NUESTRA APARENTE RENDICION

Excesos, abusos policiales y compromisos en la costa de Hermosillo

En rueda de prensa del sábado primero de abril por la mañana y desde Nogales, el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, dijo: “Una foto dice mucho,” haciendo una clara alusión a una imagen que se viralizó por las redes sociales la tarde del viernes 31 de marzo. En esta aparecía retratado un oficial de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) disparando directamente a un hombre con unos niños que huían en el operativo de desalojo de la carretera Hermosillo- Bahía de Kino.

 

Desde la mañana de ese último viernes de marzo, la carretera numero 100, la que va a Bahía de Kino, fue cerrada por un grupo de manifestantes del poblado Miguel Alemán que demandaba el regreso unos autobuses que eran su principal medio de transporte a la capital y a los que el gobierno estatal les había retirado la concesión para darle preferencia a unos camiones que aunque tenían la misma ruta, no daban el mismo servicio por no tener los viajes suficientes, así como los horarios en la tarde y en la noche.

 

De acuerdo a la información que dio el Secretario de Seguridad Pública los intentos de negociación entre las autoridades y los manifestantes de la costa duraron siete horas, tiempo que les pareció suficiente para encontrar una solución. Desafortunadamente no llegaron a un punto de coincidencia y eso fue motivo suficiente para que tanto policías municipales como estatales despejaran la rúa con el aval de sus autoridades haciendo uso de armas no letales, como lo fue gas pimienta y balas de goma.

 

Una foto dice mucho…

Volvemos a repetir lo que dijo el Conito Morales, Secretario de Seguridad Pública: “una foto dice mucho”, porque es verdad, y en eso coincidieron los usuarios de las redes que viralizaron la imagen del policía apuntando con la supuesta pistola de balas de goma. “Una foto dice mucho”, tanto que el Secretario la interpreta de una manera, mientras que el resto de otra.

 

Para el secretario la foto dice, palabras textuales, que: “los policías no iban armados”. De esa forma explicaba que la única pistola de balas de goma era la que portaba el oficial que aparecía en las fotos y que el resto solamente llevaban escudos y toletes. Por otra parte los usuarios de las redes veían en esa terrible imagen la represión del estado y la clase de gobernantes que se tiene en la entidad, incapaces de dialogar, así como de resolver conflictos.

 

Buscando justificar el abuso de autoridad, el conito sostiene que se siguieron los protocolos internacionales para disolver conflictos, respetando los derechos humanos. Por este motivo es que para calmar la presión informa que el policía retratado en la imagen viralizada ha sido suspendido de sus funciones y que se la ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador ante representantes de la Comisión de Honor y Justicia, “que es lo que  establece nuestro reglamento y la ley respectiva a efecto de que se determine si hubo exceso de uso de fuerza en la actuación”, expresó el funcionario.

 

De acuerdo a la versión de los hechos del informe oficial, en la liberación de la carretera las fuerzas del orden no portaban armas de fuego, usaron únicamente escudos protectores, toletes, gases y una pistola de goma, siguiendo cuidadosamente los protocolos internacionales. Sin embargo, si revisamos la Pirámide Resistencia-Control, que se usa para ver qué nivel de control se debe usar por parte de las fuerzas públicas, de manera correspondiente al nivel de resistencia que manifiesta la ciudadanía, encontramos que el uso de armas no letales como lo puede ser una pistola de goma, es desproporcionado al nivel de resistencia que se manifestó en la costa de Hermosillo.

