NUESTRA APARENTE RENDICION

Sobre la guerra

Hay tres novedades sobre la guerra contra el crimen organizado: 1) se libra simultáneamente en centenares de frentes; 2) crece la autonomía del ejército que exige una ley y presiona replegándose en algunas entidades; y, 3) hay condiciones para mejorar el trato dado a las víctimas del conflicto.

Hace unos meses, Miguel Ángel Osorio Chong presumía que el gobierno había neutralizado a “cien de los 122 [líderes del crimen organizado] identificados como prioritarios”. Para el titular de Gobernación ello significaba que “todos los carteles habían sido golpeados estructuralmente”. Con este criterio la política de descabezamiento y fragmentación es un éxito.

Cuando inició la guerra hace una década, había nueve organizaciones criminales;  en la actualidad sobreviven el Cartel del Pacífico (Sinaloa) y el Cartel Jalisco Nueva Generación que disputan a sangre y fuego el control de diversas plazas. Las otras organizaciones se han atomizado en pequeñas bandas. De acuerdo con Lantia Consultores en enero de 2017 había 249 grupos dedicados al crimen organizado. Por ejemplo, Los Zetas se han escindido en 36 grupos que buscan distinguirse y adoptan nombres convencionales: Hijos del Diablo; descriptivos: Los Negros o enigmáticos: Néctar Lima. La violencia no ha desaparecido; se ha desperdigado afectando amplias regiones.

Ni el Estado mexicano ni Washington parecen tener la estrategia para un escenario de esta naturaleza. Una consecuencia es que los protagonistas están preparándose para guerras irregulares de larga duración. El caso más llamativo es el ejercito que exige certidumbre jurídica (el general secretario Salvador Cienfuegos lo expresó con gran claridad). Como el Congreso tiene a la Ley de Seguridad Interior en la indefinición están presionando con una novedosa política de rifles guardados. En una reunión con la Junta de Coordinación Política de los diputados, Osorio Chong comentó que las fuerzas armadas están replegándose en algunos estados (Claudia Salazar, Reforma, 6 de marzo de 2017). En otra ocasión daré una interpretación sobre la trascendencia e implicaciones de la creciente autonomía de las fuerzas armadas.

La incertidumbre no debe ser motivo para que siga regateándose la atención a las víctimas y la protección a los grupos vulnerables. Las víctimas viven una paradoja: pasaron de la marginalidad a un protagonismo irrelevante. Me explico. Cuando fue imposible ignorar el costo humano, quienes gobiernan crearon instituciones y les asignaron generosos presupuestos. Fuego fatuo. Bien pronto se hizo evidente que sigue imperando la improvisación, las ocurrencias y los golpes de timón. En 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto presumió de la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. A los dos años puso a un inepto para dirigirla y para 2017 la dejaron sin presupuesto.

Algo similar ocurre con dos gremios amenazados. Para protegerlos crearon en 2012 el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que depende de Gobernación. El pasado enero visitó México un relator especial de Naciones Unidas; Michel Forst detectó carencias en el Mecanismo, lo consideró tan útil  (“crucial” fue el adjetivo que empleó) que recomendó se garantizara su “presupuesto” y “sustentabilidad financiera”.  Nadie explicó al relator que para 2017 el presupuesto del Mecanismo también es de cero pesos (está funcionando con recursos que tenía guardados en un fideicomiso).          

Se antoja difícil que en los próximos dos años se hagan ajustes de fondo a la política de seguridad; la clase política anda encandilada con las elecciones de 2018. Pese a ello hay un par de instituciones que no dependen del desenlace electoral de 2018 y pueden hacer bastante por las víctimas. En los próximos días saldrá del taller la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; le cambiaron motor, hojalatería y sistema de dirección. Si se confirma su renacimiento debería hacer mancuerna con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que va saliendo de la irrelevancia. Esa alianza podría arrastrar a otras instituciones a dar un trato diferente a las víctimas. Es indispensable que se atienda este ángulo porque si se mantiene el repliegue de las fuerzas armadas crecerá la letalidad de la violencia criminal. La guerra sigue.

