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Avivemos la revolución cultural de la justicia penal y el periodismo

Marco Lara Klahr / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Es hecho conocido que uno de los peores obstáculos de revoluciones no-violentas como el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, a mediados del siglo XX, eran núcleos de la población entre los mismos colectivos afroamericanos oprimidos, que acusaban a los activistas de «malagradecidos» con los blancos, violentos y criminales.

 

En la entrega anterior, «Los no-dilemas de Claudia Bolaños», problematicé los «juicios mediáticos» y prácticas periodísticas que les son inherentes, validadas por las instituciones de la política criminal y la industria de las noticias, tomando como punto de partida el boletín de la Fundación para la Libertad de Expresión, Fundalex, relativo a la queja de Claudia Bolaños, reportera de El Universal, porque funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, amparados en el  Acuerdo A/003/2012, le impidieron hacer preguntas a personas «presentadas» como criminales.

 

Esto detonó un interesante debate en la Web y las redes sociales con la intervención de colegas, incluida Claudia Bolaños, y otras personas, lo cual me dio enorme gusto, aparte de producirme respeto hacia quienes se sumaron sin descalificaciones ni denigraciones. Me entusiasmó la propuesta de Adolfo Gómez Vives y Claudia Bolaños de ampliar el debate a un foro específico, con otros actores sociales.

 

Sugiero que acudamos a Artículo XIX, la Fundación Friedrich Ebert, AMEDI, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Periodistas de a pie, Nuestra Aparente Rendición, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; doña María Luisa Cancino y otras víctimas de la prensa; al Instituto de Justicia Procesal Penal, asociaciones y colegios estatales de periodistas, Fundación Prensa y Democracia, Fundación MEPI, Casa de los Derechos de Periodistas, Fundalex, Gatopardo y otros aliados, para convocar a un foro en varias ciudades, con espacios de reflexión y debate sobre los «tribunales mediáticos», así como talleres para el ejercicio de un periodismo digno, armónico con el debido proceso y los derechos de personalidad.

 

La semana anterior terminamos en Oaxaca una gira auspiciada por USAID y el Instituto de Justicia Procesal Penal, con un rico programa de talleres y entrevistas periodísticos sobre el sistema de justicia penal acusatorio. Durante los últimos siete meses constatamos lo mejor y lo peor de la práctica periodística. Reafirmamos que hay colegas cultos, valientes y con vocación democrática. Otros deseosos de cambiar. Muchos indolentes y hasta reactivos. Los reacios a aceptar su papel en el linchamiento mediático-moral de personas imputadas de delito y hasta de víctimas. Y los instrumentalizados por el sistema penal, quienes desempeñan puestos públicos, reciben dinero público, utilizan autos requisados y trafican con influencias, convencidos de que toda persona «presentada» por una autoridad policial, de procuración de justicia o militar es culpable.

 

Sucede que la implementación del sistema de justicia penal acusatorio que tiene lugar desde 2008, a pesar de las graves resistencias institucionales está gestando una revolución cultural entre funcionarios, académicos, periodistas y activistas, y un foro así la visibilizaría. Claudia, Adolfo, María Luisa, Rogelio Hernández, ojalá les interese.

 

En cuanto al debate derivado de «Los no-dilemas de Claudia Bolaños» preciso:

 

1. Quien ejerce el periodismo está expuesto a la fiscalización del público. Al ejercerse las libertades de expresión e información mediante el periodismo no puede al mismo tiempo pretenderse que los demás no tienen esos mismos derechos. El viejo truco de «tal nos critica porque nunca ha cubierto la fuente policial» no vale. Cualquier ciudadano, yo incluido, puede con pleno derecho problematizar la aportación nuestra como periodistas en los «juicios mediáticos», tanto como cualquiera puede criticar a un presidente de la República sin que le reste legitimidad el no haber sido presidente o vivido en Los Pinos.

 

2. Cuestionar prácticas periodísticas nocivas para la cultura de la legalidad y los derechos no es causa de violencia contra los periodistas; en cambio, políticas comunicaciones y editoriales que inducen «juicios paralelos» nos ponen en riesgo. Si criminalizamos hasta la defensa democrática de las ideas, ¿qué puede esperar de nosotros la comunidad?

 

3. Nuestras condiciones laborales como periodistas se han precarizado y las empresas noticiosas rentabilizan las tragedias humanas usándonos para ello, lo mismo que las instituciones policiales y judiciales para rentabilizar políticamente el delito. No nos ensañemos contra voces críticas hacia nuestro trabajo, rebelémonos mejor contra el ejercicio del «sicariato mediático» al que se nos ha confinado a muchos.

 

4. No tengo «baterías» dirigidas a nadie, no es una guerra; protagonizamos el inicio de lo que podría derivar en una emocionante revolución cultural que para florecer nos exige sentir, amar, pensar, desear, discutir y actuar en el periodismo, aliados a la comunidad.

 

5. Me surgieron biógrafos otra vez. No tengo por qué reproducir ni responder sus alusiones a mi vida privada, calumnias, bravatas y amenazas. Pero hay una que me hace caer en la tentación: la de quien escribió que no le gusta mi voz, y es que debo reconocer que a mi «Verocrática» jefa en La Voladora Radio, a «Bolo», el perro de mi hijo Emilio, y a mí ¡tampoco nos gusta mi voz!

 

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