 Piramide Resistencia-Control

La Pirámide Resistencia – Control que se usa en los protocolos internacionales para disolver conflictos maneja siete niveles de control por parte de la autoridad que corresponden a los siete niveles de resistencia ciudadana que debe manifestarse para ser merecedor de una acción por parte de la policía. Los niveles de control van desde la presencia policial en el nivel más inferior, hasta el uso de armas letales cuando existe violencia mortal por parte de la ciudadanía. El uso de armas no letales, como son las pistolas de goma o las tanquetas, se usa cuando los manifestantes utilizan palos o bombas molotov, es decir que existen agresiones activas y el escenario es muy violento. En los videos del desalojo de la carretera que se ven a través de las redes sociales apenas se alcanza a ver resistencia pasiva y tal vez en algunos casos un poco de resistencia defensiva, lo que no amerita el uso de armas no letales o intermedia, la correcta reacción de las autoridades debió haber sido el uso de técnicas suaves de control físico o en algunos casos, con quienes se pusieran en actitud defensiva, el uso de técnicas duras de control físico, es decir encapsulamientos y sometimientos.

 

Por eso la foto que según el conito “dice mucho”, efectivamente dice mucho, es una muestra de que la policía estatal y el secretario de seguridad pública desconocen los protocolos internacionales para disolver conflictos que respetan derechos humanos o que conociéndolos no los aplican, del mismo modo la imagen confirma lo que ya se había visto en Nogales durante las manifestaciones del No Al Gasolinazo de esa entidad, y es que la política para el manejo de conflictos es la del rápido uso de las armas no letales.

 

 

Los motivos de las protestas

Quienes protestaban el viernes 31 de marzo en la carretera no eran únicamente los trabajadores inconformes a quienes les habían quitado la concesión como transportistas, sino también usuarios cotidianos entre los que había mujeres y familias completas, además de estudiantes universitarios del poblado que necesitan este servicio para ir a sus clases. Las 21 concesiones del Servicio Suburbano de Transporte pertenecientes al Poblado Miguel Alemán fueron retiradas por la dirección de transporte desde el 21 de marzo y según Eleuterio Rodriguez, uno de los concesionarios, esto se debe a que se quejaron por las malas condiciones de las calles en la comunidad costera.

 

Para conocer la importancia que tienen el servicio de transporte suburbano para los habitantes del poblado, es necesario tomar en cuenta algunas de las condiciones que tiene esta comunidad. Esta población rural de la costa de Hermosillo, que bien podría no depender de la capital de Sonora y ser el municipio numero 73 de la entidad, se dedica principalmente a la producción agrícola y es el hogar de los jornaleros agrícolas que trabajan para los productores de la costa. Aislado de Hermosillo, a mitad del camino entre la capital y su balneario, el poblado Miguel Alemán es ignorado por la soberbia hermosillense que no reconoce las necesidades de movilidad de esta comunidad que es parte de su municipio. Por este motivo es que para los habitantes del poblado es tan importante su sistema de transporte suburbano, es el que los mantiene conectado con la ciudad que es encargada de sus servicios, así como donde se puede acceder a una educación superior.

 

Aparte de el servicio de transporte suburbano del poblado, creado en la administración pasada, está la línea de camiones de la costa de Hermosillo, un sistema más viejo y que no está pensado en las necesidades particulares de los habitantes del poblado, sino que más bien conecta a Hermosillo con Bahía de Kino y pasa por el poblado. El dueño de los camiones de la costa de Hermosillo es el empresario Carlos Rodríguez Freaner, supuestamente cercano a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Por lo anterior es que se maneja que la gobernadora dio la orden de revocar las concesiones del transporte suburbano, para beneficiar así a los camiones de la costa, dándole el monopolio del servicio de transporte y pagando así compromisos hechos con el empresario Rodríguez Freaner.

 

El pleito entre el PRI y el PAN no justifica el abuso de autoridad

Entre los medios de comunicación y las voces de la opinión pública que son parte del aparato de poder del gobierno del estado, comenzaron a justificar que el supuesto enfrentamiento entre manifestantes y policías fue provocado por panistas que se beneficiaban con las concesiones al servicio de transporte suburbano. De esta manera es que el discurso oficial buscó deslegitimar una autentica protesta social por parte de los habitantes del poblado. El argumento de aquellos que quieren que la opinión pública vea al conflicto cómo un pleito entre el PRI y el PAN, evita que se reconozca la problemática de una sociedad que se encuentra aislada y necesita un gobierno capaz de resolverle la necesidad de estar mejor comunicados.

