Atraeríamos la suspicacia del público, que no estaría dispuesto a comprarnos la historia de que somos víctimas. Se nos tacharía de cómplices, y hasta de candidez, al pretender que, sabiendo que se cometería un asalto, no solo no lo denunciamos, sino que intentamos sacar provecho y enseguida apelar a supuestos derechos afectados.
Se antoja extravagante, pero tal es el escenario que plantea el comunicado «Violenta PGJDF libertad de expresión y derecho a la información», de la Fundación para la Libertad de Expresión, Fundalex —que preside Armando Prida—, para reivindicar derechos supuestamente quebrantados de Claudia Bolaños, de El Universal.
Según el comunicado [mayo 2, 2012], el 24 de abril la reportera acudió a un acto convocado por la Procuraduría General de Justicia del DF para «presentar» detenidos, pero cuando trató de interrogarlos, «padecí un intento de coartar mi derecho a la libertad de expresión por parte de la Procuraduría»; empleados de Comunicación Social «fueron a decirme […] que no podía interrogarlos, bajo el argumento de que el pasado 15 de abril entró en vigor un protocolo de presentados».
«Varios de los reporteros que cubren la información de la PGJDF, como la reportera Claudia Bolaños, manifestaron al Director General de Comunicación Social, Ricardo Celso Nájera, su molestia y desacuerdo por la medida», añade el comunicado.
Es comprensible que los colegas «de la fuente» estén frustrados. Aprendieron el periodismo por usos y costumbres. Son herederos de una sombría tradición cuyo origen se remonta a finales del siglo XIX y es la de los periodistas apéndices del sistema de justicia penal inquisitorio. Acuden en tropel a las «presentaciones» de detenidos para: a) reproducir la versión oficial, boletín incluido; b) hacer preguntas a personas que con seguridad fueron incomunicadas y torturadas, de modo que declararán lo que se les ordenó; c) producir noticias donde las criminalizan y denigran, usando clichés, adjetivos, reproches morales, apodos y expresiones denigrantes, discriminatorias y machistas, con lo cual afectan sus derechos a la justicia, la defensa, la presunción de inocencia, la propia imagen, la dignidad, la privacidad y la protección de datos personales; y d) servir así a una industria noticiosa que hace negocios con las tragedias de la comunidad.
Lo sorprendente es que, a través del comunicado, la Fundalex y su Comisión Jurídica, presidida por Humberto Hernández Haddad, secunden la pretensión de los periodistas policiales en cuanto a que la base logística de los «tribunales mediáticos» —las «presentaciones»— debe prevalecer, afirmando con temeridad que «se negó a la sociedad, a través de la reportera Claudia Bolaños, el derecho a ser informada».
Para Claudia Bolaños, la Fundalex y su Comisión Jurídica, nueve preguntas:
1. ¿Tienen claro que el ministerio público es parte en conflicto y, en consecuencia, su versión no equivale a la verdad judicial?
2. ¿Aceptarían que es el juez quien posee el monopolio de la verdad judicial y que una persona imputada es culpable hasta que recibe una sentencia condenatoria ejecutoriada?
3. ¿Saben que las «presentaciones» violan el debido proceso y los derechos de personalidad de los «presentados»?
4. ¿Saben que los funcionarios que propician, permiten y/o realizan las «presentaciones» violan los derechos humanos de los acusados y cometen el delito de abuso de autoridad?
5. ¿Leyeron la Recomendación 3/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del DF, donde se documenta que las «presentaciones» son una medida de presión contra los detenidos, habitualmente precedida de prácticas vejatorias, de incomunicación y tortura?
6. ¿Denunciaron el Acuerdo A/003/2012, emitido por el procurador Jesús Rodríguez Almeida [abril 16, 2012], al ser el instrumento que legitima los «tribunales mediáticos»?
7. ¿Coinciden en que las «presentaciones» son un fraude contra la sociedad, en tanto que la autoridad de procuración de justicia da por culpables a quienes aún no lo son ante la ley?
8. ¿Comprenden que, con base en el principio de proporcionalidad de derechos, las libertades de expresión e información son derechos relativos, cuyos límites están precisamente en el debido proceso y los derechos de personalidad de los demás?
9. ¿Son conscientes del papel de voceros de instituciones policiales y judiciales ineficientes, corruptas y abusivas al que se nos confina a los periodistas?
Si su respuesta es «Sí», no entiendo su queja. Si es «No», les sugiero fraternalmente documentarse en derechos humanos, garantías procesales y ética profesional.
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