoológicos con animales de exportación, como los muestra el gobierno. La información estará incompleta si no agregamos las miles de muertes que llevan en su contabilidad, las comunidades enteras forzadas a abandonar sus tierras huyendo de su guerra, las caravanas de familias que buscan a sus hijos desaparecidos en sus territorios, el lento juvenicidio de quienes venden su alma para saciar sus adicciones.

Me quedé con las ganas de que esos alumnos escucharan a Gloria y Ana Lozano, las hermanas que perdieron a sus dos únicos hijos en la masacre de 2008 en Creel, un pueblo turístico de Chihuahua donde la narcocultura envenenó el aire y la plebada suspira con los narcocorridos y las trocas del año, como aquellas que otros jóvenes llevaban el día que, protegidos por policías, rafaguearon a sus hijos con 10 jóvenes y un bebé que disfrutaban de unas carreras.

O presentarles a los periodistas que encuentro vagando como almas en pena en las redacciones de periódicos norteños o exiliados en Estados Unidos, obligados a empezar de nuevo y el susto atorado en las tripas, porque al señor de la plaza no le gustó lo que escribieron y mandó matarlos. Y no todos sus colegas sobrevivieron.

Apenas la semana pasada, en las vías del tren que sale de Chihuahua a la sierra conocí unos migrantes llevados como esclavos a pizcar droga. No encontraron a los mentados narcos que regalan carretadas de dólares, mandan comprar medicinas a los enfermos, organizan fiestas para todos; a ellos les pagaron con golpizas.

En la mentalidad mexicana ganó la representación estilizada y aséptica de nuestros narcos. Esa representación que también ha sido moldeada con entrevistas a modo, hechas por periodistas o no, donde los mafiosos hablan como orgullosos hombres de negocios y los sicarios detallan como chefs sus métodos de muerte, donde gana la fascinación por el personaje y no se les pregunta sobre cómo es su alianza con el gobierno y, mucho menos, se les confronta con el dolor de sus víctimas.

PD. En Italia un día al año en plazas públicas, iglesias y escuelas se recuerda a las víctimas de la mafia. Sus familiares acuden a las cárceles para hacer saber a los asesinos del dolor que causan y dan su testimonio en escuelas donde los niños sueñan con ser mafiosos.

 

 

 

Campaña de difamación contra GIEI

Para las ex fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Ayotzinapa, la campaña de desprestigio que actualmente padecen está relacionada con su trabajo y con los estamentos de poder del Estado aparentemente intocables, afectados por la verdad sobre el paradero de los 43 normalistas.

En la medida en que nosotros nos acercamos a la verdad, a lo que ocurrió realmente ese 26 y 27 de septiembre (de 2014) en Iguala, hay personas que pueden sentir temor junto a los perpetradores, advierte en entrevista con La Jornada la ex fiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz.

En entrevista por separado, Ángela Buitrago coincide: Es una persecución que estamos viviendo y que se está dando en los momentos en que estamos incomodando posiciones o decisiones. Sin embargo, ni con difamaciones ni con injurias es la forma adecuada para tratar de esclarecer los hechos de Iguala.

Grupos simpatizantes del Ejército mexicano, la ultraderecha y sectores conservadores han iniciado una campaña en su contra. A Paz y paz la acusan vagamente de violar los derechos humanos en Guatemala, donde encarceló, entre otros, al ex dictador Efraín Ríos Montt. A Buitrago, de encarcelar injustamente al ex coronel Luis Alfonso Plazas Vega, recientemente liberado en un proceso amañado.

Ambas se han enfrentado a los estamentos militares de sus respectivos países en la búsqueda de justicia y la reparación a las víctimas, algo que, dicen, ha molestado a algunos grupos afines a los perpetradores, al igual que en México, donde el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aún se niega a recibir a los expertos de la CIDH bajo el argumento de que son extranjeros, y rechaza que entrevisten a los militares involucrados en el caso Ayotzinapa.

