NUESTRA APARENTE RENDICION

No se mata la verdad

Publicado en Lydia Cacho: PLAN B

Hace un par de semanas recibí la llamada de un joven colega. Rubén me preguntó cómo llevaba tantos años manejando el miedo, cómo se aprende a procesar una interminable cantidad de amenazas de muerte, unas veladas y otras claras y directas.

Para este joven foto reportero, corresponsal de la agencia noticiosa gráfica Cuartoscuro y de la revista Proceso, el insomnio, la falta de apetito, la depresión a que siempre quiso llamar tristeza para no invocar su dura presencia cotidiana, eran enemigos con los que había que acostumbrarse a vivir.

Lo recomendé con una terapeuta especializada en estrés postraumático, ese síndrome que se convierte en daño colateral de la labor de periodistas y de quienes defienden profesionalmente los derechos humanos.

El estrés postraumático es ese oscuro pasajero que se asienta en la vida de quienes viven formas intensas sistemáticas o instantáneas de violencia y que ponen en riesgo la integridad física y la salud  emocional de la víctima.

Rubén había aprendido a entrenar a sus colegas en asuntos de seguridad: cómo documentar gráficamente las injusticias, las manifestaciones cívicas, haciendo estrategias de seguridad personal y de protección del material gráfico que se convierte en evidencia pura y dura de la realidad.

Rubén como otros colegas, hombres y mujeres, recibió ayuda de la organización Artículo 19 para huir de Veracruz a exilarse, y junto con valientes periodistas gráficos que se unieron en el grupo #FotoperiodistasMX, decidió no darse por vencido a pesar de las duras y reales amenazas de muerte que había recibido a lo largo de los últimos años por hacer un buen trabajo en Veracruz, todo está documentado.

Rubén, como otras colegas, se vio forzado a emigrar a Distrito Federal, allí convivía con amigas cercanas, como la activista, artista y antropóloga Nadia Vera, perteneciente al movimiento #YoSoy132 de Xalapa.

“Considérate enemigo del pueblo” le dijo alguna vez el vocero del gobierno de Veracruz al impedirle la entrada a una conferencia de prensa en que el gobernador Duarte hablaría.

Eso sucedió a partir de la publicación de una ya famosa portada de la revista Proceso en que Duarte aparece con un inquietante rostro que emana desprecio, portando una gorra policíaca. En esas fechas la gente se manifestaba en las calles  de Veracruz contra las malas prácticas gubernamentales, la corrupción, la impunidad e inseguridad. Lo hacían con frases ahora famosas que según el propio Espinosa indignaban al equipo de seguridad del gobernador, muchas de estas expresiones hacen alusión al sobrepeso del mandatario, a su talante iracundo, violento, racista y sexista.

Lo cierto es que Rubén Espinosa, era un buen fotógrafo, hizo cientos de piezas importantes, logró hacer con una imagen lo que las palabras jamás hubieran logrado de manera seria en una página noticiosa: dejar que el propio personaje se mostrase sin filtros, su metalenguaje de puños cerrados, mirada rabiosa, con su nombre y puesto bordado en la camisa “Javier Duarte. Gobernador” dicen las letras rojas en su pecho, como para que nadie lo ponga en duda.

“Gobernador” anuncia su gorra con la insignia policíaca que es una estrella plateada a la vez que símbolo de poder y control social. Pero eso no fue lo que más le indignó, según el autor de la fotografía, para el gobernante la afrenta fue el close-up que muestra también una obesidad mórbida por la cual siempre se ha sentido inseguro y blanco de la mofa de propios y extraños. De allí que tenga fotógrafo oficial, responsable de tomarle siempre en ángulos favorables.

Parecería nimio o ridículo asegurar que muchos gobernantes se enconan de forma personal con ciertos periodistas (hombres o mujeres) que evidencian algo inocultable de su personalidad que pretenden esconder y que les genera inseguridad. No solamente hablamos de la estructura corporal, también de los gestos que delatan a todas las personas por más que intenten reservarlos.