 

Por este motivo es que el domingo 3 de abril en el poblado Miguel Alemán sus habitantes marcharon para pedir respeto y dignidad, así como dar a conocer que a pesar de la violencia ejercida en su contra, no les han metido miedo. Los estudiantes universitarios, a quienes agredieron con más fuerza, manifestaron que no quieren ser un próximo Ayotzinapa, pero no por eso dejaran de demandar el transporte público que merecen y a hacer frente a una autoridad estatal que ha demostrado que no le importa desconocer los protocolos internacionales de derechos humanos. La imagen del policía disparando balas de goma a un señor con sus hijos en medio de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino si dice mucho, habla de la represión del gobierno estatal y de una forma de manejar las protestas sociales que se repite una vez más, la de no dialogar y usar el gas y las bolas de goma para silenciar.

 

Sobre la guerra

Hay tres novedades sobre la guerra contra el crimen organizado: 1) se libra simultáneamente en centenares de frentes; 2) crece la autonomía del ejército que exige una ley y presiona replegándose en algunas entidades; y, 3) hay condiciones para mejorar el trato dado a las víctimas del conflicto.

Hace unos meses, Miguel Ángel Osorio Chong presumía que el gobierno había neutralizado a “cien de los 122 [líderes del crimen organizado] identificados como prioritarios”. Para el titular de Gobernación ello significaba que “todos los carteles habían sido golpeados estructuralmente”. Con este criterio la política de descabezamiento y fragmentación es un éxito.

Cuando inició la guerra hace una década, había nueve organizaciones criminales;  en la actualidad sobreviven el Cartel del Pacífico (Sinaloa) y el Cartel Jalisco Nueva Generación que disputan a sangre y fuego el control de diversas plazas. Las otras organizaciones se han atomizado en pequeñas bandas. De acuerdo con Lantia Consultores en enero de 2017 había 249 grupos dedicados al crimen organizado. Por ejemplo, Los Zetas se han escindido en 36 grupos que buscan distinguirse y adoptan nombres convencionales: Hijos del Diablo; descriptivos: Los Negros o enigmáticos: Néctar Lima. La violencia no ha desaparecido; se ha desperdigado afectando amplias regiones.

Ni el Estado mexicano ni Washington parecen tener la estrategia para un escenario de esta naturaleza. Una consecuencia es que los protagonistas están preparándose para guerras irregulares de larga duración. El caso más llamativo es el ejercito que exige certidumbre jurídica (el general secretario Salvador Cienfuegos lo expresó con gran claridad). Como el Congreso tiene a la Ley de Seguridad Interior en la indefinición están presionando con una novedosa política de rifles guardados. En una reunión con la Junta de Coordinación Política de los diputados, Osorio Chong comentó que las fuerzas armadas están replegándose en algunos estados (Claudia Salazar, Reforma, 6 de marzo de 2017). En otra ocasión daré una interpretación sobre la trascendencia e implicaciones de la creciente autonomía de las fuerzas armadas.

La incertidumbre no debe ser motivo para que siga regateándose la atención a las víctimas y la protección a los grupos vulnerables. Las víctimas viven una paradoja: pasaron de la marginalidad a un protagonismo irrelevante. Me explico. Cuando fue imposible ignorar el costo humano, quienes gobiernan crearon instituciones y les asignaron generosos presupuestos. Fuego fatuo. Bien pronto se hizo evidente que sigue imperando la improvisación, las ocurrencias y los golpes de timón. En 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto presumió de la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. A los dos años puso a un inepto para dirigirla y para 2017 la dejaron sin presupuesto.