 

 

 

La seguridad

Del Congreso depende que la seguridad nacional salga del olvido. Cuando se discuta la Ley de Seguridad Interna deben recordar el trasiego legal e ilegal de armas.

México es cuerno de la abundancia para quienes gustan de las armas. Una consecuencia es la epidemia de muertos y heridos silenciada y minimizada por los gobiernos de México y los Estados Unidos y por las empresas estadounidenses que abastecen de material bélico a los dos bandos. Los militares y policías lo adquieren legalmente; el crimen organizado de manera clandestina. Se trata de mercados formalmente separados pero con muchas interconexiones entre ellos.

Según el The Washington Post, entre 2012 y 2015, el gobierno de México le compró a los Estados Unidos 3 500 millones de dólares en armamento. John Lindsay-Poland  —analista del Comité de Servicios de los Amigos Americanos (cuáqueros)— encontró la evidencia sobre un contrato hasta ahora desconocido. En abril de 2015 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se comprometió con Sig Sauer —compañía estadounidense con matriz en Alemania— a adquirir hasta 265 millones de dólares en pistolas, rifles de asalto, y otras armas de fuego. Si se tratara solamente de armas cortas, la Sedena recibiría en los próximos años 400 mil unidades.

Una parte de este arsenal será utilizado por las fuerzas armadas; otra será enviada a corporaciones policíacas de estados y municipios. Los lotes que se entregarán a los gendarmes podrían terminar en manos de los criminales porque México carece de controles adecuados. En otras palabras la Sedena estaría armando a sus enemigos en el campo de batalla.

Hay una dimensión siniestra en el acuerdo Sedena-Sig Sauer. Una parte de las ganancias que obtiene Sig Sauer en México, pudo haberlas utilizado para respaldar política y económicamente a quien nos ha insultado una y otra vez. Esa compañía contribuyó al menos con 100 mil dólares a la campaña del actual presidente de los Estados Unidos y no hay constancia de que Sig Sauer se haya deslindado públicamente de las agresiones que hemos recibido. Tampoco sabemos si la Sedena o Los Pinos les exigieron una aclaración.

Sig Sauer tampoco se ha preocupado demasiado por el contrabando ilegal de sus armas a nuestro país. El sicario que mató en 2010 a Marisela Escobedo, la madre de una joven asesinada que protestaba frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, utilizó un arma marca Sig Sauer. Por cierto, un activista alemán de derechos humanos, Jürgen Grässlin, tiene demandada a esa empresa por su responsabilidad en esa y otras muertes de mexicanos inocentes.

Es tan intolerable el costo en vidas como la indolencia de nuestras autoridades: permiten que el país que tolera el abastecimiento ilegal de armas a los criminales luego nos critique por no poder controlarlos. Entiendo las dificultades de cancelar un contrato ya firmado o de imponer controles estrictos sobre el armamento que reciben corporaciones policíacas. Sin embargo, es urgente que el Congreso, en particular el Instituto Belisario Domínguez del Senado pueda revisar la problemática de las armas y los términos del contrato Sedena-Sig Sauer para imponerle algunas condiciones y para explorar la posibilidad de cancelarlo. Es igualmente necesario que algunos legisladores conscientes se involucren en este tema.

Nuestra seguridad requiere de una cirugía mayor y una estrategia integral que dé garantías a las fuerzas armadas y reestructure a las policías teniendo como prioridad la protección de la sociedad. Ante el pasmo presidencial, corresponde al Congreso  investigar lo que está sucediendo con las armas, recordando que es una variable fundamental para frenar la sangría y entender aquellas regiones que se encuentran en situación de guerra. 

