NUESTRA APARENTE RENDICION

Las incertidumbres en el desierto

Quienes vivimos en Sonora hemos desarrollado una tolerancia a las altas temperaturas que muchas veces nos llena de orgullo porque somos consientes de cómo no cualquiera puede aclimatarse si antes no pasa por un proceso de adaptación paulatino. Por esto siempre les decimos a nuestros amigos foráneos que nos visiten en otoño o en invierno, que por ningún motivo se les ocurra venir en verano. Sin embargo esta advertencia que lanzamos a quienes pueden venir en avión con planes de turismo o de negocios, no se la podemos hacer al migrante que pasa casi invisible por nuestras ciudades. Es más, aunque pudiéramos hacerlo, sabemos que a ellos la incomodidad del calor no les importa, en su mente esta algo más.

 

De acuerdo al Dr. Rolando Díaz del Colegio Sonora en la frontera entre Sonora y Arizona se han registrado del 2001 al 2013 2184 muertes de migrantes que intentaron superar el desierto en búsqueda del sueño americano. La causa de estas muertes en tres cuartas partes son provocadas por la hipertermia, el golpe de calor o la deshidratación, todos males provocados por las altas temperaturas.

 

Desafortunadamente la necesidad de enfrentarse a este alto riesgo a la salud para el migrante es inevitable o es simple y sencillamente un mal menor frente otras opciones que les parecen más aterradoras que la inmensidad del desierto. De acuerdo a un estudio en el que trabajo el Dr. Díaz, en el 2014, la tercera parte de los migrantes que entrevistaron no consideraban a las altas temperaturas un problema para su salud y de alguna manera las minimizaron después de compararla con otros riesgos como pueden ser el crimen organizado o incluso los militares y policías federales.

 

El sol es un asesino silencioso implacable a quien los migrantes desafían todo los días porque la violencia , tanto del crimen organizado como de las autoridades,  ya sean policías federales o militares, cada vez los orilla a buscar rutas migratorias más riesgosas. La tragedia humanitaria que es la migración por México es tan fuerte que también tiene de aliado al sol.

 

Los retenes del Programa Frontera Sur

El Programa Frontera Sur (PFS) fue propuesto por el ejecutivo federal a partir de una serie de compromisos que adquirió con los Estados Unidos por la dramática situación de la niñez migrante. Con este programa, por lo menos en discurso, se prometió un enfoque integral para fomentar el desarrollo, la seguridad y los DDHH en la frontera de México, Guatemala y Belice. Sin embargo, las única medida que se ha tomado es la de reforzar tanto el lado sur de  frontera con los Estados Unidos como las rutas migratorias con redadas  en hoteles y aumentando los retenes en busca de migrantes, detonando así la detención de migrantes entre julio del 2014 y junio del 2015.

 

De acuerdo con el informe “Un camino Incierto” realizado por la Oficina en Washington para Centro para Asuntos Latinoamericanos (WOLA),  FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación y siete albergues  y organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, entre las cuales están las casas migrantes que conforman la Red Sonora; el PFD ha detonado las detenciones arbitrarias de los migrantes, de 97 mil 245 migrantes detenidos de julio del 2013 a junio del 2014 se paso a 168 mil 280 de julio de 2014 a julio de 2015. El aumento de estas prácticas por parte de las autoridades mexicanas, no da muestras de un avance significativo en la sanción a los grupos criminales, policías, militares y agentes del INM que se aprovechan de los migrantes vulnerables.

 

Las detenciones que se realizan en el marco del PFS están acompañadas de agresiones físicas y psicológicas además que en ellos se despoja al migrante de sus pertenencias y dinero, en este sentido los operativos de “rescate” en realidad son usados para robar al migrante. Aunado a lo anterior esta también que la Ley de Migración y su reglamento no especifica el fin y el alcance de la participación de otras autoridades en la realización de operativos con el INM. Esto implica que en el momento de que el INM solicita apoyo tanto al ejercito, como policías estatales o federal, existe un vacío que le permite a las autoridades actuar sin límites y regulación de su fuerza, lo que da pie a que se cometan violaciones de DDHH. Por este motivo es que consideran en el informe de “Un camino incierto” las organizaciones e instituciones que lo redactan, recomiendan a la SEGOB elaborar una regulación clara para la realización de los operativos en conjunto entre el INMy otras autoridades.