La campaña negra, señalan, está dirigida al trabajo del grupo, pero tiene además un componente de género. Los ataques están dirigidos directamente contra las dos mujeres del GIEI, contra las dos fiscales que han denunciado a militares y funcionarios corruptos en complicidad para cometer genocidio y graves crímenes tanto en Guatemala como en Colombia.

Estamos viviendo un sicariato moral, dice Buitrago sin cortapisas. Añade: pretenden acabar moralmente con Claudia Paz y conmigo, pero cuando uno tiene la conciencia tranquila y sabe que lo que están diciendo es completamente falso, no tiene ningún sentido.

–¿Esta campaña de difamación ha afectado el trabajo del GIEI?

–Es muy incómodo, es absolutamente insoportable que estemos recibiendo esta clase de injurias, pero nosotros hemos decidido continuar el trabajo de manera permanente, sin ningún obstáculo, a pesar de que nos lo quieran poner de esta manera. De todos modos eso siembra una aura mediática, pero tratamos de seguir nuestra labor con la misma fuerza, porque lo que nos interesa es buscar a los normalistas de Ayotzinapa y encontrar los medios probatorios para esos efectos”.

Falta el Ejército

Las últimas investigaciones del GIEI conducen al Ejército, un aspecto de la indagatoria que no ha sido desahogado por la Sedena, que se niega a aceptar la presencia de los expertos en los interrogatorios a los militares involucrados en el caso.

Claudia Paz y Paz explica que desde el principio intentaron entrevistar a los integrantes del Ejército, algo que se les ha negado de manera reiterada: “Desde el primer mes hemos solicitado una entrevista directa con los militares que estaban de servicio esa noche, porque en el expediente están todas sus declaraciones donde consta que habían presenciado la captura, la detención de los jóvenes que ahora están desaparecidos; en otro momento habían resguardado las escenas de los crímenes y habían visitado la comandancia de la policía.

Para nosotros es fundamental obtener estas entrevistas, no sólo para la información, sino por la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, añade.

La Procuraduría General de la República (PGR) entregó los interrogatorios por escrito, algo que no ha despejado las dudas de los expertos: Quedaron aún muchas lagunas. Por una parte, no se consignan las preguntas y las respuestas; por la otra, hay contradicciones con las segundas declaraciones, que en lugar de esclarecer, son aún más ambiguas, señala la ex fiscal guatemalteca.

Su último intento ha sido solicitar al presidente Enrique Peña Nieto que reconsiderara la posibilidad de que se permita entrevistar a los militares: Y todavía no tenemos respuesta. No me queda clara la razón. Hemos estado entrevistando en forma directa a los integrantes de la Policía Federal que estuvieron esos días en servicio. Hemos estado presentes cuando los ha entrevistado la PGR; estamos anuentes a que se hagan las preguntas por parte de la procuraduría, pero lo único que pedimos es estar presentes en ese momento, como lo hemos hecho en varias diligencias ministeriales.

A pesar de que el tiempo corre y terminarán su segundo periodo de investigaciones en abril próximo, la respuesta del Estado ha sido negativa, algo que evidentemente levanta las sospechas.

La PGR ha accedido solamente a realizar un tercer interrogatorio en este momento, pero repitiendo el mismo esquema, algo que no aporta datos precisos a las indagatorias sobre el paradero de los 43 normalistas: Es importante para nosotros estar presentes, sugerir las preguntas, porque hay temas que no nos han quedado claros. Es la tercera vez que algunos de ellos declaran. Sería muy importante para ellos, y para todos, que la diligencia fuera lo más exhaustiva posible, para no dejar ningún espacio sin esclarecer.

Las injurias

Ángela Buitrago, conocida en Colombia como La fiscal de hierro por haberse enfrentado a los poderosos e intocables estamentos militares e investigar 20 años después crímenes de desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales, con condenas históricas y ejemplares, ha sido atacada en México por grupos que simpatizan con el Ejército.