La miscelánea

Entre los muchos pendientes para el Congreso está averiguar quién lleva la política de seguridad con los Estados Unidos. Dolia Estevez difundió primero que el 31 de enero hubo una reunión secreta, en Tapachula, entre Luis Videgaray y los comandos Sur y Norte de los Estados Unidos. El encuentro fue negado por la Secretaría de Relaciones Exteriores pero confirmado por Reuters, un vocero de la Embajada de Estados Unidos en México y el Pentágono. ¿Quiénes asistieron y qué acordaron? ¿También le entregaron la seguridad nacional a Videgaray? ¿Qué les pasa?

 

 

 

El Mecanismo

 Año record: 11 periodistas asesinados.

Mientras se sofistica y propaga el acoso al periodismo independiente, las instituciones estatales se burocratizan y autolimitan.

La Embajada de Suecia organizó la semana pasada una reunión con una muestra representativa de periodistas amenazados de todo el país. Explicaron, ante diplomáticos y funcionarios federales, la precariedad de su existencia y la cortedad de las políticas gubernamentales de protección.

En mi experiencia es más riesgoso opinar ahora que en el México de Gustavo Díaz Ordaz. Se multiplican, sofistican y diversifican las agresiones y el Estado crea instituciones con poca capacidad de respuesta; sin profundidad, profesionalismo y audacia. Tomo como ejemplo al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo).

Es indudable que el Mecanismo mejoró en actitud y eficiencia durante la gestión de Sara Irene Herrerías. Progresó, pero le falta. Su nueva titular, Patricia Colchero y el subsecretario Roberto Campa, tienen la oportunidad de erradicar la modorra burocrática y reconocer que tras las amenazas hay patrones en constante renovación. Es el caso con la difamación por Internet, las demandas por daño moral y la parcialidad de los jueces que analizo tomando el caso de Carmen Aristegui y el mío.

En las redes sociales se difama, intimida y prepara el terreno para agresiones mayores. En octubre de 2015 critiqué al entonces gobernador Javier Duarte y es posible que él estuviera tras un texto virulento y difamatorio de Francisco Rodríguez quien me acusó de robarme “250 millones de pesos del presupuesto” del Archivo General de la Nación. Encontré evidencia de una agresión bien estructurada; la presenté al Mecanismo que evadió el asunto. Reconoció la “animadversión” pero no detectó “una intención de causar algún tipo de daño a [mi] vida, libertad y/o integridad”. Fue una opinión carente de investigación. Tampoco lo han hecho con Carmen Aristegui, Denise Dresser y muchos más. Las redes, tan necesarias para la libertad de expresión, son instrumento de los enemigos de la libertad de expresión.

Humberto Moreira me tiene demandado por 10 millones de pesos y Aristegui carga el fardo de cuatro litigios. Las demandas por daño moral están siendo empleadas por políticos o empresarios que buscan castigar, desgastar e inhibir la crítica. Se benefician de que, por consigna o convicción, un sector importante del Poder Judicial aborrece al periodismo independiente. El Mecanismo ignora el carácter sistémico del acoso que sí es reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.

Es decir, hay formas de agresión ignoradas por el Mecanismo que carece de una visión integral de las amenazas. Está bien que atienda las particularidades de cada asunto, pero se olvida de los patrones que demuestran la existencia de una cultura arraigada de persecución al periodismo independiente. Tampoco ejercen a plenitud la facultad de coordinar otras instancias oficiales (CNDH, CSN y PGR). De hacerlo podrían combatir mejor la difamación, las demandas absurdas y la parcialidad de los jueces. El Estado receta analgésicos pudiendo diagnosticar el cancer y extirpar sus tumores.

Es posible que Campa y Colchero reorienten el andar de un Mecanismo burocratizado y autolimitado. En tanto se deciden, en la embajada sueca sentimos el  apoyo de los diplomáticos acreditados en México. Lo complementa el aliento que recibimos día a día de quienes valoran nuestro trabajo y el respaldo constante de organismos como Artículo 19 y Propuesta Cívica.

La libertad de expresión está amenazada. ¿Hasta cuándo se decidirán, el Mecanismo y el Estado, a proteger en serio la libertad de expresión?