 

Extrañas coincidencias

A través de la información que da INFOMEX se puede conocer cuánto es el gasto presupuestal del INM, así como el gasto que tiene anualmente. De acuerdo a lo que se estipula en la Ley el presupuesto que recibe el INM es únicamente para el pago de nomina, los otros gastos de se cubren a través de lo que la institución recauda a través de multas y cuotas.

 

Anualmente el gasto presupuestal de la dependencia ha venido creciendo gradualmente, sin embargo, es a partir del PFS que este gasto se dispara con mayor fuerza. Los años anteriores el presupuesto ejercido superaba al aprobado por un 55%, 58%; mientras que en el 2014 el presupuesto ejercido era 70% más que el aprobado ese mismo año. Es notorio que lo que las recaudaciones del INM han crecido a partir del PFS y no es descabellada la relación que se puede hacer entre el incremento de las detenciones y el del presupuesto ejercido.

 

Para las organizaciones preocupadas por los DDHH de los migrantes en tránsito es preocupante la relación entre las detenciones y el aumento de gasto presupuestal porque considera que estimula la intensificación de la labor de control, a pesar de los impactos negativos que tienen  en los DDHH de los migrantes. De aquí la insistencia de que el PFS debe  transparentarse en su ejercicio presupuestal con el propósito de identificar los recursos que destinan todas las dependencias  a personas migrantes y lo que se hace con el dinero recaudado.

 

Violaciones  a los DDHH

Se sabe con certeza que los migrantes en tránsito son victimas múltiples delitos y violaciones de los DDHH tales como el secuestro, la trata, desaparición forzada, violación sexual, el asalto y el robo violento.

 

Los datos oficiales más actuales de la CNDH son del 2011 y en estos se estima que al año 20 mil migrantes son secuestrados. A la fecha no se sabe si estos niveles han subido o bajado, pero de acuerdo a los datos de las casas migrantes se puede ver que existe un aumento de 2013 a 2014. Desafortunadamente las muestras que alcanzan a recoger las casas migrantes son muy pequeñas y no son suficientes para un estudio integral que nos pueda dar una fotografía más amplia de la situación que viven los migrantes actualmente.

 

En cuanto al tema de la desaparición forzada la CIDH publica un  informe 2013 sobre los DDHHde los migrantes en México en el cual se señala que no existe un registro único sobre migrantes desaparecidos, y que las autoridades no mantienen cifras consistentes. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, experta en el tema  subraya  que no existe claridad con respecto a la cifra de personas desaparecidas y mucho menos si son migrantes. En este sentido estamos ante la incertidumbre que generan la falta de datos, pero también la preocupación del Estado mexicano por generarlos en una investigación que por obvias razones dejaría ver que el país pasa por una gran crisis humanitaria y que el PFS no está sirviendo para cambiar estas circunstancias. 

 

La información que logra recaudar las casas migrantes muestra una multiplicación de perpetradores a partir de la implementación del PFS, tanto de particulares (delincuentes comunes o crimen organizado) como de funcionarios públicos y en Sonora. De acuerdo a los datos que ha sistematizado la Red Sonora, los principales ataques a los migrantes en tránsito son violaciones a su patrimonio, lo cual va acompañado de restricciones al libre tránsito, detenciones arbitrarias, amenazas y tratos crueles por parte de la policía federal, policía preventiva y transito municipales, pero también de policía estatales, seguridad pública y el INM. Así pues vemos que de enero del 2014 a junio del 2015 los perpetradores más señalados son autoridades. En primera instancias la Policía Federal es señalada como responsable en un 29.8% de los casos de violación de DDHH de migrantes en tránsito en la entidad, le siguen las Policías Municipales y de Transito con 22.8%, Policías Estatales de Seguridad con 7%, PGR con 7.4%, policía 7%, Protección Federal 7%, INM 4.6%, crimen organizado 4.2%, seguridad privada 1.9%, PEI 1.9%, Policía Turística 1.9%, Coyotes 0.9%, Marina 0.9%, Patrulla Fronteriza 0.9%, SEDENA 0.5% y algún actor indefinido 0.5%.