Rubén me dijo que el vocero había comentado que al gobernador le enfurecía también  ese otro famoso close-up de Cuartoscuro, en que a Duarte parecen brotarle los ojos como a una gárgola colérica, en que aventaba el cuerpo contra las periodistas que lo inquirían y a quienes mostraba los dientes en señal de rabioso ataque.

Una y otra vez le advirtieron a Rubén que ya no debía vivir en Veracruz, que estaba en la lista negra de los enemigos.

Rubén no tuvo tiempo de acudir a terapia para sentirse aliviado de su angustia, ni para explorar la ansiedad que le causaba escuchar a tantos y tantas colegas expresar sus miedos y las amenazas que reciben a diario por ejercer periodismo o activismo derechohumanista. Fue asesinado  junto con la defensora Nadia Vera, una joven valiente de voz sólida y mirada luminosa que confrontó al poder y las injusticias en Xalapa. Otras tres mujeres fueron victimadas con ellos con un arma 9mm de uso militar, con disparos limpios, firma característica de sicarios.

Sólo quien vive bajo amenazas sabe que el reloj marca las horas de forma diferente. No simplemente se vive el miedo propio, también acosa el duende de la autocensura que hace que nos preguntemos ¿de verdad valdrá la pena el riesgo por develar una tropelía más en un país de indignos gobernantes? Sólo para responder que siempre vale la pena decir la verdad, trabajar contra la ignominia, intentar construir un país en que valga la pena vivir, crecer, amar.

También está siempre presente la culpa de la y el sobreviviente, esa que se lleva como un tatuaje cuando las amenazas son compartidas, hasta que una mala noche nos enteramos de que le llegó la muerte largamente advertida a esa persona con la que apenas hablamos, que tenía fe, que creía en la ética, con quien nos repetimos como un mantra seguro que no se atreverán a matarte, no después de haberlo denunciado tanto, no después de haber señalado abiertamente a tu potencial asesino. Seguro que no te matarán.

Puedo escuchar la voz de Rubén como escuché la de otras tantas y tantos colegas canturrear en una marcha solidaria, codo a codo: No se mata la verdad matando periodistas.

 

 

 

 

El México bronco

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un duro informe sobre la tragedia en Iguala. Para aquilatarlo hay que revisar el contexto.

En 1968 el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó operativos que provocaron violaciones masivas de derechos humanos y la muerte de 44 inocentes en Tlatelolco (utilizo la cifra de Kate Doyle y Jacinto Rodríguez Munguía). Era el monarca de un Estado fuerte que controlaba a casi toda la sociedad con mano de hierro; entonces no había instituciones que ampararan víctimas.

Después del 68 vino una apertura que Jesús Reyes Heroles justificó con dos frases que formarían parte del lenguaje político cotidiano. Para evitar al “México bronco” el priismo debía crear instituciones que frenaran los abusos porque “lo que resiste, apoya”. El político veracruzano fue celebrado y citado una y otra vez; pero rápidamente fue desechado.

Hace 25 años nació la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al principio señaló los errores, omisiones y excesos de los gobernantes. Los partidos pronto la castraron echándole talegas de presupuesto y poniéndole presidentes grises y timoratos. Se convirtió en una costosa burocracia, utilizada para cultivar clientelas y complicidades (algunos senadores fueron muy favorecidos). Durante muchos años fue un ostentoso florero que se ponía en los presídiums para pregonar el falso compromiso del Estado con los derechos humanos.

La tragedia en Iguala –septiembre de 2014– desnudó la simulación y pudimos ver a un Estado débil, un presidente ausente e instituciones, como la CNDH, incapaces de atender a las víctimas. Raúl Plascencia andaba haciendo campaña para su reelección pero ni por eso fue a dialogar con los padres de las víctimas de Ayotzinapa que reaccionaron negándose a recibir a los visitadores de la CNDH. Perdió el cargo y los senadores entendieron que debía cambiarse el perfil del ombudsman nacional.

