NUESTRA APARENTE RENDICION

“¿Ser o no ser?”

“¿Qué es más digno para el espíritu?, sufrir los golpes” de nuestos partidos o tomar “armas contra [los] océanos de calamidades”. Así comienza el Hamlet de Shakespeare, así me siento cuando pienso en el 7 de junio. ¿Votar por el “menos malo”, abstenerse, boicotear, anular? He ahí el dilema.

El 14 de enero el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova nos informó que el multimillonario “financiamiento del estado a los partidos, representa la confianza… que como sociedad les hemos otorgado a estas organizaciones”; en ese mismo acto el consejero Ciro Murayama Rendón les prendió otra varita de incienso al decir que el dinero público “permite a los partidos desempeñarse con total probidad política”. Afortunadamente, sólo 22% de la población adulta piensa como estos consejeros y confía algo o mucho en los partidos (Reforma, 13 de diciembre de 2014).

El otro 76% de la población (los desertores de la institucionalidad democrática que creemos “poco o nada” en los partidos y que no comulgamos con los azucarados spots del INE) deambulamos, como Hamlet, por los laberintos de la indecisión. ¿Qué hacer el primer domingo de junio?

La confusión es natural porque tenemos cinco caminos alternativos: 1) Sacarnos la lotería y tener la certidumbre de que tal aspirante es honesto y eficaz, sea independiente o de partido; 2) abstenerse y desairar con un silencio estoico al INE y a los partidos; 3) lanzar –como propone el poeta Javier Sicilia– un “verdadero boicot electoral” como etapa previa para “rehacer a la nación” por medio de un nuevo constituyente; 4) ir a la urna y anular el voto –con un mensaje o rompiéndolo en pedacitos-- para dejar constancia del rechazo; o, 5) irse a Guerrero a quemar oficinas del INE y corretear a funcionarios electorales. 

Me encantaría tener la opción 1 (encontrar manzanas sanas) pero me temo que en la mayoría de los cargos optaré por la alternativa 4 y anularé mis boletas. Cuando expreso mi intención de anular el voto me llueven los regaños y los chantajes, sobre todo de los “morenos” y las “morenas”: estás ayudando al “régimen de injusticia y desigualdad que nos oprime”, “le estás haciendo el juego al PRI”, “¿para quién trabajas?”.

La afirmación de que el voto nulo favorece al PRI carece de fundamento. No hay estudio que lo demuestre. Uno de los principales conocedores del tema, el profesor del CIDE, José Antonio Crespo, me aclara que hay encuestas de salida de 2009 demostrando que la anulación del voto afectó a todos los partidos en una proporción similar a la intención de voto a su favor. Suena lógico porque el desencanto no reconoce siglas.

Me detengo en esta ocasión en el partido Morena por ser el único que combate abiertamente el boicot, la abstención y la anulación. Ellos quieren que vayamos a las urnas a votar por ellos porque, según insistió su presidente, Martí Batres, durante su prolongado debate con Sicilia en las páginas de Proceso, es una “falsedad que todos los partidos políticos son iguales”. Martí nos dice que Morena es diferente y nos traslada la responsabilidad de creerle pero, ¿puede el observador discernir si Morena es diferente?

Sí y no. Lo es cuando pienso en Martha Pérez Bejarano, la candidata morena a delegada de Álvaro Obregón; la conozco desde hace 25 años y doy fe de su honestidad y eficiencia. La sonrisa se convierte en mueca cuando pienso en el moreno Rabindranath Salazar; él es un senador por Morelos y lo he visto proteger a depredadores urbanos y a funcionarios corruptos.

Ignoro cómo andará el censo de las Marthas y los Rabines al interior de Morena. Creo que ni ellos mismos lo saben. De seguro lo constataremos cuando los veamos gobernar y legislar despuésde las elecciones de junio de 2015; entonces sabremos si pueden limpiar la mugre corruptora o terminarán siendo convencidos de las propiedades medicinales del “moche” y la cuota.