 

La crisis humanitaria que se describe en el informe “Un Camino Incierto” en la parte de Sonora nos indica que para los migrantes lo más peligroso en este territorio no es el crimen organizado, sino las autoridades. Esta situación ha hecho que la ruta migratoria, sacando la vuelta a las autoridades, se desvié a las zonas más inhóspitas, donde las condiciones climáticas son más extremas y los migrantes estén más expuestos a las altas temperaturas de ese asesino silencios que es el sol del desierto del que habla el Dr. Díaz del Colegio Sonora. Los pocos estudios que se tienen de esta crisis humanitaria que es la migración por Sonora únicamente refleja la insensibilidad y esa necia visión neoliberal de las autoridades tanto estatales como federales que creen que negando la realidad hacen de la región y el país un lugar más atractivo para la inversión y el saqueo, generando más pobreza, así como motivos para migrar en la población más vulnerable. 

A la deriva

Desde el 16 de junio de 2015 Donald Trump nos insulta y utiliza para sembrar rencores. En los once meses que han pasado desde entonces Enrique Peña Nieto y su equipo han recorrido tres etapas de titubeos.

La primera fue la indiferencia total. Se justificaban diciendo que si le respondían a Trump estarían “engordándole el caldo”, que sería un error intervenir en la elección de otro país, que la respuesta debía venir de los mexicanos en los Estados Unidos, etcétera. En marzo de 2016 reconsideraron iniciándose un breve interludio. Ese mes el presidente dio una entrevista a Pascal Beltrán del Río (Excélsior) y sin mencionar a Trump por nombre sí comparó el contexto estadunidense actual con el que permitió la llegada de Mussolini y Hitler al poder. Ese mes renovaron personal y el 5 de abril a las 10 de la mañana anunciaron el cambio de subsecretario y embajador ante Estados Unidos.

Los relevos se hicieron porque, según la secretaria Claudia Ruiz Massieu Salinas, era necesaria una “postura diplomática más firme” y como parte de la formulación de una “estrategia integral”. Poco después el nuevo embajador Carlos Sada Solana reconoció, humilde, que “nos descuidamos”, y anunció que a partir de ese momento sería diferente: no dejaremos pasar “ataques injustificados”.

El relevo coincidió de casualidad con otro agravio. A las 3 de la mañana de aquel 5 de abril, The Washington Post citaba el documento en el cual Trump daba a conocer la manera cómo obligaría a México a pagar el muro. En su primer día como presidente, dijo, promulgará una “regulación” que permitirá controlar las remesas de mexicanos en los Estados Unidos. Si México no paga, frenará el envío de los 24 mil millones de dólares anuales. También piensa subir las tarifas por las visas que tendrán muchos más controles. Así se pagará el muro que, en el mundo de Trump, es una pieza central en su plan de regresarle grandeza a los Estados Unidos (Make America Great Again).

Un mes después del reemplazo de funcionarios, Trump se quedó como único aspirante a la nominación republicana. El 4 de mayo The New York Times publicó un reportaje explicando cómo serán sus primeros cien días como presidente. Uno de sus principales confidentes y consejeros, Roger Stone, reiteró que Trump cumpliría con su promesa del muro mexicano porque lo “ha dicho mil veces”. El candidato añadió que al terminar las primeras cien jornadas “el muro con México estará diseñado”.