 

La Miscelánea

Estamos indefensos ante una banca ineficiente, voraz y abusiva. Banamex-Citibank tiene nueve meses persiguiendo a una pensionada con discapacidad. Le cobra sus errores y deficiencias porque sabe que la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) es otra dependencia de nombre largo, presupuesto generoso y efectividad magra. ¿Habrá en el Congreso quienes defiendan a la pensionada y a los usuarios del expolio?  

 

 

 

Acción Urgente: Levantan a dos activistas Yaquis

La tarde del martes 13 de diciembre dos camionetas blancas Ford Lobo con cristales polarizados interceptaron el carro de Anabela Carlon Flores y su esposo Isabel Lugo Molina miembros de la Tribu Yaqui del pueblo de Loma de Bácum. De acuerdo unos testigos el carro de los activistas fue encontrado a las 7:30 PM vacio en medio de la carretera vecinal entre Bácum y Loma de Bácum, sin que se sepa de ellos hasta este momento.

Anabela es conocida por ser la abogada de la tribu yoreme de Loma de Bácum que está resistiendo en contra de la construcción del gasoducto “Sonora”.

Testigos también afirma que momentos antes de encontrar el carro de los activistas, otro vehículo de la comunidad en donde viajaban autoridades de la guardia tradicional de Loma de Bácum, fue interceptado por otras tres camionetas que buscaron descarrilar al carro donde viajaban los yoremes. Cuando la asamblea denuncio los ataques fue que se supo de la desaparición de la abogada yoreme y su marido.

 Anabela fue dejada en libertado el martes por la noche cerca de Providencia por donde se encuentra la laguna del Nainari en Cajeme y actualmente está en un lugar seguro. Sin embargo su marido Isabel Lugo Molina sigue cautivo por quienes los “levantaron”.

La comunidad yoreme sigue temiendo por la integridad física de Isabel Lugo y sostiene que tanto él como Anabela, fueron “levantados” y agredidos por ser parte de un movimiento de resistencia al gasoducto de la empresa Lenova, que pasa por su territorio.

Los yoremes de Loma de Bácum aseguran que los carros que los atacaron son iguales a las unidades que usaban la Policía Estatal Investigadora (PEI) para vigilar el pueblo después de que se declarara alerta por los incidente del 21 de octubre cuando se intento reiniciar las obras del gasoducto de la empresa Lenova, que pasa por su territorio sin el conceso, así como autorización de todos los pueblos, y a pesar de la suspensión ordenada por un Juez de Distrito.

Ahora la preocupación es por encontrar a Isabel Lugo Molina, esposo de Anabela Carlon Flores, con vida y sin daños a su integridad física.  Así como exigir el respeto a la Tribu Yaqui de Loma de Bácum, a su territorio y a sus derechos humanos e indígenas. 

Las mujeres de Sonora dijeron basta de feminicidios

Hoy las mujeres en Sonora dijeron basta de violencia de género y de feminicidios. Esta tarde salieron a las calles a marchar para exigirle a la Gobernadora Claudia Pavlovich que sea congruente  y que permita se levante la Alerta de Género, que la agenda de la mujer no debe beneficiar únicamente a las de la clase social más pudiente, que debe de tomar en cuenta  a las más vulnerables, a todas.

 

La marcha fue silencios, con las mujeres vestidas de negro y portando un velo por el luto que llevan al saber que este año ha aumentado el índice de femenicidios en la entidad. El punto de partida fueron las escalinatas del museo biblioteca Emiliana de Zubeldía, donde hace apenas 20 días en el día de muertos las mujeres del Observatorio Nacional del Femincidio capitulo Sonora, así como de otras organizaciones feministas de Sonora, hicieron un altar dedicado a todas las mujeres víctimas de feminicidio. En esta ocasión ya no se busco hacer un homenaje, esta vez se exigió.

 

Mientras se iban reuniendo las mujeres, poco a poco extendían un tendedero con bordados de hilo morado sobre pañuelos blancos. En estos se alcanzaban a leer los nombres de mujeres, su edad y el municipio donde fueron víctimas de un femincidio. Eran los mismos bordados que hace un par de años estuvieron en el Congreso de Sonora exigiendo la tipificación del feminicidio en Sonora, son la memoria de las victimas que no se cansan de pedir justicia y que las acompañarían en esta marcha.