El 13 de noviembre de 2014 fue elegido Luis Raúl González Pérez y los senadores le pidieron que se reuniera a la brevedad posible con los padres de los normalistas (lo hizo en febrero de 2015). Un día antes el ejecutivo había firmado un Acuerdo de Asistencia Técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que enviaran a México un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Grupo) que recorre México desde hace meses. Con Luis Raúl y el Grupo buscaban la credibilidad perdida.

Este 23 de julio, el ombudsman lanzó una señal de autonomía al presentar un duro informe montado sobre la tesis de que Iguala es “el más grave conjunto de violaciones a los Derechos Humanos […] de cuantos haya memoria reciente en este país.” Es un documento con algunas omisiones (es preliminar) pero entre sus méritos está tirar la “verdad histórica” presentada en enero por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

El informe desnuda el patrón de incompetencias y descuidos del Estado mexicano. La CNDH señala los errores y asigna tareas a la PGR, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las autoridades estatales y municipales de Guerrero. También recuerda que en seguridad hay desigualdad; salvo los mexicanos cuidados por Guardias Presidenciales o por mercenarios importados de Israel, la población está a merced de una delincuencia cruel y de un gobierno débil e inepto.

El 1º de septiembre Enrique Peña Nieto presenta su Informe y a los pocos días hará los mismo el Grupo (el texto final de la CNDH no tiene fecha). Es indispensable que el ombudsman y el Grupo concilien sus investigaciones para evitar el desperdicio de recursos, talento e información. Son evidentes las ventajas del trabajo coordinado. La CNDH tiene competencia para entrevistar a los militares que estuvieron en los municipios de Iguala y Cocula durante la tragedia, y el Grupo tiene más libertad para ir hasta el fondo en el delicado tema de la manera como los funcionarios y los políticos de todos los niveles subrogaron el monopolio en el uso de la fuerza a grupos criminales. Habría otras áreas  de complementariedad.

El trabajo combinado de la CNDH y el Grupo permitiría tener una visión más profunda y creíble sobre lo ocurrido. El “México bronco” ya despertó y anda causando destrozos por todo el territorio; la sociedad necesita que la CNDH y el Grupo diagnostiquen lo sucedido en Iguala y deriven propuestas de validez general. Seguramente se enojarán y repelarán quienes gobiernan. Hay que recordarles que “lo que resiste, apoya”.

 

 

 

Cués y Toledos

Gabino Cué es arquetipo de los gobernantes que traicionaron sus promesas; Francisco Toledo es ejemplo de compromiso ciudadano. Esto sucede en Oaxaca, pero podría ser en casi cualquier ciudad mexicana.

En 2010 la mayoría de los oaxaqueños se embriagaron de “gabinomanía” convencidos por una coalición de partidos —PAN, PRD, Convergencia y PT— y organismos ciudadanos. Gabino ganó la gubernatura y parecía que Oaxaca se convertiría en cornucopia de transformaciones tan apetitosas como su gastronomía. "Oaxaca ya tiene otro rostro”, presumió Cué el día de la victoria, para luego hacer una promesa: “voy a aplicar la ley”.

El pasado jueves 16 de julio, Cué escuchó en la capital los reclamos por su capitulación frente a la poderosa Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En respuesta a una diputada se interroga a sí mismo: “Qué hace el gobernador de Oaxaca cuando llegan mil maestros a tomar una instalación”, y luego se explica: “yo, diputada, necesito cuando menos 3 mil elementos para desbloquear eso”, lo cual es imposible porque es el total de la policía estatal. 

  Gabino Cué sufre de amnesia ética. La capital de Oaxaca está llena de las heridas y cicatrices causadas por el urbanismo salvaje. Iniciaba 2014, cuando el secretario de Turismo, José Zorrilla, anunció que se preparaba el proyecto de un Centro de Convenciones en el Cerro del Fortín, principal pulmón verde de la ciudad y un espacio de enorme simbolismo histórico y cultural. 

