Quienes vivimos en Sonora hemos desarrollado una tolerancia a las altas temperaturas que muchas veces nos llena de orgullo porque somos consientes de cómo no cualquiera puede aclimatarse si antes no pasa por un proceso de adaptación paulatino. Por esto siempre les decimos a nuestros amigos foráneos que nos visiten en otoño o en invierno, que por ningún motivo se les ocurra venir en verano. Sin embargo esta advertencia que lanzamos a quienes pueden venir en avión con planes de turismo o de negocios, no se la podemos hacer al migrante que pasa casi invisible por nuestras ciudades. Es más, aunque pudiéramos hacerlo, sabemos que a ellos la incomodidad del calor no les importa, en su mente esta algo más.
De acuerdo al Dr. Rolando Díaz del Colegio Sonora en la frontera entre Sonora y Arizona se han registrado del 2001 al 2013 2184 muertes de migrantes que intentaron superar el desierto en búsqueda del sueño americano. La causa de estas muertes en tres cuartas partes son provocadas por la hipertermia, el golpe de calor o la deshidratación, todos males provocados por las altas temperaturas.
Desafortunadamente la necesidad de enfrentarse a este alto riesgo a la salud para el migrante es inevitable o es simple y sencillamente un mal menor frente otras opciones que les parecen más aterradoras que la inmensidad del desierto. De acuerdo a un estudio en el que trabajo el Dr. Díaz, en el 2014, la tercera parte de los migrantes que entrevistaron no consideraban a las altas temperaturas un problema para su salud y de alguna manera las minimizaron después de compararla con otros riesgos como pueden ser el crimen organizado o incluso los militares y policías federales.
El sol es un asesino silencioso implacable a quien los migrantes desafían todo los días porque la violencia , tanto del crimen organizado como de las autoridades, ya sean policías federales o militares, cada vez los orilla a buscar rutas migratorias más riesgosas. La tragedia humanitaria que es la migración por México es tan fuerte que también tiene de aliado al sol.
Los retenes del Programa Frontera Sur
El Programa Frontera Sur (PFS) fue propuesto por el ejecutivo federal a partir de una serie de compromisos que adquirió con los Estados Unidos por la dramática situación de la niñez migrante. Con este programa, por lo menos en discurso, se prometió un enfoque integral para fomentar el desarrollo, la seguridad y los DDHH en la frontera de México, Guatemala y Belice. Sin embargo, las única medida que se ha tomado es la de reforzar tanto el lado sur de frontera con los Estados Unidos como las rutas migratorias con redadas en hoteles y aumentando los retenes en busca de migrantes, detonando así la detención de migrantes entre julio del 2014 y junio del 2015.
De acuerdo con el informe “Un camino Incierto” realizado por la Oficina en Washington para Centro para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación y siete albergues y organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, entre las cuales están las casas migrantes que conforman la Red Sonora; el PFD ha detonado las detenciones arbitrarias de los migrantes, de 97 mil 245 migrantes detenidos de julio del 2013 a junio del 2014 se paso a 168 mil 280 de julio de 2014 a julio de 2015. El aumento de estas prácticas por parte de las autoridades mexicanas, no da muestras de un avance significativo en la sanción a los grupos criminales, policías, militares y agentes del INM que se aprovechan de los migrantes vulnerables.
Las detenciones que se realizan en el marco del PFS están acompañadas de agresiones físicas y psicológicas además que en ellos se despoja al migrante de sus pertenencias y dinero, en este sentido los operativos de “rescate” en realidad son usados para robar al migrante. Aunado a lo anterior esta también que la Ley de Migración y su reglamento no especifica el fin y el alcance de la participación de otras autoridades en la realización de operativos con el INM. Esto implica que en el momento de que el INM solicita apoyo tanto al ejercito, como policías estatales o federal, existe un vacío que le permite a las autoridades actuar sin límites y regulación de su fuerza, lo que da pie a que se cometan violaciones de DDHH. Por este motivo es que consideran en el informe de “Un camino incierto” las organizaciones e instituciones que lo redactan, recomiendan a la SEGOB elaborar una regulación clara para la realización de los operativos en conjunto entre el INMy otras autoridades.
Extrañas coincidencias
A través de la información que da INFOMEX se puede conocer cuánto es el gasto presupuestal del INM, así como el gasto que tiene anualmente. De acuerdo a lo que se estipula en la Ley el presupuesto que recibe el INM es únicamente para el pago de nomina, los otros gastos de se cubren a través de lo que la institución recauda a través de multas y cuotas.