 

La comitiva salió ya a obscuras porque la policía  tardo en llegar para acompañar a la marcha y ayudar con el tráfico. El recorrido no era muy complicado, era únicamente recorre el Blv. Rosales, cubriendo dos carriles, hasta llegar al Blv.  Hidalgo para ir a la plaza Zaragoza frente al palacio de gobierno. En el camino, el tendedero de bordados era llevado del lado donde pasaban los carros como una cinta de contención pero también para recordarle a los automovilistas los nombres de las mujeres por las que se estaba marchando.

 

 Frente al palacio de gobierno la consigan que las mujeres gritaban era la de #NiUnaMenos, todas la gritaban un y otra vez mientras sostenían una lona gigante que pedía un contundente #AltoAlFeminicidio, así como los bordado de las víctimas del peor crimen de odio que se puede hacer contra una mujer. En la entrada se colocaron velas que representaban a las mujeres que ya no estaban, ponerlas allí fue un acto simbólico que los guardias no entendían y por eso mismo intentaron quitarlas, porque creían que estorbaban, pero las mujeres fueron insistentes y las velas se quedaron.

 

Como cierre de la marcha se leyó un comunicado en el cual se le exigió públicamente a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano que se diera la Alerta de género en Sonora y que se siguiera las recomendaciones para combatir la violencia contra la mujer, así como para que también se capacitaran a las autoridades en el uso de los protocolos de género para los casos de feminicidio y de violencia contra la mujer.

 

De acuerdo a datos oficiales en Sonora se han registrado 37 casos de femincidios, la mayoría de ellos en los municipios del sur de la entidad. Sin embargo de acuerdo a los datos del Observatorio Nacional del Feminicidio, capitulo Sonora, estos pueden ser más porque la autoridad no ha implementado todas las recomendaciones que se les han hecho para contribuir en informar a la población sobre los patrones de violencia de género que se están dando en determinados territorios.

 

Las condiciones de inseguridad que tiene las mujeres también son responsabilidad del estado, que a pesar de que sea gobernado por una mujer y de que supuestamente le está abriendo camino a su género, no ha respondido a la petición de declarar una alerta de género en Sonora por la situación de violencia en cuestión de feminicidio que han hecho muchas mujeres de la sociedad civil organizada como las del Observatorio Nacional del Feminicidio.

El acontecimiento Ayotzinapa

Ayotzinapa es un acontecimiento en la vida política de nuestro país. La desaparición de 43 estudiantes normalistas –además del asesinato de otros tres, junto con tres civiles y un saldo de ochenta heridos, uno de ellos un estudiante que todavía permanece en estado de coma-, sigue produciendo dos años después una corriente de flujos colectivos que modifican subjetividades, cuerpos y prácticas sociales. La rápida acción conjunta de estudiantes y madres y padres de familia, en redes sociales, medios, colectivos, organismos de derechos humanos e instituciones internacionales, dio difusión a lo ocurrido y concitó un amplio apoyo nacional e internacional. Muy pronto también se hizo visible, para quienes dentro y fuera del país no habían querido verla, la existencia de decenas de miles de desaparecidos en un territorio nacional sembrado de fosas clandestinas.

Un acontecimiento no está dado por lo que sucede sino por la manera como eso es transformado por las subjetividades a las que les sucede. Un acontecimiento puede estar ligado en principio a una herida, en este caso una herida colectiva, pero aquí el acontecimiento como tal tiene lugar cuando el dolor da paso a la rabia y ésta se convierte en protesta, movilización y organización. El giro que dan padres, madres y compañeros de los normalistas desaparecidos, de la posición de víctimas a la de subjetividades en rebeldía constituye un llamado a diversos grupos y sectores sociales que se articulan en su cuestionamiento al régimen político y, en ocasiones, a la viabilidad del Estado mexicano mismo. El acontecimiento provoca un movimiento subjetivo en el que los implicados pueden reconocerse como aquellos que eran antes de una mutación que los ha convertido en algo distinto, que ya no puede ser situado con las identidades de lo que fue, puesto que en el trayecto han surgido nuevos afectos y flujos deseantes. Son los mismos que surgieron del dolor compartido y simultáneamente otros, distintos y radicalmente nuevos: resultado de una subjetivación que produce el acontecimiento como articulación de sus diferencias.