Once meses después, en noviembre, Zorrilla tuvo que excusarse de seguir participando por estar inmerso en un conflicto de interés; es copropietario del Hotel Victoria, vecino del Centro de Convenciones y, por tanto, beneficiario directo de esta construcción de 600 millones de pesos de recursos públicos. Una vez más, se repite la historia del funcionario agraciado, como por arte de magia, por la obra pública.

Gabino minimizó el hecho diciendo que Zorrilla es socio pero no dueño. Si no hay problema ¿por qué se excusó de participar?, ¿cuántas acciones tiene?, ¿quiénes son los otros socios? Lo único que sabemos es que Zorrilla sigue en el cargo y que es tan cercano a Cué que el día de las elecciones en el 2010 Gabino instaló su cuartel general en el Hotel Victoria.

Con esa actitud el gobernador se convierte en cómplice de cualquier irregularidad y en presunto beneficiario de las posibles ganancias. Al paso que va, pronto veremos aparecer en pantalla a Cué, muy serio diciendo que “Gabino y el Verde sí cumplen”.

El ataque al Cerro del Fortín provocó una revuelta ciudadana que tiene como principal promotor a Francisco Toledo, un artista juchiteco de 75 años que sigue poniendo recursos, prestigio y tiempo a causas de beneficio general. El Frente en Defensa del Fortín hace peticiones justas al gobierno estatal: diálogo serio con la ciudadanía, respeto a la legalidad y el medio ambiente, transparencia y honestidad.

Visité Oaxaca y me quedé con la impresión de que la defensa del Cerro del Fortín tiene buenas posibilidades de éxito. Su argumentación es sólida, su crítica certera y sus peticiones sensatas. Por ahora, el proyecto ya entró al grueso catálogo de conflictos de interés. 

El proceder de Toledo trae a colación, una vez más, el asunto de la participación ciudadana bajo la premisa, verificable, que cuando el involucramiento es positivo beneficia a la democracia. En México se participa poco y por eso mismo se espera que aquellos con conciencia, tribuna o reconocimiento donen parte de su tiempo o recursos al interés general.

Es indispensable y urgente un mayor involucramiento porque el país vive un estado de emergencia. En las décadas que llevo estudiando nuestro sistema político jamás había visto tan debilitado y desorientado al Estado mexicano. Es un actor vapuleado y zarandeado por los poderes fácticos entre los cuales destaca por supuesto, aunque no solamente, la delincuencia organizada.

Involucrarse en asuntos públicos es un imperativo pragmático. La acción organizada puede frenar la voracidad o los desatinos de los malos gobernantes y puede apuntalar a quienes hacen un esfuerzo por gobernar pensando en las mayorías. No todos son corruptos. Actualmente, comprometerse es actuar en legítima defensa.

Cué habló mucho como candidato pero hasta ahora ha sido rehén de los maestros de la Sección 22 (imposible anticipar las consecuencias de la desaparición del Instituto Estatal de Educación Publica)  y vasallo de los depredadores urbanos. Toledo es más bien hermético pero ¡cuánto ha hecho por su estado! Necesitamos más, muchos más Toledos y menos, bastante menos Cués.

 

 

 

Tres gangsters

Para apreciar mejor lo qué significa la fuga revisemos la historia de tres gangsters.        

El crimen organizado se formalizó en 1932 y su gran sacerdote fue el italoamericano, Charlie “Lucky” Luciano (1897-1962). El colombiano Pablo Escobar Gaviria (1949-1993) trasladó el epicentro de esta actividad a Medellín y Joaquín “El Chapo” Guzman Loera llevó a una etapa superior las ideas de Luciano y los métodos del colombiano aprovechándose de nuestra priviliegiada ubicación geopolítica.

En 1998 Time calificó a Luciano como uno de los “titanes” estadounidenses del siglo veinte. Pocos años después, Forbes modificó el dictamen. El Chapo es el gangster “más grande de todos los tiempos”; para la DEA es el “padrino del mundo de la droga”. Tienen razón y lo fundamentaré con unas comparaciones.