Entre los difamadores se encuentran el Observatorio Nacional de las Fuerzas Armadas, dirigido por Rafael Herrera Piedra; el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, encabezado por José A. Ortega Sánchez, y la Mesa de Juicio y Paz y Movimiento Blanco, coordinada por Ramón Hernández Flores.

La última acción de estos grupos ultraconservadores y pro militares fue organizar, el pasado 12 de enero en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, la conferencia titulada La verdad en la investigación de Ayotzinapa, a cargo precisamente del recién liberado coronel colombiano Luis Alfonso Plaza Vega, encarcelado por la ex fiscal Buitrago por desaparición forzada y condenado a 30 años de prisión, pero absuelto cinco años después en un proceso irregular.

La presencia del militar colombiano hablando de Ayotzinapa se inscribe dentro de esta campaña de difamación: Es una forma de tratar de cuestionar las actividades que hace el grupo, que no tiene ninguna relación con mi actividad. Una cosa es lo que yo pude haber vivido frente a una persecución permanente y tergiversación a través de los ataques contra mí como funcionaria de instrucción en Colombia, y otra lo que está haciendo el GIEI en México, que tienen que deslindarse perfectamente, indicó Buitrago.

Citando al filósofo alemán Arthur Schopenhauer, la ex fiscal aclara que estas difamaciones no pueden atacar la labor impecable del grupo de expertos, pues deciden centrarla en ella: El objetivo es atacar el trabajo del GIEI a través de cosas que ya están más que aclaradas en Colombia y demostradas que nunca sucedieron. Están generando esa guerra sucia porque resultamos incómodos en el momento en que estamos haciendo la investigación.

Entre las acusaciones de los grupos conservadores está el haber desechado pruebas de la UNAM y de la Universidad de Innsbruck sobre el caso Ayotzinapa.

Yo no he descalificado a Innsbruck ni a la UNAM; al contrario, el último informe como grupo fue precisamente basarnos en las pruebas que señaló esta última para decir que no había elementos para considerar que hubiese sido el lugar de la incineración de cuerpos el basurerode Cocula. Precisamente utilizamos los documentos que reposan en la investigación para argumentar y sustentar todas las afirmaciones que hacemos.

–¿Hay un componente de género en esta guerra sucia contra las dos mujeres del GIEI?

–Sí, el ataque ha sido directo por razones de género, por el cargo que ocupamos y las investigaciones que realizamos, que tocan a ciertos sectores que son intocables en ciertas partes del mundo y por esa razón las sentencias contra los políticos están en firme, y otros funcionarios de Estado que se dictaron por corrupción están en firme. Es una persecución sin ninguna justificación válida, sino simplemente crear un ambiente, llevar una idea que permanezca en el imaginario colectivo y descalificarnos. Cuando no tienen argumentos serios para debatir y dialogar con el contrario, lo que optan es por atacarlo personalmente para acabar con su concepto ético y moral. Y también para derrumbar y causar obstrucción en las investigaciones.

–Atacan a dos mujeres fuertes, dos ex fiscales que se han enfrentado a estamentos intocables, como el Ejército, en sus respectivos países…

–Sí, por la discriminación que existe en algunas concepciones y en personas en particular sobre la mujer, algo que lleva a atacar a este sector para lograr mayor adherencia a esa clase de descalificaciones cuando se aprovecha la discriminación como elemento esencial. El fondo es tratar de deslegitimar el trabajo del grupo y al mismo GIEI. Cuando se utilizan falacias, mentiras, infamias e injurias, no es un buen futuro lo que nos espera”.

Las filtraciones del gobierno en el sentido de que los expertos amenazaron con irse, son aclaradas por Claudia Paz y Paz: No nos vamos a ir; más bien, esperamos contar con las condiciones que hagan posible nuestro trabajo sobre Ayotzinapa.