Mientras el candidato ha seguido zarandeando a México el gobierno mexicano regresó al punto de partida. El 5 de mayo Claudia Ruiz Massieu Salinas estuvo en Sacramento, capital de California. Ni una sola vez se refirió a Trump por nombre. A lo más que llegó fue a lanzar una frase críptica en el último párrafo de su discurso ante el Senado de aquel estado: “No nos equivoquemos ni dejemos que nadie cree confusión”. La “firmeza” y la “estrategia integral” prometidas se evaporaron junto al subsecretario José Paulo Carreño y al embajador Sada (¿alguien los ha visto?). El 9 de este mes el presidente confirmó el retroceso: México no se meterá en el proceso electoral vecino. Trump puede seguir insultándonos y alentando el odio hacia nosotros en Estados Unidos.

Se entienden las dificultades para armar una reacción adecuada a Trump. Lo grave es que ni siquiera lo han intentado en serio. Fuentes bien informadas me dicen que la burocracia se la ha pasado esperando línea de un presidente confundido y desconcertado que se dedica a pronunciar discursos en eventos acartonados y con rituales desgastados. Y si Peña Nieto titubea la burocracia se paraliza.

Espacio propicio para las ocurrencias. El gobernador Eruviel Ávila ya anunció, acompañado de todo su gabinete, el inicio de una campaña informativa para que la comunidad latina conozca el riesgo que representa Donald Trump. En ningún momento aclaró cuándo iniciarían, dónde y cuál sería el costo de dicha campaña. Vicente Fox sacó el pandero de bufón para disculparse por haber llamado a Trump “ignorante”, “loco” y “falso profeta” e invitarlo a visitar México. Aprovechó el micrófono para darnos lecciones: el “perdón es una de las grandes cualidades del ser humano”.

Pobre de México, tan cerca del racismo estadounidense y tan a merced de gobernantes mediocres que disimulan su falta de ideas y arrojo con mutismos, ocurrencias y frivolidades. El Estado carece de una estrategia para enfrentar a Trump. Tenemos una política exterior, y una presidencia, a la deriva.

 

 

 

Bomba de tiempo

En los pináculos de poder discuten sobre el crimen organizado en la capital sin darle información a una ciudadana dejada en la indefensión.  

Ricardo Monreal (del partido Morena) es delegado en la Cuauhtémoc. El 27 de abril habló ante el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. En esta delegación, dijo, hay actividades delincuenciales con olor a crimen organizado. Luego presumió de tener “claridad sobre el problema y sobre lo que se debe de hacer”, para luego lamentarse de estar maniatado y de carecer de facultades para enfrentar a los delincuentes. Miguel Ángel Mancera reaccionó con otro más de sus arrebatos de negación mientras que los diputados perredistas y la secretaria de gobierno, Patricia Mercado, exigieron a Monreal denunciar y demostrar sus afirmaciones.

En los estudios que hago sobre mafias y carteles he establecido cuatro etapas en la reacción de gobiernos y sociedades: negación, aceptación, elaboración de políticas e implementación. En los Estados Unidos, por ejemplo, Edgar Hoover (director del FBI entre 1924 y 1972) negó la existencia de la “mafia” hasta que, en noviembre de 1957, policías del estado de Nueva York sorprendieron en Appalanchin una cumbre de 24 familias mafiosas. Tras el escándalo vendría la aceptación del riesgo y los tres niveles de gobierno se lanzaron contra las familias que terminaron fragmentadas sin que con ello eliminaran al crimen organizado.

En México lo negaron durante décadas. Esto cambió para 2006, cuando Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado con una estrategia pésima y un desorden monumental. “Haiga sido como haiga sido”, la federación ya reconoció al problema y tiene una estrategia mediocre; un buen número de gobernadores y presidentes municipales hacen lo que se les ocurre. En la Ciudad de México, Mancera se atrinchera en la negación mientras los carteles crecen y consolidan su presencia. Sustento con evidencia mi afirmación.

Uno. En julio de 2015 la Drug Enforcement Administration (DEA) actualizó sus estimaciones sobre los territorios mexicanos donde el crimen organizado tenía una “presencia significativa o creciente”. Según la DEA, en la capital actúan los carteles de Sinaloa, el Golfo, los Beltrán Leyva, los Zetas y los Caballeros Templarios.