Algo similar ocurre con dos gremios amenazados. Para protegerlos crearon en 2012 el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que depende de Gobernación. El pasado enero visitó México un relator especial de Naciones Unidas; Michel Forst detectó carencias en el Mecanismo, lo consideró tan útil  (“crucial” fue el adjetivo que empleó) que recomendó se garantizara su “presupuesto” y “sustentabilidad financiera”.  Nadie explicó al relator que para 2017 el presupuesto del Mecanismo también es de cero pesos (está funcionando con recursos que tenía guardados en un fideicomiso).          

Se antoja difícil que en los próximos dos años se hagan ajustes de fondo a la política de seguridad; la clase política anda encandilada con las elecciones de 2018. Pese a ello hay un par de instituciones que no dependen del desenlace electoral de 2018 y pueden hacer bastante por las víctimas. En los próximos días saldrá del taller la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; le cambiaron motor, hojalatería y sistema de dirección. Si se confirma su renacimiento debería hacer mancuerna con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que va saliendo de la irrelevancia. Esa alianza podría arrastrar a otras instituciones a dar un trato diferente a las víctimas. Es indispensable que se atienda este ángulo porque si se mantiene el repliegue de las fuerzas armadas crecerá la letalidad de la violencia criminal. La guerra sigue.

 

 

 

La seguridad

Del Congreso depende que la seguridad nacional salga del olvido. Cuando se discuta la Ley de Seguridad Interna deben recordar el trasiego legal e ilegal de armas.

México es cuerno de la abundancia para quienes gustan de las armas. Una consecuencia es la epidemia de muertos y heridos silenciada y minimizada por los gobiernos de México y los Estados Unidos y por las empresas estadounidenses que abastecen de material bélico a los dos bandos. Los militares y policías lo adquieren legalmente; el crimen organizado de manera clandestina. Se trata de mercados formalmente separados pero con muchas interconexiones entre ellos.

Según el The Washington Post, entre 2012 y 2015, el gobierno de México le compró a los Estados Unidos 3 500 millones de dólares en armamento. John Lindsay-Poland  —analista del Comité de Servicios de los Amigos Americanos (cuáqueros)— encontró la evidencia sobre un contrato hasta ahora desconocido. En abril de 2015 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se comprometió con Sig Sauer —compañía estadounidense con matriz en Alemania— a adquirir hasta 265 millones de dólares en pistolas, rifles de asalto, y otras armas de fuego. Si se tratara solamente de armas cortas, la Sedena recibiría en los próximos años 400 mil unidades.

Una parte de este arsenal será utilizado por las fuerzas armadas; otra será enviada a corporaciones policíacas de estados y municipios. Los lotes que se entregarán a los gendarmes podrían terminar en manos de los criminales porque México carece de controles adecuados. En otras palabras la Sedena estaría armando a sus enemigos en el campo de batalla.

Hay una dimensión siniestra en el acuerdo Sedena-Sig Sauer. Una parte de las ganancias que obtiene Sig Sauer en México, pudo haberlas utilizado para respaldar política y económicamente a quien nos ha insultado una y otra vez. Esa compañía contribuyó al menos con 100 mil dólares a la campaña del actual presidente de los Estados Unidos y no hay constancia de que Sig Sauer se haya deslindado públicamente de las agresiones que hemos recibido. Tampoco sabemos si la Sedena o Los Pinos les exigieron una aclaración.

Sig Sauer tampoco se ha preocupado demasiado por el contrabando ilegal de sus armas a nuestro país. El sicario que mató en 2010 a Marisela Escobedo, la madre de una joven asesinada que protestaba frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, utilizó un arma marca Sig Sauer. Por cierto, un activista alemán de derechos humanos, Jürgen Grässlin, tiene demandada a esa empresa por su responsabilidad en esa y otras muertes de mexicanos inocentes.