El mosaico de posiciones da pie a la movilización transversal de grupos, colectivos y organizaciones, dando forma a multitudes en las que confluyen subjetividades múltiples que han hecho tambalear prácticas políticas tradicionales: los representantes se han evaporado, nadie puede representar a nadie en sus pasiones y sus actos; las jerarquías han desaparecido, nadie tiene el mando y por lo mismo no hay a quién obedecer; las subjetividades y los cuerpos en la multitud accionan fuera del poder, no buscan ni tomar ni ejercer el poder del Estado; esas multitudes desbordan las identidades de quienes participan en ella, dado que una multitud solamente existe en los actos políticos que lleva a cabo, dando lugar a un flujo deseante que trastoca las relaciones políticas preexistentes, a partir de la búsqueda compartida de lo que hace posible una vida deseable. Toman relevancia las pasiones comunes, mostrando que la política no puede ser reducida a la razón –de Estado, del cálculo de fuerzas, del equilibrio liberal de poderes–, sino que es ese territorio donde las pasiones hacen lazo entre los cuerpos y los colectivos. ­

Para esas multitudes va quedando claro que las miles de desapariciones forzadas que están ocurriendo en los últimos años en México no son solamente un asunto de derechos humanos y de justicia, sino que son ante todo un problema político, el más grave que atraviesa el país. De ahí que el valor de la vida queda situado en el corazón de las prácticas políticas, sobre todo cuando el capitalismo tiene como eje de acumulación de riquezas el despojo de vidas, tierras y recursos naturales, volviendo indistinguibles negocios lícitos e ilícitos, economía legal e ilegal, Estado y crimen organizado.

De ahí también que un resultado del acontecimiento Ayotzinapa –al que se han sumado otros que han puesto al descubierto la mafialización del Estado– sea una catástrofe sin precedentes en la legitimidad estatal, sumada al descrédito internacional del grupo gobernante. Más allá de los criterios numéricos para valorar las protestas en las calles y espacios públicos, tal erosión del poder no parece tener retorno posible. En esto, la decisión del movimiento de familiares y estudiantes de Ayotzinapa de no negociar con los representantes del Estado, ni aceptar dádivas o “tomarse la foto” con funcionarios, ha sido determinante. Si la masacre de estudiantes del 68’marcó el inicio del derrumbe del régimen priista de partido de Estado, la masacre y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa marca el inicio del derrumbe de la democracia reducida al señuelo del voto y la representación política que vuelve invisibles a los representados.

La desaparición forzada introduce un umbral de indistinción entre la vida y la muerte, una continuidad topológica vida/muerte en la que no es posible decir que alguien desaparecido sigue con vida o que ha muerto, ni vivo ni muerto es el peculiar estado de existencia de alguien desaparecido, lo cual para sus familiares y seres queridos introduce una pérdida que no se consuma como tal por un tiempo indefinido. Frente a esta pérdida redoblada –la de su ser querido, la de la certeza que puede surgir de la constatación de su vida o su muerte–, los colectivos de familiares han inventado agenciamientos colectivos de enunciación que van más allá del Estado: protestas, movilizaciones, propuesta de leyes, denuncias ante instancias internacionales, investigaciones por cuenta propia, búsqueda directa de fosas clandestinas, uso de recursos tecnológicos como análisis de ADN y drones. Es aquí donde el dolor se anuda con formas diversas del amor, no solamente el amor a quien está desparecido, también modalidades como la amistad y los lazos de complicidad. 

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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