Dos. En lo que va del sexenio el Gobierno Federal ha canalizado 466 millones de pesos para combatir un problema inexistente para Mancera. La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación ha canalizado esos fondos para trabajar en los Polígonos de Riesgo (territorios con “alto nivel de delincuencia y peligrosidad”) de cinco delegaciones capitalinas: Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.

Tres. De acuerdo con cifras oficiales entre 2011 y 2015 la capital tuvo más homicidios por cada 100 mil habitantes que Guadalajara y Querétaro. Un porcentaje de estas muertes siguen métodos comunes en el crimen organizado. Es el caso con los dos jóvenes descuartizados que aventaron este lunes en Tepito.

Cuatro. Algunos medios de comunicación aportan constantemente piezas del rompecabezas delincuencial. Arturo Sierra ha documentado en Reforma que la falta de una estrategia ha facilitado el crecimiento de la Unión Tepito que en siete años se ha convertido en la fuerza dominante del tráfico de droga. La Unión también vende franquicias para que se utilice su nombre, ejecuta, extorsiona y cobra derecho de piso a comerciantes.

En El Colegio de México Ricardo Monreal nos dio a probar la enorme cantidad de información que tiene sobre los patrones delincuenciales en la Cuauhtémoc. Dos días después Patricia Mercado le reprochó que litigara esos temas en público. ¡Qué actitud tan retrógrada! La seguridad es un tema que interesa a todos y la manera cómo ocultan información detallada es un indicador de su incapacidad como gobernantes y del desprecio que tienen hacia la ciudadanía. En lugar de reprocharnos nuestro mal humor que nos hablen con claridad.

Morena dice ser diferente. Que sus delegados lo demuestren explicando lo que pasa en los territorios que gobierna. Ricardo Monreal debe informar sobre lo que va pasando en las calles y centros comerciales de la Cuauhtémoc, territorio que equiparó a una bomba de tiempo. ¿Cuántas otras zonas de la capital están en una situación parecida? Aunque Mancera lo niegue, en la Ciudad de México se infiltra el crimen organizado.

 

 

 

Los comités de cuenca ratifican su amparo

Están por cumplirse 21 meses del derrame en el Río Sonora, y aunque los medios de comunicación ya no dan seguimiento a las afectaciones de lo que fue el desastre medioambiental más grande de la historia minera de México; las personas que fueron afectadas aún están en medio de un proceso jurídico lleno de trabas y aparentes callejones sin salida. Este viernes 29 de abril, en el juzgado 10 de distrito en Hermosillo Sonora se presentaron para ratificar sus firmas 16 miembros de los comités de cuenca del Río Sonora, quienes bajo la asesoría de PODER ya tienen ocho amparos interpuestos contra Buenavista del Cobre de Grupo México.

 

A casi un año de que el amparo fuera interpuesto contra la empresa minera, los abogados de Grupo México buscaron detener los procesos en su contra argumentando que las firmas de los afectados eran de personas que no existían. Por este motivo 16 miembros de los comités de cuenca del Río Sonora que firmaron la demanda de amparo tuvieron que dejar sus poblaciones para presentarse en el juzgado 10 de distrito y demostrar en personas que la estrategia de los abogados de la minera es inválida.

 

Con esto Don Ramón, miembro de los comités de cuencas del Río Sonora se siente decepcionado del sistema de impartición de justicia mexicano: ‘Después de esta forma de actuar de la mina nos sentimos defraudados por las leyes, porque no es posible que un caso tan visto en los medios de comunicación, nos digan que eso no sucedió. Afortunadamente nuestros compañeros y yo tuvimos la convicción para presentar que nuestras firmas son reales. Con todo esto me llevo la impresión de que aquí las leyes son medio laxas. Estamos promoviendo este amparo desde marzo del año pasado y cómo hasta ahorita, a casi más de un año, nos salen con que la firma no existen.’ Afirmo Don Ramón cuando se le pregunto cómo se sentían después de haber ratificado sus firmas en el juzgado.