Es tan intolerable el costo en vidas como la indolencia de nuestras autoridades: permiten que el país que tolera el abastecimiento ilegal de armas a los criminales luego nos critique por no poder controlarlos. Entiendo las dificultades de cancelar un contrato ya firmado o de imponer controles estrictos sobre el armamento que reciben corporaciones policíacas. Sin embargo, es urgente que el Congreso, en particular el Instituto Belisario Domínguez del Senado pueda revisar la problemática de las armas y los términos del contrato Sedena-Sig Sauer para imponerle algunas condiciones y para explorar la posibilidad de cancelarlo. Es igualmente necesario que algunos legisladores conscientes se involucren en este tema.

Nuestra seguridad requiere de una cirugía mayor y una estrategia integral que dé garantías a las fuerzas armadas y reestructure a las policías teniendo como prioridad la protección de la sociedad. Ante el pasmo presidencial, corresponde al Congreso  investigar lo que está sucediendo con las armas, recordando que es una variable fundamental para frenar la sangría y entender aquellas regiones que se encuentran en situación de guerra. 

La miscelánea

Entre los muchos pendientes para el Congreso está averiguar quién lleva la política de seguridad con los Estados Unidos. Dolia Estevez difundió primero que el 31 de enero hubo una reunión secreta, en Tapachula, entre Luis Videgaray y los comandos Sur y Norte de los Estados Unidos. El encuentro fue negado por la Secretaría de Relaciones Exteriores pero confirmado por Reuters, un vocero de la Embajada de Estados Unidos en México y el Pentágono. ¿Quiénes asistieron y qué acordaron? ¿También le entregaron la seguridad nacional a Videgaray? ¿Qué les pasa?

 

 

 

El Mecanismo

 Año record: 11 periodistas asesinados.

Mientras se sofistica y propaga el acoso al periodismo independiente, las instituciones estatales se burocratizan y autolimitan.

La Embajada de Suecia organizó la semana pasada una reunión con una muestra representativa de periodistas amenazados de todo el país. Explicaron, ante diplomáticos y funcionarios federales, la precariedad de su existencia y la cortedad de las políticas gubernamentales de protección.

En mi experiencia es más riesgoso opinar ahora que en el México de Gustavo Díaz Ordaz. Se multiplican, sofistican y diversifican las agresiones y el Estado crea instituciones con poca capacidad de respuesta; sin profundidad, profesionalismo y audacia. Tomo como ejemplo al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo).

Es indudable que el Mecanismo mejoró en actitud y eficiencia durante la gestión de Sara Irene Herrerías. Progresó, pero le falta. Su nueva titular, Patricia Colchero y el subsecretario Roberto Campa, tienen la oportunidad de erradicar la modorra burocrática y reconocer que tras las amenazas hay patrones en constante renovación. Es el caso con la difamación por Internet, las demandas por daño moral y la parcialidad de los jueces que analizo tomando el caso de Carmen Aristegui y el mío.

En las redes sociales se difama, intimida y prepara el terreno para agresiones mayores. En octubre de 2015 critiqué al entonces gobernador Javier Duarte y es posible que él estuviera tras un texto virulento y difamatorio de Francisco Rodríguez quien me acusó de robarme “250 millones de pesos del presupuesto” del Archivo General de la Nación. Encontré evidencia de una agresión bien estructurada; la presenté al Mecanismo que evadió el asunto. Reconoció la “animadversión” pero no detectó “una intención de causar algún tipo de daño a [mi] vida, libertad y/o integridad”. Fue una opinión carente de investigación. Tampoco lo han hecho con Carmen Aristegui, Denise Dresser y muchos más. Las redes, tan necesarias para la libertad de expresión, son instrumento de los enemigos de la libertad de expresión.

Humberto Moreira me tiene demandado por 10 millones de pesos y Aristegui carga el fardo de cuatro litigios. Las demandas por daño moral están siendo empleadas por políticos o empresarios que buscan castigar, desgastar e inhibir la crítica. Se benefician de que, por consigna o convicción, un sector importante del Poder Judicial aborrece al periodismo independiente. El Mecanismo ignora el carácter sistémico del acoso que sí es reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.