Con todo, felicito a los ciudadanos, líderes políticos y consejeros electorales que creen en los partidos. Bienaventurados sean los que tengan el don de la fe. En mi caso confío en las virtudes de la evidencia y la razón y por ello seguiré militando en la hermandad de los descreídos. Hamlet no pudo resolver el dilema de resignarse o luchar; yo lo he resuelto porque el domingo 7 de junio anularé mis boletas para que sean contabilizadas como un rechazo consciente a los partidos corruptos, ineptos y cínicos; sólo votaré a favor del candidato(a) de mi jurisdicción cuya biografía me convenza.

 

 

 

Ni «juicio», ni «homicida», sino el primer proceso acusatorio del DF

Publicado en Marco Lara Klahr

Esto puede ser útil para el periodismo de hoy o un dato para cápsula del tiempo que permitiría en el futuro conocer una poderosa razón mental por la que va costándonos tan extenuante esfuerzo edificar un sistema de justicia penal eficiente y justo en México.

El fideicomiso solo servirá para comprar ataúdes.

Las protestas de los afectados por el derrame de tóxicos en el Río Sonora no han cesado durante las fiestas de fin de año. El jueves 18 de diciembre la plaza de Ures se encontraba a reventar de afectados molestos dispuestos a tomar el palacio de gobierno municipal. Las protestas ese día comenzaron con bloqueos en la carretera y terminaron con una tarde y noche de protestas frente al palacio municipal.

 

Otras poblaciones afectadas también han bloqueado la carretera y han buscado formas en las cuales expresar sus inconformidades. Mazocahui bloqueo la carretera el 17 de diciembre y un grupo de ciudadanos de Ures, Bacoachi y Baviacora se manifestaron frente al Palacio de Gobierno Estatal para entregarle una carta al gobierno del Estado el 11 de diciembre.

 

En una entrevista que recientemente se le hiso a Antonio Navarrete, líder de los mineros de la Sección 65 del sindicato minero en Cananea para Sin Embargo, este sentenciaba que Germán Larrea se agarro de la tragedia de Ayotzinapa para: “negociar a su favor una salida al “cochinero” que provocó la peor tragedia ambiental en la minería mexicana”.

 

Los mineros y grupos de pobladores afectados por el derrame aseguran que Grupo México apuesta por el olvido y por la muerte lenta de los afectados. Sin embargo, antes de que se levantara la etapa de contingencia, después de 3 meses del peor desastre medioambiental en la historia de la minería nacional, el desinterés de Grupo México ya era percibido por los pobladores. En una encuesta levantada en octubre del 2014, encontramos que un 39% de la población de la zona afectada no cree que la minera está respondiendo de la manera adecuada, sin embargo, el 100% de la población concuerda en percibir a esta como la única responsable de la tragedia ambiental.

 

La percepción de la población en esos días se veía influenciada en gran medida por los titulares que los medios de comunicación sacaron, en los cuales tanto autoridades federales como estatales se peleaban entre sí. El gobernador Guillermo Padrés pasó de cuidar las relaciones con Grupo México a atacarla directamente, y presentar un plan para salvar al río, tomándose fotos con las mangas recogidas y con una pala en medio del río, para promover la imagen de un dirigente que trabaja hombro con hombro con los afectados para rescatar el medioambiente.

 

Después de que el plan “Salvemos al Río” quedara como un intento fallido por simular interés por la región contaminada, el gobernador comienza su ataque contra los delegado federales de CONAGUA y COFEPRIS en la entidad, generando un clima de más inestabilidad en el cual se confundía a la población afectada. Las personas que se habían quedado sin agua en sus casas, aparte de pensar cómo debían conseguir el vital líquido, ahora tenían que ponerse en alerta para distinguir entre quienes realmente los querían ayudar y aquellos que aparecían de manera oportunista con la intención de sacar provecho de su desgracia. Por lo anterior, cuando en la encuesta levantada se les pregunto si creían que las autoridades estaban haciendo algo para que Grupo México remediara el daño, un 63% que aun creían en la propaganda de las fuerzas involucradas pensaba que el gobierno estaba haciendo que la minera les ayudara, incluso estaban esperanzados de que el dinero del fideicomiso les llegaría íntegramente. En estos días las carreteras están bloqueadas en los pueblos afectados porque el dinero del fideicomiso se ha repartido inequitativamente y se lo han llevado personas que ni viven y padecen la contaminación del río.

