NUESTRA APARENTE RENDICION

¿Y las armas?

La evidencia confirma la intuición: más armas provocan más muertes, secuestros y robos. Es absurda la indiferencia. 

En 2004 terminó en los Estados Unidos la prohibición de vender rifles de asalto y con la liberación de la oferta se multiplicaron los homidicios (y otros delitos) por armas de fuego en México. Esta es una de las conclusiones de dos trabajos académicos aparecidos en agosto y septiembre de 2013 que he ido confirmando con más evidencias. Veamos el porcentaje de crímenes cometidos con armas de fuego: según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización (ICESI) en 2002 eran 44% del total y en 2010 ya eran 68%.

En los Estados Unidos han desmantelado los controles que alguna vez frenaron la adquisición de armas de asalto como el AK-47 o “Cuerno de Chivo”. El mérito se lo lleva la Asociación Nacional del Rifle (NRA) que es, para el Washington Post, la “organización de cabilderos más poderosa” (12 de enero de 2013). Con un discurso muy elemental pero efectivo se han aprovechado de las creencias y temores de su sociedad para facilitar la compra y portación de armas de todo tipo. Su respaldo a candidatos al Congreso ha conformado una influyente “riflebancada” que trasciende colores partidistas y que tiene maniatado a Barack Obama y su gobierno.

La facilidad para adquirir armas fue vital en el empoderamiento del crimen organizado mexicano. Felipe Calderón identificó con perspicacia el problema y cada vez que podía lanzaba enérgicas peroratas a los vecinos y hasta se paró en el lado mexicano de la línea fronteriza de Ciudad Juárez, debajo de un gigantesco espectacular que decía “No More Weapons”, para pronunciar una emotiva denuncia contra el flujo letal.

La enjundia retórica del ex presidente no se respaldó con hechos; fue tan inocua como una de esas Colt.45 que vendían (quizá todavía vendan) los artesanos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. El momento cumbre de esa política hecha con plastilina fue cuando dio marcha atrás –sin explicar las causas– en una demanda jurídica que dos bufetes jurídicos (uno de Texas y otro de Florida) preparaban contra los responsables del trasiego de armas.

Las acciones de los gobiernos jamás han estado a la altura del problema. Eso podría cambiar en Estados Unidos. El 9 de abril, 82 congresistas escribieron a Obama pidiéndole que use su poder para prohibir la “importación de armas de fuego tipo militar” con el propósito de “mejorar la seguridad pública en los Estados Unidos y reducir la violencia relacionada con las drogas en México”. Tras esta iniciativa está el trabajo de organizaciones defensoras de derechos humanos como la Washington Office on Latin America.

La Asociación Nacional del Rifle reparte unos 20 millones de dólares en cada elección federal para apoyar a quienes aspiran a engrosar la “riflebancada” legislativa. El 15 de abril el ex alcalde de Nueva York, el multimillonario Michael Bloomberg, anunció que para las elecciones del próximo noviembre pondrá 50 millones de su dinero para apoyar a candidatos a legisladores dispuestos a poner diques al desordenado trasiego de armas.

Sorprende el poco interés que han despertado en México estos hechos y el tema de las armas. El gobierno de Peña Nieto ha bajado los decibeles al beligerante discurso que traía Calderón y también se redujo la atención (algo evidente en el uso del eTrace, mecanismo por el cual las autoridades mexicanas solicitan información a los Estados Unidos sobre armas confiscadas). La pasividad es absurda, porque quienes saben de guerras señalan la importancia de cortar las fuentes de abastecimiento bélico del enemigo.

Calderón acertó al poner el problema de la oferta de armas como una prioridad; es una lástima que se pandeara a la hora de la verdad. El ejecutivo y legislativo mexicanos deberían llenar de contenido el planteamiento calderonista empezando por reconocer su importancia y aprovechándose de lo que se está haciendo en los Estados Unidos. Los académicos ya están demostrando el nexo entre armas y violencia. Corresponde al Estado mexicano reducir la carnicería causada por el caudal de armas. La indiferencia es inadmisible y suicida.