Los tres fueron a prisión. A Luciano lo liberó el gobierno antes de tiempo por los servicios prestados durante la Segunda Guerra Mundial pero lo deportó a su natal Italia. Escobar Gaviria simplemente dejó un presidio que él mismo construyó y gobernó. El Chapo ya lleva dos escapatorias comprando funcionarios y derrochando inteligencia, organización y tecnología.

Guzmán Loera está pasando a la historia por su capacidad empresarial. Ha transformado a la Confederación de Sinaloa en una empresa globalizada y diversificada asentada sobre una sólida base social y territorial. El Chapo es temido, respetado y querido en sus territorios y seguro que en Sinaloa ya ensayan los corridos que estrenarán durante las celebraciones.

Me dirán que El Chapo es el retoño de un estado enclenque, ineficaz y corrupto. Es cierto, pero lo mismo pasó con los otros dos. Los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia tuvieron etapas de gran debilidad agravadas por su tendencia a evadir la realidad. El legendario fundador del FBI, John Edgar Hoover, rechazaba su existencia y en Colombia llegaron al extremo de aceptar que Escobar Gaviria, su gangster, se convirtiera en diputado suplente.

El intento del colombiano de meterse a la política y el uso del terror provocaron un rompimiento con las élites que, con el apoyo de Washington, eliminaron a Escobar Gaviria en un tejado de Medellín. Luciano murió por un ataque cardiaco propio de Hollywood. Esperaba, en un aeropuerto italiano, a los productores de una película sobre su vida y el vanidoso italoamericano ya había elegido al protagonista ideal. El Chapo, por el contrario, seguirá haciendo historia por un buen tiempo. 

Ahora bien, los Estados Unidos y Colombia corrigieron la negación y se lanzaron contra el crimen organizado al cual fragmentaron. El Estado mexicano, y en particular Enrique Peña Nieto, sigue sin reconocer el fracaso de la estrategia mexicana contra la delincuencia organizada. Cuando el presidente mexicano compareció en París era una coyuntura ideal para anunciar una revisión a fondo de las políticas; en lugar de ello nos informó, en cinco ocasiones, que ya había girado instrucciones e indicaciones a subalternos. ¡Por favor!

Es urgente que el Estado mexicano adopte una visión integral y regional que reconozca —sin proclamarlo— la existencia en México de dos estructuras de poder nacional. Una la encabeza Peña Nieto y la otra tiene como jerarca a El Chapo Guzmán. Los gobiernos mexicanos han seguido el ejemplo de los Estados Unidos y Colombia y han resquebrajado algunas bandas, pero sigue intacta la Confederación de Sinaloa que acaba de demostrar su consistencia, organización y poderío.

 Esa nueva política debería tomarse en serio el combate a la corrupción y al lavado de dinero además de legalizar rápidamente la marihuana para reducir en algo la riqueza de las bandas. Es mucho más urgente atender las conexiones de nuestra criminalidad con el exterior. México ni puede ni debe seguir actuando como un siervo de los Estados Unidos; tenemos que exigirles un esfuerzo serio para frenar ese contrabando de equipo bélico que arma a los criminales. Nuestro país debe también sacudirse el papel de gendarme de la frontera sur y lanzarse a promover enfoques comunes con el resto de la Cuenca del Caribe y entendimientos precisos con Guatemala y Belice.

En síntesis, necesitamos una política realista. Nos guste o no, El Chapo preside una organización criminal que tiene décadas aclimatándose a cada país como parte de un crecimiento regional. Y en su México florece la herencia de los Lucianos y los Escobares. A lo mejor y lo detienen pero con ello no desaparecerá el Estado paralelo que carcome a México.

 

 

 

El general y MAM

El secretario de la Defensa se queja de los gobiernos y malas policías locales, y el jefe de Gobierno y el procurador capitalinos se apresuran a validar la crítica.

Un general retirado, Jorge Carrilo Olea, me comenta que nuestro “ejército tiene mucho tiempo confundido en sus fines”. Y sí, quienes gobiernan este país han utilizado constantemente a las fuerzas armadas para funciones que no le corresponden. Lo novedoso es que el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, salió a inconformarse durante una entrevista a Carlos Benavides en El Universal(29 de junio de 2015).