 

La toma de la carretera por parte de los pobladores de los pueblos afectados responde al abandono en el cual se les dejó. Como bien decía un jornalero en una de las asambleas de los pueblos del río: “nos dejarán de traer tinacos para comenzar a traernos ataúdes”. La desesperación es generalizada, porque desde que comenzó la etapa de contingencia los pobladores de los pueblos del río, consideraban en un 90% que el derrame de tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora les había hecho un daño, e incluso que les había violentado sus derechos humanos.

 

Para entender como este daño no se limita a un único aspecto de la vida, sino que se diversifica porque como con los derechos humanos, cuando se violenta uno también se violentan otros; es necesario saber cómo es que los afectados perciben el daño que se les ocasión por el derrame y cuáles fueron los derechos violentados. Así pues se puede identificar que los derechos humanos que se violentaron se relacionan con el medio ambiente saludable, la salud, el acceso al agua, el trabajo y la libre determinación de los pueblos. Estos derechos se violentan en la falta de agua, de alimentos, de trabajo, en afectaciones a la salud, a la vivienda, en las tierras, en el desarrollo de la familia, en el modo de vida y en la dignidad personal.

 

 

Afectados que se sienten violentados con el derrame en el Río Sonora

Falta de agua

81%

Falta de alimentos

46%

Falta de trabajo

69%

Afectación a la salud

45%

Afectación a la vivienda

37%

Afectación en las tierras

59%

Afectación en desarrollo de la familia

41%

Afectación en el modo de vida

58%

Afectación en la dignidad de la persona

45%

 

Partiendo de que el 90% de los habitantes de los pueblos rivereños consideran que sus derechos humanos fueron violentados, vemos que esta sensación se diversifica en diferentes modalidades. Obviamente la más importante es la que se relaciona con la falta del vital liquido, sin embargo esto se vincula con otros aspectos de la vida entre los cuales está el trabajo, los alimento, la salud, la tierra y el medio ambiente, así como el desarrollo familiar, el modo de vida e incluso la dignidad personal.

 

Ante este panorama tan desolado, el abandono de las autoridades deja ver que por omisión el gobierno, en sus tres niveles, ha sido cómplice de Grupo México en la violación de los derechos humanos de todos los habitantes de la zona afectada. Producto del abandono de las autoridades es que actualmente los afectados responden tomando carreteras en toda la región.

 

El fideicomiso que prometió la minera nunca llegó al sector de la población que fue más afectado por el derrame, y ahora las personas, en medio de la confusión, la frustración, la desolación y la rabia que da el abandono, es que se están organizando para emprender una lucha contra una de las empresas mineras más grande del mundo y contra los gobiernos estatal y federal.

 

 

 

 

Las comisiones

Para enfrentar el incendio guerrerense las dos comisiones de derechos humanos (la Nacional y la Interamericana) deben acicatear al Estado para que se tome en serio la atención a las víctimas.

El viernes pasado Emilio Álvarez Icaza (secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH) condenó,  en el “Seminario sobre Violencia y Paz” de El Colegio de México, la indolencia del Estado hacia los desaparecidos y, en un momento de indignación, azotó contra el suelo una carpeta de documentos. También puso distancia de la decisión de los familiares de los jóvenes desaparecidos de ponerse a buscar los restos. Sus comentarios han sido ignorados por gobernantes y familiares, pero él cumplió con la obligación de los ombudsperson auténticos de incomodar a sus interlocutores.