 

Son siete los comités de cuenca del Río Sonora y de acuerdo a Don Ramón puede que lleguen a ser alrededor de 300 las personas que lo componen. ‘Cada comité de cuenca tiene sus diferentes formas y criterios porque en cada comunidad fueron diferentes las afectaciones. Pero en el proceso de esta lucha hemos aprendido a actuar como comunidad y de hecho en este proceso de amparo, aunque firmamos 35 personas, el bien que se busca beneficia a todas las personas que vivan en el Río Sonora.’ Nos explica Don Ramón.


De los 8 amparos que interpusieron los comités de cuenca del Río Sonora, del que se negaron la autenticidad de las firmas por parte de la mina fue el que es referente a los manifiestos de impacto ambiental (MIA´s). De acuerdo a la solicitud de los afectados Buenavista del Cobre debe de hacer sus MIA´s considerando no sólo al municipio de Cananea sino a todos los que son parte de la cuenca del Río Sonora. Actualmente los MIA´s que hace la mina únicamente considera al municipio de Cananea y de proceder el amparo ahora tendrían que informar a todos los municipios del Río Sonora sobre el impacto que generan sus trabajos en la región, porque se ha demostrado que su actividad no solo afecta a la población alrededor de la mina sino también a la que vive al margen del río.

 

Las implicaciones de un manifiesto de impacto ambiental de toda la región del Río Sonora le complica a Grupo México crecer, porque de proceder el amparo, tendría que consultar ahora con todas las poblaciones afectadas por el macro derrame del 6 de agosto del 2014 antes de cualquier actividad de crecimiento. Por este motivo fue que los abogados de Buenavista del Cobre negaron la veracidad de las firmas del amparo, y que ya los pobladores afectaron ratificaron para sostener su demanda.

 

De acuerdo con Don Ramón los medios de comunicación no informan bien sobre la situación del Río Sonora, debido a que a casi dos años del derrame la información que se da no es congruente con la realidad que a ellos les toca vivir día con día: ‘Las problemáticas siguen aumentando y las autoridades responsables de estos asuntos nos quieren hacer creer por algunos medios de comunicación de que el Río Sonora es un maravilla. Eso es totalmente falso. Yo invitaría a que la gente de Hermosillo nos visitara y ver a que lo que se dice no es cierto.’

 

Los problemas que Don Ramón más detecta son los relacionados con la salud. Recuerda que al comienzo las autoridades reconocieron 35 casos de afectados en la salud por la contaminación del río, sin embargo en la actualidad el número de afectados en la salud puede llegar a 400 según las estimaciones de los comités de cuenca del Río Sonora.

 

En cuanto a los acuerdos del Fideicomiso Río Sonora, Don Ramón asegura que no se han cumplido cabalmente. El más importante de estos es el de la clínica de salud especializada, la cual aún no se construye. Según su testimonio se sabe que en Ures hay una casa que están usando como clínica, sin embargo se quejan de que el personal médico no es el adecuado porque no cuenta con un epidemiólogo, así como un toxicólogo que pueda atender sus necesidades.  

 

Las poblaciones rivereñas aún continúan sintiendo incertidumbre por la calidad del agua y es por eso mismo que les indigna la poca seriedad de las autoridades cuando hablan de este tema. Un ejemplo de esto es la planta potabilizadora de Bacanuchi que las autoridades ya inauguraron oficialmente, pero que aún sigue sin dar el servicio. Todas estas acciones irresponsables por parte de las autoridades, así como la falta de cumplimiento de los acuerdos del Fideicomiso Río Sonora, ya tienen en el hartazgo a personas como Don Ramón que llevan ya más de un año organizadas y dispuestas a hacer valer sus derechos humanos a la salud, al agua y al medioambiente saludable; aprendiendo que solo como comunidad podrán continuar en esta carrera de largo aliento por la justicia ambiental de su comunidad. 

Qué claves tienen ciertas masacres que se quedan en la mente de la gente. Por qué otras se diluyen, se borran, desaparecen de la memoria o pareciera que ni siquiera quedan registradas. Por qué se le pone categorías a las víctimas y algunas parecen invisibles. Cuáles cicatrices de nuestra historia merecen ser recordadas.