El general habló claro. “No nos sentimos a gusto haciendo funciones de policía”. Cumplen porque es una orden presidencial y saben que “de no hacerlo nosotros, en este momento no hay quién lo pueda atender”. Añadió que urgen “cuerpos policiacos más capacitados, mejor preparados, mejor armados.” El general no responsabilizó al presidente Enrique Peña Nieto pero sí a mandatarios locales. “En la gran mayoría [de las entidades] no veo esfuerzos decididos porque estas policías avancen”.

La entrevista al general apareció el lunes, para el  sábado 4 de julio, en Reforma, se publicó como nota principal —no firmada— un reportaje sobre la colonia Condesa donde una “red de extorsionadores tiene contra la pared a restauranteros”. El texto describe con detalle la forma cómo vigilan a las víctimas potenciales y se documentan sobre sus ingresos y vulnerabilidades para luego presentar peticiones monetarias muy precisas. En caso de negativa o resistencia los ejecutan. 

La estrategia de seguridad depende de la conceptualización del riesgo. Miguel Ángel Mancera (MAM) y su equipo niegan que haya delincuencia organizada en la capital porque los ochenta mil policías de proximidad y cuatro mil de investigación operan con mando único, por las peculiaridades urbanísticas (el tráfico, por ejemplo) y por la organización social. Aceptan que en el DF hay delincuentes, venta de drogas, armas y lavado de dinero, pero no crimen organizado.

Es una tesis endeble y discutible porque ignora la enorme capacidad de adaptación que tienen las bandas criminales que funcionan de manera diferente en Tamaulipas, Sinaloa o en los municipios conurbados del Valle de México. La reacción del gobierno capitalino ha sido contradecir el reportaje de Reformao las noticias emitidas por otros medios (fue el caso con Enfoque Noticias que conduce Leonardo Curzio).

El GDF recurrió al show y las declaraciones. El procurador Rodolfo Ríos dedicó su fin de semana a recorrer bares y restaurantes de la Condesa donde iba preguntando, frente a las cámaras, si habían sido extorsionados o amenazados por la delincuencia. Los interpelados respondían una y otra vez que “no”. Además reclutaron a los organismos empresariales del ramo quienes salieron a declarar, después de una reunión con las autoridades, que a ellos jamás les ha llegado una denuncia.

El segundo espectáculo fue igual de lamentable. También el fin de semana lanzaron un operativo en la Condesa con centenares de policías uniformados (innecesario si no hay ninguna denuncia ni existe crimen organizado). Una fotografía de Ricardo Moya muestra a un grupo de policías con sus rifles de asalto y sus chalecos antibalas sobre las cuales aparece un gran letrero proclamando que son de “inteligencia”. Exhibicionismo absurdo si se recuerda que la inteligencia requiere discreción.

La negación de las autoridades capitalinas valida el reclamo del general Cienfuegos de que la mayor parte de las entidades hacen poco para combatir en serio al crimen organizado. Este zipizape debería servir como un recordatorio a Morena de lo mucho que deberá hacer para distinguirse de los gobiernos perredistas.

La tribu de René Bejarano entregará la Cuauhtémoc —donde está la Condesa— a Ricardo Monreal. Sería deseable que el delegado electo no se apresure a lanzar declaraciones sino que se empeñe en diseñar estrategias que tomen en cuenta las peculiaridades del crimen organizado. La delegación Cuauhtémoc y la capital están urgidas de políticas integrales que atiendan simultáneamente los métodos de operación del crimen organizado y sus bases económicas, sociales y culturales.

A la nación conviene que las fuerzas armadas vayan regresando a sus cuarteles. Es indispensable que las policías mejoren. En el Distrito Federal la sociedad organizada debe enseñar a Miguel Ángel Mancera y su equipo que ellos tampoco entienden que no entienden.

 

 

 

Riña de compadres

A la memoria de Óscar Isidro Ortiz Reyes, íntegro y digno hasta el final

El gobierno mexicano le reclamó a Washington por el contenido del Informe 2014 del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en el país. La explicación está en el viraje que está dándose en la política sobre el tema.