Como analistas independientes también debemos agitar mentes y conciencias, lanzo una afirmación incómoda: no se justifican los actos vandálicos para condenar un crimen horrendo y exigir respuestas sobre el paradero de los desaparecidos. Tan condenable es la indiferencia e ineficacia estatales como el aventar un autobús contra la puerta del cuartel militar de Iguala o el cerrar carreteras y agredir el derecho a la libertad de tránsito de los ciudadanos.

El pretexto para atacar el cuartel es atribuir responsabilidades al ejército. Es una tesis frágil porque carece de evidencias. Eso lo reconoce uno de los organismos de derechos humanos que defiende a los familiares de las víctimas de Ayotzinapa. Santiago Aguirre Espinoza, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez declaró a Proceso (18 de enero de 2015)que “hasta ahora no hay elementos para decir que [tropas del ejército] actuaron de manera directa en la desaparición” de los jóvenes.

Coincido plenamente con otra afirmación de Aguirre: sí hay motivos para preguntarse sobre la “participación [del ejército] en todo el contexto previo”. Sigue entonces que antes de condenar al ejército requerimos de una explicación creíble sobre lo sucedido con los jóvenes y sobre la cadena de responsabilidades individuales e institucionales. Esa será la tarea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la CIDH que encabeza Álvarez Icaza. ¿Cumplirán?

La CNDH se había convertido en un adorno costoso, inútil e irrelevante. Desde que eligieron a Luis Raúl González, en noviembre de 2014 la CNDH está mostrando una disposición a meterse a las trincheras. Una señal de los nuevos vientos es que la CNDH elevó los hechos de Tlatlaya al cajón de los graves. Ayotzinapa es un reto mayor por la magnitud del delito y por la conflictividad del estado. Por ahora, la CNDH creó, el 18 de diciembre de 2014, una Comisión Especial para el Caso Iguala que se sentirá estimulada por la llegada de la CIDH a México.

Un mes antes del relevo en la CNDH el gobierno mexicano invitó a la CIDH a dar asistencia técnica sobre las desapariciones de Iguala. La Interamericana aceptó y ya nombró al Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes que verificará las “acciones iniciadas por el Estado mexicano en la búsqueda de los normalistas”. Hay indicios de que la CIDH piensa ir al fondo de la tragedia porque en un boletín del 12 de noviembre aclaró que  “cualquier apoyo técnico de la Comisión incluirá medidas destinadas a resolver los problemas estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas, las cuales no se limitan al caso de los estudiantes de Iguala”. 

Sería absurdo que los familiares de los desaparecidos y sus aliados se desmovilicen por la presencia en Guerrero de la CNDH y la CIDH. Su peregrinar es un recordatorio cotidiano de que debemos erradicar, entre otros actos de barbarie, la desaparición forzada. Lo injustificable es un vandalismo que parece inscribirse en la vieja tesis de que una revolución se logra “exacerbando las contradicciones”; en las condiciones actuales podría servir para justificar la represión en Guerrero y en el resto de México.

Al gobierno de Enrique Peña Nieto no le gusta estar sudando la gota fría en el banquillo de los acusados; le molesta la independencia de las comisiones y las acciones de los inconformes. Está atrincherándose y endureciéndose mientras el resto de la clase política voltea la espalda para repartirse las candidaturas y pelearse las prerrogativas. Las prioridades de los insatisfechos están en la defensa de las libertades alcanzadas, en la atención a las víctimas y en el rechazo al vandalismo provocador.

 

 

 

Ya están en la ley códigos y defensores de audiencias, ¿ahora?

Publicado en Marco Lara Klahr

Durante el proceso legislativo que produjo el nuevo marco normativo secundario para telecomunicaciones y radiodifusión en México a mediados de 2014, gran parte de los diputados y senadores federales exhibió el gradiente de sujeción directa o indirecta a intereses corporativos —ya del lado de los monopolios televisivos, ya del de Carlos Slim.