Cuando se menciona San Fernando el pensamiento nos remite al sitio del horror donde fueron asesinados 72 migrantes, en agosto de 2010. Aunque San Fernando, Tamaulipas, es sinónimo de sucesivas masacres cotidianas que comenzaron hace varios años y continúan hasta este día. Es la noticia-espejo-Medusa que nos mostró el rostro mexicano del horror.

El día de hoy hace cinco años salió a la luz el hallazgo de 47 cadáveres en diversas fosas de ese sitio. El jueves será el día de la estremecedora noticia publicada en primeras planas. Durante todo abril de 2011 en ese desolado municipio norteño fueron desenterrados 196 cadáveres: la mayoría de hombres, jóvenes, viajeros o migrantes mexicanos y centroamericanos que fueron torturados hasta la muerte. En sus asesinatos no se gastaron balas. Los mataron a golpes, quizás con marros, como lo hacían los cavernícolas. Sus rostros quedaron tatuados con el rictus del horror.

Fueron condenados a muerte por atravesar ese municipio bisagra rico en yacimientos de gas natural que conecta con las fronteras de Matamoros y Nuevo Laredo, por haber tenido números sospechosos en sus celulares, por estar en edad de ser reclutados para la guerra, por llevar un automóvil llamativo o porque a alguien cayeron mal.

Nadie les informó que ese municipio era un succionadero de personas que continúan desaparecidas. Nadie les dijo que el gobierno cedió ese sitio y sus carreteras a Los Zetas que, en la paranoia de su guerra contra el Cártel del Golfo, veían a todo extraño como enemigo. Nadie les habló de los autobuses enteros desaparecidos con todo y pasaje. Nadie les contó de las terminales de camiones a donde llegaban más maletas que pasajeros. Nadie los advirtió que los policías municipales ayudaban a los criminales a conseguir a sus presas, prestaban camionetas, ayudaban a enterrar. Nadie podía imaginarse que el ejército y la marina sabían de las masacres pero volteaban hacia otro sitio.

Un equipo de periodistas, fotógrafos, diseñadores, camarógrafos, programadores, dateros nos hemos dedicado a sacar a la luz las noticias ocultas sobre esas masacres donde fueron asesinados #Másde72. Así se llama el especial multimedia que lanzaremos el día 7 en un micrositio especial dedicado a investigar masacres de migrantes en México.

La información obtenida muestra cómo a las víctimas después de haber sido rescatadas de los entierros clandestinos volvieron a ser desaparecidas por funcionarios de la PGR y de la procuraduría tamaulipeca. Cómo los cremaron aunque no había seguridad de su identidad. Cómo los aventaron a fosas comunes aunque algunos tenían una identificación en el bolsillo del pantalón. Cómo los perdieron en los laberintos de la burocracia porque nadie se hizo cargo de avisar a sus familias que habían sido identificados. Cómo se entregaron restos erróneos a familias erróneas. Cómo las familias no se han cansado de buscar y de luchar hasta traerlos de regreso a casa y de exigir justicia.

Los mismos funcionarios de la Unidad de Servicios Periciales de la PGR y los ministerios públicos que condenaron a cientos de víctimas a vagar como ánimas en pena, y a sus familiares a penar muertos en vida, son los que están a cargo de la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de la mayoría de los desaparecidos de este país.

San Fernando sigue sembrado de cadáveres. En San Fernando todavía desaparece gente. San Fernando es sinónimo de la impunidad. San Fernando son #Másde72.

 

 

 

Tres reclusas

El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reconoció las debilidades de la democracia pero no dijo cómo las combatiría el INE, una institución domada, sumisa e irrelevante.

Córdova es un funcionario optimista, de los que siempre realzan el lado amable de las elecciones y la democracia. Por ello, sorprende la franqueza con la cual respondió algunas preguntas de Carlos Acosta Córdova de Proceso (2 de abril de 2016).“Las instituciones democráticas del Estado”, dijo, tienen poca credibilidad. “La insatisfacción y la desconfianza de la sociedad son de tal magnitud” que será “muy fácil que germinen pulsiones autoritarias”.Dicho esto, presumió de que en 2015 hubo elecciones incluso en estados conflictivos (se refería a las protestas en Guerrero y Oaxaca).