Los artículos mencionados son: Arindrajit Dube, Oeindrila Dube y Omar García Ponce, “Cross-Border Spillover: U.S. Gun Laws and Violence in Mexico”, American Political Science Review, vol. 107, núm. 3, agosto de 2013 y David Pérez Esparza y Eugenio Weigend Vargas, “Más armas, más delitos, más homicidios”, Nexos,septiembre de 2013.

 

 

 

Tenemos que ser aquellos que estábamos esperando.

No es por las radios comunitarias, ni por la red, es porque tenemos que ser aquellos que estábamos esperando.

Cuando la tiranía es ley, la r-evolución es orden.” (Calle 13)


El 25 de marzo agentes del Instituto Federal de la Telecomunicaciones (IFETEL) confiscaron parte del equipo de la radio ciudadana de Política y Rock & Roll que se escuchaba en el 97.7 FM en Hermosillo Sonora. La radio transmitía con una frecuencia de 100 megahertz capas de llegar a las radios de los carros y a unas cuantas colonias del primer cuadro de la ciudad; aparentemente no era un rival contra los medios masivos instalados en la capital de la entidad. Sin embargo, la radio de Política y Rock & Roll con apenas un año y medio al aire, se había convertido en una referencia ciudadana para quienes buscan una voz disidente y critica a la de la hegemonía de los medios chayoteros que pululan por todos lados. Así pues, crearon una comunidad de radioescuchas que hacían programas de radio, compartían información, intereses, luchas y hacían de esos 100 megahertz su plaza pública, su espacio de conspiración y disidencia, ejerciendo su libertad de expresión.

Periodismo y sistema penal, diez años después

WASHINGTON, DC.― Cuando fundamos el Proyecto de Violencia y Medios, hace una década, nos fue imposible sentar a la mesa a seis periodistas de la Ciudad de México para reflexionar con académicos y activistas sobre el papel social de los medios informativos en el abordaje del conflicto social, la violencia y el delito.

Recuerdo sus reacciones a nuestra invitación a la «Primera Mesa sobre Seguridad Pública y Medios de Comunicación» [marzo 2004]: entre la elusión, el desdén, el rechazo y la hostilidad ―movida quizá por un «A mí no van a venir a enseñarme periodismo»―, ninguno aceptó.

Con fortuna asistieron dos figuras clave de nuestro gremio: Tina Rosenberg, editorialista del New York Times, y Roberto Rock, director de El Universal, y de ese ejercicio espléndido resultó el nutricio volumen Violencia y medios. Seguridad pública, noticias y construcción del miedo [2004], que publicamos en coedición con el CIDE.

Cuando Ana Arana, la directora de la Fundación MEPI, me llamó para invitarme al simposio-taller para periodistas mexicanos y centroamericanos «The Challenge of Justice in the Americas» [Washington, DC, abril 17-18, 2014] se me vino aquel recuerdo a la mente, a la vez que me produjo gran emoción.

Organizado en la American University de esta capital por el John Jay College of Criminal Justice ―The City University of New York―, a través de su Center on Media, Crime and Justice, y la Tinker Foundation, el simposio-taller resultó sorprendente.

Imaginemos a casi una veintena de periodistas de cuatro generaciones, entre directivos, editores y reporteros de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, conversando y aprendiendo de fiscales, defensores, jueces, oficiales del sistema penal, policías, periodistas, activistas y académicos.

La variedad temática es elocuente: el sistema penal estadounidense y sus enormes desafíos; el abuso de la «prisión preventiva» y otros aspectos procesales; la defensoría pública, los servicios de libertad condicional y los previos al juicio; la justicia para adolescentes; el papel comunitario de la policía y su relación con los periodistas, y la cobertura noticiosa local del delito ―enriquecido todo con la asistencia a la Corte Superior de Washington, DC, también para presenciar audiencias.

En 2004 faltaban cuatro años para que México entrara de forma plena a la ruta de la modernización democrática del sistema penal. Tampoco podía preverse lo que sobrevendría tres años más tarde, a principios del gobierno de Felipe Calderón, relacionado con la exacerbación inédita de la violencia contra los periodistas.