Y al cabo de aquel controversial proceso la meta se reveló: si de dichos legisladores dependía, bajo ninguna circunstancia se plasmaría en leyes aterrizables la precedente reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013.

Pero por ahora las cosas están así. Y tal como quedaron, algo hay digno de consideración en lo que toca a la radio y la televisión, así como a los periodistas de medios electrónicos con producción y emisión propia de contenido —en particular noticioso.

Es significativo, por cierto, que diversos colegas de esos medios con los que he conversado sobre el asunto ignoren las nuevas disposiciones de telecomunicaciones y radiodifusión que afectarán la manera como ejercemos el periodismo —y, al margen de nuestra voluntad, podrían ser otro de los motores de cambio de nuestra profesión.

Hablo de la novísima Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión —publicada en junio pasado y que entró en vigor el primer día de 2015— en lo referido a los derechos de las audiencias, los cuales prevén la autorregulación a través de códigos deontológicos y defensorías, así como las atribuciones del órgano regulador y las sanciones del caso.

La información clave se halla en los títulos Décimo Primero [«De los Contenidos Audiovisuales»], Décimo Quinto [«Régimen de Sanciones»] y Décimo Sexto [«Medios de Impugnación»].

Dentro del primero de estos títulos, en el capítulo «De los derechos de las Audiencias», el Artículo 256 asienta que «En la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas», así como que esos medios están obligados al «respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación».

Para ello, «Los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos deberán expedir Códigos de Ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias».

Por otra parte, el Artículo 259 impone que «Los concesionarios que presten servicio de radiodifusión deberán contar con una defensoría de audiencia, que podrá ser del mismo concesionario, conjunta entre varios concesionarios o a través de organismos de representación. El defensor de la audiencia será el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia».

Para ello, «el Instituto [Federal de Telecomunicaciones] deberá expedir lineamientos de carácter general que establezcan las obligaciones mínimas que tendrán los defensores de las audiencias para la adecuada protección de sus derechos».

El propio artículo añade que códigos y defensores «deberán inscribirse en el Registro Público de Concesiones, mismos que estarán a disposición del público», en tanto que el 260 enlista los requisitos para desempeñar aquel cargo.

A su vez, el Título Décimo Quinto [«Régimen de Sanciones»] incluye un articulado de criterios de regulación aplicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y sanciones para los medios que violen esta ley, mientras que el Décimo Sexto está dedicado a los correspondientes «Medios de Impugnación».

Ciertamente los códigos de ética no son sino declaraciones de principios y los defensores de las audiencias contratados por las empresas corren el grave riesgo de no poder actuar con autonomía; es altamente probable también que —como ha ocurrido ya antes de esta ley— carezcan de la fuerza para cuestionar siquiera violaciones al código ético cometidas por los poderosos ayatolas de los medios electrónicos.

Una opción es que universidades y organizaciones civiles, de acuerdo con dichos medios, propongan y hasta patrocinen el diseño de dichos códigos y a los defensores mismos, produciéndose así las bases de sistemas efectivos de accountability social, que entonces promoverían el establecimiento dentro de los medios de ingenierías de procesos editoriales con referente de respeto a la ley y los derechos humanos.

Por ahora estemos atentos a la manera como los medios electrónicos atiendan estas nuevas disposiciones legales y a la capacidad real del Instituto Federal de Telecomunicaciones para regularlos en la materia, evitándose la predecible simulación.

@Edad_Mediatica

marcolaraklahr.mx

Trampa y huisache

Julio Scherer nos lega un ejemplo de congruencia.

ese a la avalancha de spots azucarados, las elecciones de este año vienen teñidas de inequidad y litigio. El aperitivo fueron las trampas del Partido Verde y las huisacheadas de las autoridades electorales. Pese a la mugre hay razones para el optimismo.