Lanzó el diagnóstico sin dar el protocolo curativo. Se comportó como algunos médicos de hospital público que dicen a la paciente: “señora, su cáncer es de los difíciles pero el especialista en ellos podrá atenderla dentro de un año. Pero usted no se me desanime, ¡échele ganas!”. Por doquier brotan los indicios de que las elecciones están siendo afectadas por la violencia política y criminal, por la compra de votos y por la guerra sucia y a Córdova y al INE sólo les importa que se instalen las urnas y se cuenten los votos. Una actitud similar se observa en la Fepade y el Tribunal Electoral.

La brecha entre diagnóstico y realidad se hizo evidente porque la entrevista coincidió con un largo reportaje de investigación sobre “Cómo hackear una elección” en la revista Bloomberg Businessweek (31 de marzo). Jordan Robertson, Michael Riley y Andrew Willis reconstruyeron la historia de un genio en la manipulación de las redes sociales y la explotación de la vulnerabilidad generada por los avances tecnológicos. Andrés Sepúlveda está preso en una cárcel colombiana de alta seguridad porque lo atraparon interceptando –para un cliente-- las negociaciones de paz en La Habana y hackear al presidente. Su objetivo era “acabar [con] el proceso de paz” (Semana, Bogotá, 23 de agosto de 2014). 

Los periodistas de Bloomberg Businessweek profundizaron en el tema y encontraron que la especialidad de Sepúlveda era servir a candidatos: "mi trabajo –les contó– era hacer acciones de guerra sucia y operaciones psicológicas, propaganda negra, rumores, en fin, toda la parte oscura de la política”. Su faena más importante fue manipular en secreto durante tres años las redes sociales a favor de Enrique Peña Nieto. Él piensa que la elección de 2012 fue “una de las campañas más sucias de Latinoamérica en los últimos años”. También relató cómo torpedeó las campañas de Enrique Alfaro por la gubernatura de Jalisco y Gerardo Priego en Tabasco en 2012.

Recomiendo leer el largo reportaje (disponible en: www.sergioaguayo.org). Es una pieza sólida de periodismo de investigación que merecería más atención institucional de la recibida. Los Pinos simplemente lo negaron en un boletín breve y endeble que cierra con una opinión no verificada: “El triunfo de nuestro candidato presidencial obedece, única y exclusivamente, al respaldo libre, informado y mayoritario del electorado mexicano”. El INE se atrincheró en el mutismo aunque el consejero Benito Nacif reconoció que “el INE no ha diseñado un blindaje para evitar prácticas de hackeo y espionaje en campaña”. La Fepade y el Tribunal Electoral se hicieron los desentendidos.

El INE tendrá que reaccionar porqque el PAN interpuso una demanda para que se esclarezcan los dichos del hacker colombiano que, por cierto, tiene la obligación de cooperar como parte de su acuerdo con las autoridades judiciales de su país. Es útil rescatar una afirmación hecha a Semana, “de todo, absolutamente [de] todo, tengo pruebas. Yo tengo documentos, tengo medios técnicos, registros técnicos, llamadas, documentación, información, videos, audios… tengo de todo”. Con una buena lista de preguntas, y algo de voluntad, en el peor de los casos entenderíamos mejor el papel de la guerra sucia en las elecciones mexicanas.

Por ahora, lo cierto es que el INE es timorato, la Fepade se transformó en un avestruz que esconde la cabeza y el Tribunal Electoral deambula en el mundo de los silencios y las solemnidades. Los partidos y los poderes fácticos vaciaron el concreto de una prisión inconclusa. Las tres reclusas podrían salirse pero usaron sus temores para pintar barrotes imaginarios. Ahí se sienten seguras, ¿y la democracia? ¡qué se las arregle como pueda!

 

 

 

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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