De entonces a esta época, primero en el Proyecto de Violencia y Medios y hoy desde el Programa de Medios y Acceso a la Información ―del Instituto de Justicia Procesal Penal― vemos que el trabajo desde los cimientos realizado por la sociedad civil y reductos del periodismo judicial tomó forma lentamente y ya es mucho más que una aspiración, como deja entrever la gran expectativa y concurrencia al simposio-taller.

Claro, la tarea sigue siendo difícil: Stephen Handelman, director del Center on Media, Crime and Justice, me confesó que organizar «The Challenge of Justice in the Americas» les tomó dos años.

www.marcolaraklahr.com

Amor y restos humanos

A Javier Sicilia y l@s integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el tercer aniversario de su lucha

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) ha introducido palabras que tradicionalmente están ausentes del discurso político y los debates orientados a partir de la lucha por el poder, para producir un discurso que muestra abiertamente las subjetividades que lo animan: dolor, compasión, consuelo, amor han hecho aparición en  la vida pública gracias al MPJD. Y junto con estas palabras han tomado consistencia real diversas formas de enfrentar junto con otros el dolor por la muerte o la desaparición de vidas humanas que para decenas de miles son seres queridos que se han ido, dejando truncados sueños, historias, deseos, amores.

El único poder que sostiene a este movimiento social, como a diversos colectivos de familiares de víctimas de la guerra contra el crimen organizado, es el amor. El duelo por alguien que ha muerto o el dolor por alguien que ha desaparecido tienen su fundamento en el amor de una madre, un padre, una esposa, un hermano, una amiga, que han perdido a un ser querido en esta guerra. Esto es lo que hace del MPJD un movimiento social sui generis, que articula una acción colectiva por fuera de los intereses de la clase política y los partidos, que no busca tomar el poder aunque propone una refundación del Estado mexicano, al que Javier Sicilia ha caracterizado como un Estado delincuencial.

En nuestro país la devastación provocada por la violencia del crimen organizado y del Estado ha provocado que el mundo de los vivos esté habitado por los muertos. Como sucede en Pedro Páramo -ese lúgubre relato de los habitantes de Comala escrito por Juan Rulfo-, sin que lo adviertan ni unos ni otros, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos coexisten y se confunden. Los muertos que no han sido enterrados, que no han podido ser despedidos honrosamente por sus familiares y seres queridos, los muertos a los que no se les ha hecho justicia, siguen presentes entre los vivos, no los dejan tranquilos ni les permiten olvidarlos. Sus deudos no pueden concluir un duelo mientras esa vida que se perdió no tenga, para la comunidad en que esa vida transcurrió, el lugar de una vida merecedora de ser llorada, solo así quien está de duelo puede subjetivar la pérdida de quien murió junto con la pérdida suplementaria de eso que al morir se llevó y que es irrecuperable; mientras que quienes se mantienen indiferentes a estas muertes, pensando que no son su asunto, que no tienen por qué importarles, en realidad no pueden estar tranquilos, la posibilidad de su propia muerte o la de los suyos se les aparece a cada momento de múltiples formas, viven en el temor si no constante al menos intermitente, con desconfianza hacia su entorno. Por eso la importancia fundamental de la demanda del MPJD de nombrar y reconocer a los muertos y los desaparecidos, hacerles justicia, honrar su nombre y darles humana sepultura a quienes no la han tenido.

Esta situación recuerda a la de Antígona en la hermosa tragedia -estas dos palabras pueden, a pesar de las apariencias, ir juntas en ciertas circunstancias- de Sófocles. Antígona está dispuesta a perder la vida con tal de darle humana sepultura a su hermano Polinice, a quien su tío Creonte ha prohibido sepultar por ser considerado un traidor a la ciudad. Creonte, ahora rey de Tebas, ha condenado así al cuerpo sin vida de Polinice a quedar reducido a carroña, sentencia que Antígona no está dispuesta a aceptar. Sin juzgar los errores que su hermano pudo haber cometido -de hecho murió al mismo tiempo que su también hermano Eteocles, quien recibió todas las honras fúnebres, al disputarle el trono a éste enfrentándolo con un ejército extranjero-, Antígona avanza decidida y sepulta el cuerpo de Polinice, para después enfrentar la muerte como consecuencia de su acto. Antígona lleva a cabo la sepultura de su hermano, con lo cual marca una diferencia irreductible entre los restos de éste y la carroña, convirtiendo así la vida de Polinice en una vida humana digna de haber sido vivida, merecedora de duelo. Lo que guía a Antígona, además del amor por un hermano a quien no juzga, es un deseo que va más allá de los límites impuestos por la calamidad de la vida, un deseo que no se deja limitar por los dictados del poder y que incluso transgrede las leyes del Estado, para conseguir que la vida perdida de su hermano no quede sumida en la nada y precisamente pueda quedar concluida como una vida humana.