Anualmente el gasto presupuestal de la dependencia ha venido creciendo gradualmente, sin embargo, es a partir del PFS que este gasto se dispara con mayor fuerza. Los años anteriores el presupuesto ejercido superaba al aprobado por un 55%, 58%; mientras que en el 2014 el presupuesto ejercido era 70% más que el aprobado ese mismo año. Es notorio que lo que las recaudaciones del INM han crecido a partir del PFS y no es descabellada la relación que se puede hacer entre el incremento de las detenciones y el del presupuesto ejercido.
Para las organizaciones preocupadas por los DDHH de los migrantes en tránsito es preocupante la relación entre las detenciones y el aumento de gasto presupuestal porque considera que estimula la intensificación de la labor de control, a pesar de los impactos negativos que tienen en los DDHH de los migrantes. De aquí la insistencia de que el PFS debe transparentarse en su ejercicio presupuestal con el propósito de identificar los recursos que destinan todas las dependencias a personas migrantes y lo que se hace con el dinero recaudado.
Violaciones a los DDHH
Se sabe con certeza que los migrantes en tránsito son victimas múltiples delitos y violaciones de los DDHH tales como el secuestro, la trata, desaparición forzada, violación sexual, el asalto y el robo violento.
Los datos oficiales más actuales de la CNDH son del 2011 y en estos se estima que al año 20 mil migrantes son secuestrados. A la fecha no se sabe si estos niveles han subido o bajado, pero de acuerdo a los datos de las casas migrantes se puede ver que existe un aumento de 2013 a 2014. Desafortunadamente las muestras que alcanzan a recoger las casas migrantes son muy pequeñas y no son suficientes para un estudio integral que nos pueda dar una fotografía más amplia de la situación que viven los migrantes actualmente.
En cuanto al tema de la desaparición forzada la CIDH publica un informe 2013 sobre los DDHHde los migrantes en México en el cual se señala que no existe un registro único sobre migrantes desaparecidos, y que las autoridades no mantienen cifras consistentes. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, experta en el tema subraya que no existe claridad con respecto a la cifra de personas desaparecidas y mucho menos si son migrantes. En este sentido estamos ante la incertidumbre que generan la falta de datos, pero también la preocupación del Estado mexicano por generarlos en una investigación que por obvias razones dejaría ver que el país pasa por una gran crisis humanitaria y que el PFS no está sirviendo para cambiar estas circunstancias.
La información que logra recaudar las casas migrantes muestra una multiplicación de perpetradores a partir de la implementación del PFS, tanto de particulares (delincuentes comunes o crimen organizado) como de funcionarios públicos y en Sonora. De acuerdo a los datos que ha sistematizado la Red Sonora, los principales ataques a los migrantes en tránsito son violaciones a su patrimonio, lo cual va acompañado de restricciones al libre tránsito, detenciones arbitrarias, amenazas y tratos crueles por parte de la policía federal, policía preventiva y transito municipales, pero también de policía estatales, seguridad pública y el INM. Así pues vemos que de enero del 2014 a junio del 2015 los perpetradores más señalados son autoridades. En primera instancias la Policía Federal es señalada como responsable en un 29.8% de los casos de violación de DDHH de migrantes en tránsito en la entidad, le siguen las Policías Municipales y de Transito con 22.8%, Policías Estatales de Seguridad con 7%, PGR con 7.4%, policía 7%, Protección Federal 7%, INM 4.6%, crimen organizado 4.2%, seguridad privada 1.9%, PEI 1.9%, Policía Turística 1.9%, Coyotes 0.9%, Marina 0.9%, Patrulla Fronteriza 0.9%, SEDENA 0.5% y algún actor indefinido 0.5%.
La crisis humanitaria que se describe en el informe “Un Camino Incierto” en la parte de Sonora nos indica que para los migrantes lo más peligroso en este territorio no es el crimen organizado, sino las autoridades. Esta situación ha hecho que la ruta migratoria, sacando la vuelta a las autoridades, se desvié a las zonas más inhóspitas, donde las condiciones climáticas son más extremas y los migrantes estén más expuestos a las altas temperaturas de ese asesino silencios que es el sol del desierto del que habla el Dr. Díaz del Colegio Sonora. Los pocos estudios que se tienen de esta crisis humanitaria que es la migración por Sonora únicamente refleja la insensibilidad y esa necia visión neoliberal de las autoridades tanto estatales como federales que creen que negando la realidad hacen de la región y el país un lugar más atractivo para la inversión y el saqueo, generando más pobreza, así como motivos para migrar en la población más vulnerable.