Es decir, hay formas de agresión ignoradas por el Mecanismo que carece de una visión integral de las amenazas. Está bien que atienda las particularidades de cada asunto, pero se olvida de los patrones que demuestran la existencia de una cultura arraigada de persecución al periodismo independiente. Tampoco ejercen a plenitud la facultad de coordinar otras instancias oficiales (CNDH, CSN y PGR). De hacerlo podrían combatir mejor la difamación, las demandas absurdas y la parcialidad de los jueces. El Estado receta analgésicos pudiendo diagnosticar el cancer y extirpar sus tumores.

Es posible que Campa y Colchero reorienten el andar de un Mecanismo burocratizado y autolimitado. En tanto se deciden, en la embajada sueca sentimos el  apoyo de los diplomáticos acreditados en México. Lo complementa el aliento que recibimos día a día de quienes valoran nuestro trabajo y el respaldo constante de organismos como Artículo 19 y Propuesta Cívica.

La libertad de expresión está amenazada. ¿Hasta cuándo se decidirán, el Mecanismo y el Estado, a proteger en serio la libertad de expresión?

 

La Miscelánea

Estamos indefensos ante una banca ineficiente, voraz y abusiva. Banamex-Citibank tiene nueve meses persiguiendo a una pensionada con discapacidad. Le cobra sus errores y deficiencias porque sabe que la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) es otra dependencia de nombre largo, presupuesto generoso y efectividad magra. ¿Habrá en el Congreso quienes defiendan a la pensionada y a los usuarios del expolio?  

 

 

 

Acción Urgente: Levantan a dos activistas Yaquis

La tarde del martes 13 de diciembre dos camionetas blancas Ford Lobo con cristales polarizados interceptaron el carro de Anabela Carlon Flores y su esposo Isabel Lugo Molina miembros de la Tribu Yaqui del pueblo de Loma de Bácum. De acuerdo unos testigos el carro de los activistas fue encontrado a las 7:30 PM vacio en medio de la carretera vecinal entre Bácum y Loma de Bácum, sin que se sepa de ellos hasta este momento.

Anabela es conocida por ser la abogada de la tribu yoreme de Loma de Bácum que está resistiendo en contra de la construcción del gasoducto “Sonora”.

Testigos también afirma que momentos antes de encontrar el carro de los activistas, otro vehículo de la comunidad en donde viajaban autoridades de la guardia tradicional de Loma de Bácum, fue interceptado por otras tres camionetas que buscaron descarrilar al carro donde viajaban los yoremes. Cuando la asamblea denuncio los ataques fue que se supo de la desaparición de la abogada yoreme y su marido.

 Anabela fue dejada en libertado el martes por la noche cerca de Providencia por donde se encuentra la laguna del Nainari en Cajeme y actualmente está en un lugar seguro. Sin embargo su marido Isabel Lugo Molina sigue cautivo por quienes los “levantaron”.

La comunidad yoreme sigue temiendo por la integridad física de Isabel Lugo y sostiene que tanto él como Anabela, fueron “levantados” y agredidos por ser parte de un movimiento de resistencia al gasoducto de la empresa Lenova, que pasa por su territorio.

Los yoremes de Loma de Bácum aseguran que los carros que los atacaron son iguales a las unidades que usaban la Policía Estatal Investigadora (PEI) para vigilar el pueblo después de que se declarara alerta por los incidente del 21 de octubre cuando se intento reiniciar las obras del gasoducto de la empresa Lenova, que pasa por su territorio sin el conceso, así como autorización de todos los pueblos, y a pesar de la suspensión ordenada por un Juez de Distrito.

Ahora la preocupación es por encontrar a Isabel Lugo Molina, esposo de Anabela Carlon Flores, con vida y sin daños a su integridad física.  Así como exigir el respeto a la Tribu Yaqui de Loma de Bácum, a su territorio y a sus derechos humanos e indígenas. 