La experiencia de Nepomuceno Moreno no está muy lejos de la tragedia de Antígona. Don Nepo –como cariñosamente lo llamaban los integrantes del MPJD- dio testimonio reiterado de su negativa a abandonar la búsqueda de Jorge Mario, su hijo desaparecido, aun cuando contaba con abundantes indicios de que había sido asesinado por un grupo de policías que lo secuestraron el 1° de julio del 2010 entre Obregón y Guaymas, Sonora. Después de buscar incansablemente a su hijo, Don Nepo fue asesinado en noviembre de 2011, seguramente por los mismos secuestradores de Jorge Mario, sin haberlo encontrado, ni vivo ni muerto. Tal como lo anticipaban sus palabras, Don Nepo "murió en la raya", sosteniendo el deseo de encontrar a su hijo, así fueran sus restos, para poder despedirse de él y honrar su nombre y su memoria.

La enseñanza de Antígona, como la de Don Nepo y de cada integrante del MPJD, muestra que los restos humanos de alguien que ha perdido la vida no son solo restos, en el sentido de los despojos que quedan cuando una vida ha llegado a su fin, pues esos restos no pueden ser desaparecidos sin dejar huellas, ya que en ellos están inscritos también los trazos que ha dejado el amor que hizo posible que esa vida se mantuviera como tal, hasta el momento en el que encontró su trágico fin. No hay restos humanos sin amor.

La capitulación

 A la memoria de Don Salvador Nava.

 

Las leyes secundarias de telecomunicaciones propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto son un retroceso grosero de algunos logros democráticos.

Van tres ejemplos: 1) vuelven a ponerle cadenas al usuario de telefonía celular porque liberan a las telefónicas de la obligación de desbloquear gratuitamente los celulares después de pagado el equipo; 2) se menosprecia y castiga de diversas maneras a medios públicos, comunitarios e indígenas, y 3) se le regresa a la Secretaría de Gobernación la regulación de los “contenidos” de las transmisiones. Reviso en más detalle este último aspecto.

Con la regulación de los contenidos el Estado salvaguarda los “derechos de las audiencias” que incluyen en primer lugar, el compromiso que adquieren los concesionarios de proporcionar en sus barras informativas información veraz, objetiva y oportuna; segundo, limitan la cantidad de publicidad que puede ser incluida durante cada hora; y tercero,  protege a la infancia de programación considerada nociva.

Lo que tenemos ahora es tóxico para una democracia de calidad: 1) por conveniencia o miedo un buen número de medios dan trato de privilegio en sus noticieros a la versión oficial; 2) las pantallas son claraboyas de las cuales salen torrentes de anuncios que nadie mide; y 3) un buen número de programas se arman sobre revolcando la dignidad de los participantes.

La Secretaría de Gobernación siempre ha tenido la capacidad legal para vigilar y sancionar a los medios electrónicos. En lugar de monitorearlos en el Palacio de Cobián se han escrito páginas gloriosas de ineficacia y vasallaje ante aquellos medios cómplices. Por ello es que fue tan bien recibida la reforma constitucional que otorgaba la regulación de contenidos al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel); organismo que nos ha dado la grata sorpresa de acreditar su autonomía en diferentes momentos y, sobre todo, al declarar como empresas predominantes a Televisa y a Telmex. Otorgarle vigilancia de los contenidos es técnicamente viable porque el Ifetel puede llegar a un acuerdo con el Instituto Nacional de Elecciones (INE antes IFE), la dependencia que tiene equipos y experiencia en el monitoreo de contenido de los medios.