Desde 1977 el Departamento de Estado  hace un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Usualmente pasa desapercibido el que se refiere a México; la semana pasada la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió al de 2014 con un breve comunicado pidiendo cambios en las “mecánicas unilaterales de revisión”, sin fundamentar lo que dice ni explicar lo que quiere.

Los informes de los tres últimos años son tan parecidos que el llamado Resumen Ejecutivo repite ideas y copia párrafos. Siempre dicen que la situación está mal, enumeran hechos y maquillan realidades incómodas. Lo demuestro.

 Washington sufrió un ataque de amnesia selectiva al hablar de los migrantes que tuvieron la desgracia de atravesar México. A mediados del 2014 se desencadena el escándalo por la invasión de menores no acompañados a los Estados Unidos. Para Barack Obama fue una “tragedia humanitaria” y para resolverla conversó con Enrique Peña Nieto en junio de 2014. Ignoramos lo que se dijeron, sabemos que desde entonces el programa mexicano Frontera Sur hace el trabajo sucio de Washington encarcelando y deportando migrantes. 

Emilio González González estudia el tema y me proporcionó unas inquietantes cifras recibidas del Instituto Nacional de Migración. En 2013, México deportó a 6,651 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños; en 2014, ya fueron ¡113,583! y cuando termine 2015 superarán los 150 mil. Después de junio del 2014 el Departamento de Estado calla sobre los maltratos y extorsiones que padecen los migrantes de manos de delincuentes y autoridades mexicanas.

Dado que esta forma de manejar los temas incómodos es lo común en estos Informes anuales, sostengo que el reclamo mexicano responde, más bien, a un viraje de fondo en la política mexicana. En algún momento del año en curso el peñanietismo se decidió a frenar o neutralizar las críticas y señalamientos del exterior. Y para demostrar que va en serio le levantó –un poquito– el tono de voz a Washington.

El momento más claro del viraje fue el agarrón que se dieron sobre la tortura –entre el 9 de marzo y el 5 de abril de este año– el gobierno de México y Juan Méndez, relator especial de las Naciones Unidas. México enfureció porque Méndez escribió que “la tortura y los malos tratos son generalizados en México”. Lo curioso es que un año antes (mayo de 2014) Juan Méndez había presentado conclusiones preliminares y aseguró que "aún persiste una situación generalizadadel uso de la tortura y malos tratos en México". En 2014 Relaciones Exteriores le agradeció las recomendaciones, y en 2015 se le lanzó a la yugular.

El mismo comportamiento se observa en Ayotzinapa. Para responder a las críticas, el gobierno mexicano invitó –y hasta financió– a un grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; en el Informe que rindió este grupo el pasado lunes hablaron de que está cayendo una “nube de silencio” sobre el tema. Así era antes.

El retroceso también se advierte en la remoción de Miguel Sarre a la candidatura para formar parte del Comité contra la Tortura de la ONU; quitaron al experto y pusieron a un diplomático experimentado en seguir las instrucciones gubernamentales. En círculos bien informados aseguran que crece la añoranza en el ejecutivo por los suaves modos de Raúl Plascencia, el anterior presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; les indigestan cada vez más las decisiones y pronunciamientos del titular, Luis Raúl González.

El esfuerzo por acallar voces incómodas ni resuelve el drama de las víctimas abandonadas, ni frenará el escrutinio internacional porque México ya está, por fortuna, abierto al mundo. Hay que reconocer que el gobierno tendrá aliados, y entre ellos destaca Washington, cuya complicidad desaparecerá cuando la comunidad de derechos humanos de aquel país, o algún congresista, descubran que los Informes sobre este tema en México son complacientes, mañosos y poco útiles.

En ese marco ubiquemos el críptico reclamo mexicano por el Informe anual del Departamento de Estado. Es el típico desplante de una riña entre dos alegres compadres a los que importa muy poco lo que pasa con las víctimas.

 

 

 

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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