Entre agosto y diciembre de 2014 las intenciones de voto del Verde pasaron de 5 a 11 puntos. En esos meses convenció a tres millones 650 mil electores. Lo hizo con un  timo ensayado en 2009 y 2012: se adelantó a los otros y en el otoño de 2014 difundió 239,301 anuncios por televisión y saturó el paisaje mexicano con el estribillo de “El Verde sí cumple”. El pretexto que usaron fue la difusión de los informes de actividades de cuatro diputados y dos senadores.

En 2012 el Consejo General del Instituto Federal Electoral calificó una treta similar de inequitativa e ilegal y le impuso una “sanción ejemplar” de 5 millones de pesos. En 2014 la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ignoró el precedente y desechó la solicitud elaborada por un grupo de partidos de castigar al Verde. El PRD llevó el asunto al Tribunal Electoral quien primero le dio la razón “se inobserva (sic) el principio de equidad” previsto en la Constitución para luego imponer al Verde un castigo de cuates: lo condenó a recibir una ¡amonestación pública!

El huisache es un árbol espinoso del cual se hace tinta. De ahí evolucionó a “tinterillo” (oficinista) para luego transformarse en sinónimo del abogado que ejerce sin título y estafa a quien se deja. Pues bien, en el caso del Verde –entre otros– una parte del Consejo General del INE y del Tribunal Electoral se comportan como huisacheros de comisaría.

 

¿Y a qué viene tanto mimo para el desprestigiado Verde? La explicación estructural viene de una perversión del sistema político mexicano. En 2003 las televisoras pusieron a dos de los suyos en la Cámara de Diputados. Al inicio de 2015 la telebancada ya tenía a ¡16 diputados y senadores!, once de los cuales llegaron con las siglas del Verde (los otros 5 se pusieron la camiseta tricolor).

El 2 de diciembre de 2012 se presentó el Pacto por México. Ese día el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que los poderes fácticos constituían un reto para la “vida institucional del país” por su “concentración de riqueza y poder”. Prometió que la “tarea del Estado” y del gobierno de Enrique Peña Nieto sería someter a esos “intereses particulares, [que obstruyen el] interés nacional”. Dos años después puede asegurarse que el peñanietismo ni pudo ni quiso domar a las televisoras que siguen siendo primeras actrices de ese desorden nacional, al que tanto contribuyen los tramposos y los huisacheros.

Poniéndome generoso, encuentro tres razones para el optimismo. La primera es que dentro del INE si hay consejeros que piensan en el bien común. En la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, hay dos consejeras, Beatriz Eugenia Galindo Centeno (presidenta) y Adriana Margarita Favela Herrera que acostumbran frenar los castigos al Verde imponiendo su mayoría al tercer integrante de la Comisión, José Roberto Ruiz Saldaña. El 31 de diciembre de 2014 no se presentaron Galindo y Favela; fueron sustituidos por Pamela San Martín Ríos y Valles y Ciro Murayama Rendón quienes, junto con Ruiz Saldaña, tomaron la decisión unánime de ordenar al Verde que suspendiera la inequitativa difusión. Una victoria simbólica porque la medida sólo se aplicó en algunos distritos.

 

 

             

Otro signo positivo son unas palabras del presidente del INE, Lorenzo Córdova: los partidos –dijo– deberían ser ejemplo de “rendición de cuentas”. ¡Buena idea! Para hacerla realidad el presidente del INE debería impulsar un informe a profundidad que aclare la duda de si el Verde es realmente un partido o el negocio de unos cuántos que está al servicio de las televisoras y del PRI. El INE es muy bueno instalando casillas y contando votos, pero con ello no combate el enorme desprestigio que envuelve a los partidos políticos y a instituciones que, como el INE y el Tribunal Electoral, terminan transformándose en cómplices de quienes lastiman la equidad y envenenan la confianza ciudadana en las elecciones.

La tercera causa del optimismo es el evidente renacer de un pensamiento crítico decidido a regenerar la democracia. Ello requiere equidad en las reglas del juego que se logra controlando a tramposos y huisacheros. Lo demás son sólo spots, millones de spots.

 

 

 

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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