La iniciativa de Peña Nieto es un retroceso porque regresa la regulación de lo que se ve a la Secretaría de Gobernación. Es un intento de reconstruir un presidencialismo y unas complicidades caducas que tienen un agravante: Gobernación ha ido acumulando tantas tareas que ya muestra los síntomas de la fatiga causada por la obesidad. Si Gobernación no ha logrado hacer que funcione el minúsculo “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, ¿quieren que les creamos que querrán y podrán defender a las audiencias frente a las televisoras? ¡Por favor!

Peña Nieto desea inscribir su nombre en la historia como el presidente capaz de reformar al país y algunos de sus fans lo adulan llamándolo “presidente estadista” (es el caso del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila). Para ganarse el calificativo tendrá que satisfacer la sed de cambios anhelados por la mayor parte de la sociedad mexicana.

Con estas propuestas de leyes, Peña Nieto replica la añeja historia de los gobernantes que boicotean su propio proyecto. Vicente Fox quedó aplastado por su vanidosa frivolidad y la desbocada ambición de su señora esposa; Felipe Calderón se ahogó en su mediocridad como comandante en jefe y en las penumbras de un espíritu vengativo y atormentado.

Enrique Peña Nieto está dejándose llevar por el lado oscuro del estilo político

mexiquense. Quiere cambios y un Estado eficaz, pero su cultura y el pago de deudas políticas le impide dar una calidad homogénea a su equipo, combatir en serio a la corrupción que destruye la ética pública y enfrentarse a los poderes fácticos para beneficiar a la sociedad. Esas propuestas de leyes son una capitulación incondicional. En la regulación de contenidos no se comporta como estadista sino como consejero delegado de las televisoras.

Por lo anterior –y aunque se enoje el senador Javier Lozano–me he sumado al Frente por la Comunicación Democrática. 

 

La miscelánea

El gobierno mexiquense alimenta las tensiones sociales. En Coyotepec los defensores del agua siguen siendo hostigados. En Nicolás Romero la agrupación Antorcha Campesina, ¡escoltada por la policía estatal!, se lanza contra integrantes de Alianza Única del Valle. ¿Qué le pasa al PRI de Peña Nieto?

 

 

 

Justicia transicional para el desmantelamiento del régimen de prohibición de drogas

La instrumentación del régimen global de prohibición ha tenido una historia centenaria de violaciones a los derechos humanos y de extorsión a la soberanía de México desde principios del siglo XX. Sin embargo, fue luego del aumento masivo de asesinatos y violaciones a los derechos humanos producidos por la Guerra contra las drogas en México, diversos grupos ciudadanos han pugnado separadamente por 1) la reforma de las políticas contra las drogas mediante su despenalización y la instrumentación de políticas de reducción de daño, y 2) garantizar el acceso a la justicia y la reconciliación de las comunidades y personas que han sido víctimas de la violencia mediante redes sociales, actos públicos y litigios estratégicos como el reclamo de juicio al ex presidente de México Felipe Calderón ante la Corte  Internacional de Justicia. Estas estrategias han probado tener alcances muy limitados, debido a que no hay una articulación política entre ambas propuestas y porque la reforma de políticas contra las drogas son mejor recibidas e instrumentadas cuando provienen de países consumidores. Los magros resultado se pueden explicar también por la ineficiencia y corrupción del sistema de justicia nacional al procesar casos de violación a los derechos humanos en que participaron agentes del Estado y la incapacidad de los defensores de los derechos humanos por incorporar la defensa de la dignidad humana de quienes no fueron violentados, más que indirectamente, por el Estado. Por eso, como principal recomendación que se desprende de mis investigaciones sobre historia de la drogas y el narcotráfico propongo que  se creen instrumentos analíticos y de movilización social similares a los propuestos por la literatura sobre justicia transicional durante el siglo XX. Estos instrumentos deberán incluir 1) comisiones de la verdad que evalúen los daños  de las guerras contra las drogas desde el establecimiento del régimen global de prohibición de drogas a principios del siglo XX hasta nuestros días y que propongan mecanismo de reparación de los daños, y 2) la creación de contenido educativo para el uso responsable de drogas que acompañen las políticas de reducción de daños y el avance del desmantelamiento del régimen global de prohibición de ciertas drogas.

 

NUESTRA APARENTE RENDICION | 2010

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