 

 

 

Apuntes sobre la segunda recaptura

Publicado en ALEJANDRO ALMAZÁN

1)Peña Nieto avisa por Twitter que el Chapo Guzmán ha sido recapturado y luego acude a Palacio Nacional para que lo vitoreé su gabinete, el mismo gabinete al que se le escapó el capo hace medio año. Los diplomáticos que acompañan a Peña cantan el Himno Nacional como si hubiéramos recuperado Texas y California. A este stand up comedy se le llama triunfalismo. En tiempo real, los aliados gubernamentales replican la zalamería en los medios: un acto de corrupción -la fuga- intenta ahora ser visto como si fuera una hazaña. Y que sea la procuradora, más tarde en el hangar de la PGR, la que lea la epopeya al estilo Eliot Ness, aunque este gobierno tenga más parecido con Al Capone. En la narrativa de triunfo, Peña no quiere ver que sólo ha resarcido el daño que él mismo se causó. Kant decía que una acción tiene verdadero valor moral en la medida en que es desinteresada.

2)En el país del sospechosismo, el detenido no es el Chapo, su entrega fue pactada, algún funcionario lo tenía escondido, todo es parte de una telenovela mal escrita por Los Pinos, o la recaptura es sólo una cortina de humo para no hablar de cosas tristes como el dólar. Nuestra incredulidad tiene un origen: el gobierno de Peña Nieto carece de integridad. La retorcida verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas, el conflicto de intereses que hay detrás de la Casa Blanca y la segunda fuga del Chapo, entre otras corruptelas e impunidades de los últimos tres años, nos ha orillado a no creerle a Peña ni el bendito. Que no se quejen sus merolicos. La desconfianza se la ganaron ellos. La recaptura del Chapo no le restituye al gobierno mexicano la moral perdida. Esa no la recupera ni con la bendición del papa Francisco.

3)El Chapo es un megalómano y narco que no sea que tire la primera bala. El problema del Chapo es que se ha creído el cuento de que es Robin Hood. Alguien debió haberle recordado que su negocio ha arruinado al país con miles de muertos y de desaparecidos. El Chapo nunca ha peleado contra el sistema. Es parte de él. Sus socios comerciales son las autoridades gringas y mexicanas.

4) Sean Penn y Kate del Castillo se entrevistan con el Chapo cuando el gobierno mexicano, supuestamente, le sigue la pisada al capo. Rolling Stone publica el texto de Penn y los columnistas lo crucifican: lo tachan de apologista del crimen. De paso, le atizan a Del Castillo que se haya tomado en serio su papel de Teresa Mendoza. Muchos de esos columnistas tratan de darnos clases de periodismo cuando ellos son incapaces de ejercerlo con honestidad. Esos columnistas jamás se han preguntado qué le decomisaron al Chapo en el anterior arresto o por qué las autoridades no le han quitado un solo dólar al Cártel de Sinaloa. No escriben que, independientemente de que el texto de Penn sea bueno o malo, ese encuentro con el capo le estropea a Peña la fiestecita o el teatrito. Tampoco dicen que ellos, al igual que yo, al igual que el gobierno, al igual que la televisión, al igual que Penn o Del Castillo, al igual que la radio, al igual que el pueblo han contribuido a fortalecer el mito del Chapo. En un país donde los columnistas aplauden que Beltrones sea dirigente del PRI, la idolatría al Chapo parece un juego de niños.

5) Pareciera que los reporteros estamos obstinados por no quedarnos fuera de la noticia: uno —custodiado por federales y marinos — viaja a Los Mochis para, según él, reportear y termina por apuntalar, otra vez, la versión oficial; hay otros que se meten a la alcantarilla por la que supuestamente salió el Chapo y encuentran un rifle que bien podría matar a un elefante; unos se arriesgan y se trasladan a La Tuna con el plan de entrevistar a doña Consuelo, la madre del Chapo; otros van al motel Doux a tomarse la selfie; hay otros que arrancan sus textos con el clásico yo; y otros retuiteamos fotos y memes o salimos en Nat Geo diciendo cosas que no importan.

 

 

 

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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