Las mujeres de Sonora dijeron basta de feminicidios

Hoy las mujeres en Sonora dijeron basta de violencia de género y de feminicidios. Esta tarde salieron a las calles a marchar para exigirle a la Gobernadora Claudia Pavlovich que sea congruente  y que permita se levante la Alerta de Género, que la agenda de la mujer no debe beneficiar únicamente a las de la clase social más pudiente, que debe de tomar en cuenta  a las más vulnerables, a todas.

 

La marcha fue silencios, con las mujeres vestidas de negro y portando un velo por el luto que llevan al saber que este año ha aumentado el índice de femenicidios en la entidad. El punto de partida fueron las escalinatas del museo biblioteca Emiliana de Zubeldía, donde hace apenas 20 días en el día de muertos las mujeres del Observatorio Nacional del Femincidio capitulo Sonora, así como de otras organizaciones feministas de Sonora, hicieron un altar dedicado a todas las mujeres víctimas de feminicidio. En esta ocasión ya no se busco hacer un homenaje, esta vez se exigió.

 

Mientras se iban reuniendo las mujeres, poco a poco extendían un tendedero con bordados de hilo morado sobre pañuelos blancos. En estos se alcanzaban a leer los nombres de mujeres, su edad y el municipio donde fueron víctimas de un femincidio. Eran los mismos bordados que hace un par de años estuvieron en el Congreso de Sonora exigiendo la tipificación del feminicidio en Sonora, son la memoria de las victimas que no se cansan de pedir justicia y que las acompañarían en esta marcha.

 

La comitiva salió ya a obscuras porque la policía  tardo en llegar para acompañar a la marcha y ayudar con el tráfico. El recorrido no era muy complicado, era únicamente recorre el Blv. Rosales, cubriendo dos carriles, hasta llegar al Blv.  Hidalgo para ir a la plaza Zaragoza frente al palacio de gobierno. En el camino, el tendedero de bordados era llevado del lado donde pasaban los carros como una cinta de contención pero también para recordarle a los automovilistas los nombres de las mujeres por las que se estaba marchando.

 

 Frente al palacio de gobierno la consigan que las mujeres gritaban era la de #NiUnaMenos, todas la gritaban un y otra vez mientras sostenían una lona gigante que pedía un contundente #AltoAlFeminicidio, así como los bordado de las víctimas del peor crimen de odio que se puede hacer contra una mujer. En la entrada se colocaron velas que representaban a las mujeres que ya no estaban, ponerlas allí fue un acto simbólico que los guardias no entendían y por eso mismo intentaron quitarlas, porque creían que estorbaban, pero las mujeres fueron insistentes y las velas se quedaron.

 

Como cierre de la marcha se leyó un comunicado en el cual se le exigió públicamente a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano que se diera la Alerta de género en Sonora y que se siguiera las recomendaciones para combatir la violencia contra la mujer, así como para que también se capacitaran a las autoridades en el uso de los protocolos de género para los casos de feminicidio y de violencia contra la mujer.

 

De acuerdo a datos oficiales en Sonora se han registrado 37 casos de femincidios, la mayoría de ellos en los municipios del sur de la entidad. Sin embargo de acuerdo a los datos del Observatorio Nacional del Feminicidio, capitulo Sonora, estos pueden ser más porque la autoridad no ha implementado todas las recomendaciones que se les han hecho para contribuir en informar a la población sobre los patrones de violencia de género que se están dando en determinados territorios.

 

Las condiciones de inseguridad que tiene las mujeres también son responsabilidad del estado, que a pesar de que sea gobernado por una mujer y de que supuestamente le está abriendo camino a su género, no ha respondido a la petición de declarar una alerta de género en Sonora por la situación de violencia en cuestión de feminicidio que han hecho muchas mujeres de la sociedad civil organizada como las del Observatorio Nacional del Feminicidio.

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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